English“Si realmente quieres encarcelarme, ven tú, tú mismo ven en persona y encarcélame. Aquí estoy y jamás voy a correr a la corrupción. Pero ven solo como ando yo, porque no tengo ningún temor”.
Esas fueron las palabras del asambleísta Kléver Jiménez, durante una rueda de prensa la semana pasada, dirigidas al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, luego de conocida la sentencia que lo condena a 18 meses de prisión por el delito de injuria.
Jiménez, junto a su asesor Fernando Villavicencio y al activista Carlos Figueroa, acusaron a Correa de orquestar su propio secuestro y rescate durante la sublevación policial el pasado 30 de septiembre de 2012. Jiménez, Villavicencio y Figueroa realizaron la denuncia en la Fiscalía; sin embargo, tras nueve meses de investigación, los fiscales no encontraron ninguna evidencia que sustentara dichas acusaciones. Finalmente, la Fiscalía retiró los cargos y los calificó de “temerarios y maliciosos“.
Lejos de cerrarse el caso, una vez dictada la sentencia Correa demandó a los tres individuos por difamación e injuria, y ganó. La Corte Nacional de Justicia los condenó a prisión: 18 meses para Jiménez y Villavicencio y 6 para Figueroa. El parlamentario también deberá pagar una multa de US$ 120 mil, además de disculparse públicamente con el presidente, por radio y televisión.
Jiménez sostiene que su condena es parte de una persecución política y acusó al gobierno de querer silenciar a aquellos que defienden al Estado ecuatoriano y luchan contra la corrupción en el gobierno. Jiménez denunció: “si hoy meten preso a Kléver Jiménez, el día de mañana nadie se va a atrever a denunciar la corrupción de este Gobierno”.
Julio Clavijo, Asesor de Políticas Públicas en la Asamblea Nacional de Ecuador, considera que hay un asunto de fondo: “la institucionalidad de la asamblea, y el pasar por encima a los otros órganos y poderes del Estado”. De acuerdo al artículo 128 de la Constitución ecuatoriana, la inmunidad parlamentaria y derechos correspondientes de los asambleístas solo podrán ser removidos por el mismo órgano legislativo – es decir, la Asamblea Nacional. En este sentido, Clavijo cree que “pasar por encima la inmunidad, deja un precedente grave y debilita al poder legislativo de manera importante”.

Ecuador castiga a quien denuncia
Desafortunadamente, este conflicto no termina aquí para Jiménez. A principios de enero, Correa anunció que comenzaría una investigación judicial contra el parlamentario y su consejero, por interceptar documentos clasificados y “hackear” correos electrónicos. Estos correos habían sido intercambiados entre Correa, el Secretario Jurídico de la Presidencia Alexis Mera y el Vicepresidente Jorge Glass, y algunos tenían información sobre la demanda introducida por el gobierno de Ecuador contra Chevron el año pasado.
La empresa petrolera incluso trató de utilizar estos correos como evidencia en la corte estadounidense, pero éstos no fueron aceptados por haber sido obtenidos de manera ilícita.
A pesar de que Glass acusó a Chevron de haber sido el autor del hackeo, también apuntó a Jiménez y Villavicencio como sus cómplices. Según Glass, Jiménez grabó un video donde decía que si algo le sucedía a él, o a su familia, el culpable sería el Presidente Correa, y los correos electrónicos saldrían a la luz pública. Estos correos resultaron ser los mismos que Chevron tenía en su poder.
El parlamentario, quien estaría enfrentando una condena adicional de seis años, sostiene que él no fue el autor de este crimen y que solo recibía la información de personas cuya identidad no puede revelar. Jiménez expresó: “nosotros tenemos gente que se dedica a revisar y pedir información. Que se investigue a quienes se infiltran y entregan esa información, yo no he cometido ningún delito”.
En este sentido, Correa respondió “Si son funcionarios públicos, entonces que los denuncie, porque esa gente estaría cometiendo un delito y un legislador no puede ser cómplice de un delito”. Según el Procurador General Diego García, Jiménez enfrentaría cargos que incluyen divulgación y utilización fraudulenta de información confidencial.
No obstante, el abogado de Jiménez, Julio Sarango, sostiene que ha habido violaciones en el debido proceso. El parlamentario intentó apelar, pero la Corte ratificó la condena el pasado jueves. Al respecto, Julio Clavijo se pregunta: “¿Qué asambleístas de la oposición se atreverán en el futuro a fiscalizar acciones del Gobierno, cuando no tienen garantías del debido proceso?”.
Doble Moral
En agosto del 2012, el gobierno de Ecuador le concedió a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, asilo político en la embajada de Ecuador en Londres. Assange, quien había revelado información confidencial de Estados Unidos, fue defendido por Correa por no tener garantizado el debido proceso en su país.
Ante el reciente caso de Jiménez, los medios de comunicación y líderes de oposición señalaron esta contradicción, acusando a Correa de aplicar una doble moral. El año pasado, Ecuador fue calificado como un país “no libre” por Freedom House, quedando en el puesto 134 en el Ranking Global de Libertad de Prensa. El subdirector del polémico diario opositor El Universo, César Pérez, sugiere que Correa en realidad defiende internacionalmente a aquellos que silencia internamente.
Ante estas acusaciones, Correa respondió “los de la doble moral son ellos”. El Jefe de Estado aseguró al país que él nunca defendió el robo de información, y justificó el asilo otorgado a Assange, por la ausencia que se presentaba en las garantías para un debido proceso, a diferencia de Ecuador, en donde se han respetado todas las garantías para que Jiménez y Villavicencio tengan un “debido proceso“.