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EnglishComo “un golpe de Estado contra el voto ciudadano” calificó Gustavo Petro la decisión del Presidente Juan Manuel Santos de destituirlo como alcalde de Bogotá. En la tarde de ayer, Santos firmó el decreto que ratificaba la decisión del Procurador General, Alejandro Orgoñez, y designaba al ministro de Trabajo, Rafael Pardo, como el nuevo alcalde encargado de la capital.
Santos procedió con la destitución, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había concedido medidas cautelares a favor de Petro el pasado miércoles. Según el organismo internacional, el fallo del Ministerio Público va en contra de la convención interamericana firmada por Colombia, que prohíbe que un funcionario elegido popularmente sea destituido por decisiones administrativas y no por orden judicial. Por lo tanto, según el organismo, con la aplicación de esta sanción disciplinaria, el Estado colombiano estaría violando los derechos políticos del exalcalde de Bogotá.
Santos justificó su decisión de no acogerse a las medidas cautelares de la CIDH: “El papel de dicho sistema es complementario y alternativo, por lo cual solo debe operar en el evento de que no funcione o se dé una falla en el sistema interno (…) la justicia colombiana no solamente ha actuado, sino que lo ha hecho de manera transparente, eficaz y oportuna”.
La canciller María Ángela Holguín rechazó la injerencia de un órgano internacional como la CIDH, que es “subsidiario y es complementario al procedimiento jurídico interno que es venga a tomar decisiones o a solicitar que tomemos decisiones cuando la justicia colombiana está funcionando y ha funcionado”.
Holguín destacó que no se puede hablar de un desacato a una instancia internacional reconocida por el Estado, porque el Gobierno colombiano no está obligado a cumplir los fallos de la CIDH: “Las medidas cautelares no son un mandato a los Estados; por esta razón no son obligatorias y por esta misma razón es que la Comisión ‘solicita’ al país y no dice que ‘le obliga’ o ‘le requiere’”.
La decisión de destituir a Petro fue motivada por las irregularidades en la instalación de un nuevo modelo de aseo en Bogotá, que colocaba en manos del Estado la limpieza de toda la ciudad, y dejaba por fuera a empresas privadas, llamadas por Petro “mafias” privadas del servicio. Estas fallas en el esquema fueron catalogadas por el Procurador Delegado Juan Carlos Novoa Buendía, encargado de llevar adelante la investigación, como un riesgo para el medio ambiente y la salud de los bogotanos.
Tras conocer la decisión de Santos, el destituido alcalde afirmó: “El Presidente de la República mintió. Creo que las cosas están al desnudo y mejor que sea así”. Asimismo, se declaró en campaña por una asamblea nacional constituyente. Petro llamó a sus seguidores a la “resistencia” porque “las garantías civiles en Colombia no existen”. Según él: “el voto en Colombia no sirve”.
En un discurso desde la plaza de Bolívar, Petro anunció que arrancaría una gira por el país para convocar movilizaciones de ciudadanos y a protestar en los barrios populares de la ciudad para exigir un cambio en la constitución: “Yo no nací en una generación que se haya acostumbrado a arrodillarse ante la oligarquía (…) Yo los invito a ustedes a iniciar esta jornada por la transformación de Colombia”.
Los funcionarios del gabinete distrital presentaron su renuncia irrevocable por respeto a Petro, y anunciaron que lo respaldarán en la lucha por la restitución de sus derechos políticos.
Según lo establecido por la Ley 1475 de 2011, el Gobierno nacional tiene 55 días para convocar a los bogotanos a nuevas elecciones municipales. Con este plazo, los comicios para elegir al nuevo alcalde de Bogotá estarían cerca de la fecha de la primera vuelta presidencial, pautada para el próximo 25 de mayo.
