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EnglishEl periódico El Heraldo de Honduras publicó los resultados de una investigación interna realizada a la Policía Nacional de ese país. En el reporte, se revela una extensa lista de delitos cometidos por los agentes de seguridad durante varios años. En un país con más de 75 homicidios por cada 100 mil habitantes, el creciente número de policías involucrados con grupos criminales complica aún más el problema de la inseguridad.
En un listado de 202 investigados, 196 son policías, cinco son abogados y una es secretaria. Según los reportes, los abogados estarían saboteando las investigaciones protegiendo a los agentes delincuentes y evitando la depuración interna del organismo policial.
De acuerdo al documento oficial, en Honduras los policías se han convertido en aliados del narcotráfico y crimen organizado. En lugar de proteger a los ciudadanos, estos agentes se han esforzado por ayudar a los delincuentes, filtrando información confidencial, vendiendo expedientes, uniformando a criminales, suministrando armas, celulares y drogas a los presos, así como ayudándolos a fugarse de la cárcel.
Más allá de esta situación, algunos oficiales han llegado incluso a convertirse en sus principales rivales criminales, dirigiendo bandas delictivas desde el propio cuerpo de policía. Se han reportado decenas de casos en los que los propios agentes roban a los narcotraficantes la droga y el dinero confiscado, sin reportar todo lo incautado. Los delitos enumerados también incluyen lavado de dinero, sobornos, extorsiones y asaltos a bancos. Igualmente en el informe se reporta sicariatos, secuestros y asesinatos en manos de los policías, quienes también llevan redes de proxenetismo.
A pesar de los esfuerzos realizados desde el Estado por reforzar la seguridad de la policía, el documento reporta una extensa lista de casos en los que se han robado las armas, las municiones, los chalecos, las computadoras y hasta los mismos vehículos.
Policías «buenos» y «malos»
Algunos opinan que no todos son ovejas negras en el órgano policial. El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, enfatizó la importancia de depurar a los «malos» policías de los «buenos».
«Hay que rescatar la Policía de los malos policías, de los malos mandos policiales porque les hemos dado la licencia completa, ellos como que fueran los dueños del país, matan y dejan en libertad a los supuestos culpables, extorsionan y trafican con armas», expresó el comisionado. Custodio manifestó que «el pueblo hondureño debe recuperar el control civil de este cuerpo que prácticamente se ha deformado y que, más bien, es un atentado y no fuente de seguridad pública».
El grave estado de la policía en Honduras no es sorpresa para nadie, sobre todo para el gobierno. La mayor parte de esta información está en manos de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la Secretaría de Seguridad, el Tribunal Superior de Cuentas y en la propia Fiscalía. Sin embargo, un oficial que confirmó la veracidad de la información al periódico El Heraldo expresó que ningún ministro ha querido tomar una decisión contundente al respecto.
En las últimas semanas la Secretaría de Seguridad, dirigida por Arturo Corrales, ha iniciado la operación para retirar decenas de oficiales de la policía. No obstante, el retiro ha sido voluntario y la baja que se ha dado a estos oficiales es honrosa, a pesar de que varios de ellos figuran en la lista negra. Incluso, se ha reportado que muchos de ellos han reingresado al órgano policial, a pesar de sus pasados dudosos.
El diputado Tomás Zambrano, ex miembro de la comisión de seguridad en el Congreso, admitió desconocer el número de expedientes que la DIECP ha enviado al ministro de seguridad, ni el estado de las investigaciones. En este sentido, Zambrano declaró: “Si la depuración se estanca en el escritorio del ministro de seguridad, este Congreso tiene la potestad legal de solicitar rendición de cuentas».
¿Como «limpiar» la policía?
Uno de las principales barreras para resolver el problema de corrupción policial recae en que el Ministerio Público, el organismo que procesa los casos. El mismo depende del departamento de investigaciones judiciales, cuyos agentes son oficiales de la policía. Esto significa que se le está pidiendo a la misma policía que investigue a sus compañeros.
En diciembre del 2013, el presidente saliente de Honduras, Porfirio Lobo, en consulta con el nuevo Presidente Juan Orlando Hernández, destituyó al director de la Policía Nacional, el general Juan Carlos Bonilla. Bonilla, quien poseía dicho cargo desde mayo 2013, fue destituido tras varias acusaciones de irregularidades bajo su supervisión, como violaciones de derechos humanos.
El recién electo presidente también impulsó la creación de una policía militar como solución al problema de la inseguridad en el país. Desde el Congreso, se aprobó este organismo de seguridad de rango constitucional. No obstante, el problema de la impunidad dentro del organismo sigue sin ser resuelto. Ante este problema sin salida, el diputado Augusto Cruz Ascencio expresó: «Lo que está pasando en la Policía es grave, más grave de lo que muchos creen y si no actuamos a tiempo para resolver esto con fuerza, este país lo va a lamentar».
