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EnglishUn video publicado por el diario Folha de Sao Paulo en Brasil causó conmoción por su crudo contenido: presos jugaban con los cadáveres de tres compañeros, de los cuales dos, habían sido decapitados. A pesar de que el incidente ocurrió el pasado 17 de diciembre, fue esta semana que el Sindicato de Trabajadores del Sistema Penitenciario hizo entrega del video al diario brasileño.
La masacre tuvo lugar en la cárcel de Pedrinhas, la más grande del estado de Maranhão, al norte de Brasil. Las víctimas, cuyos cadáveres se muestran en el video, fueron Diego Michael Mendes Coelho, 21, Manoel Laercio Santos Ribeiro, 46, e Irismar Pereira, 34.
Atención: el video puede herir su sensibilidad. Fuente: Folha de S.Paulo.
Desafortunadamente, la violencia no es un tema nuevo en este recinto. El periodista Paulo Eduardo Martins, de la emisora Redde Massa, comentó en exclusiva con PanAm Post, que este tipo de incidentes se deben «a las luchas de poder entre las pandillas, que operan en distintos sectores económicos, desde el tráfico de drogas hasta el transporte de pasajeros».
Apenas se conoció este video, la presidente de Brasil Dilma Rousseff aprobó el envío de agentes de la Guardia Nacional de Seguridad para aumentar la seguridad en el precinto. Adicionalmente, convocó una reunión de emergencia para discutir la crisis carcelaria del estado y específicamente del complejo penitenciario. Por su parte, el Ministerio de Justicia y la gobernación de Maranhão decidieron trasladar los líderes de la cárcel de Pedrinhas, autores del video, a otros penales de máxima seguridad.
Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes, inmediatamente solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana. En un comunicado, el consejo determinó que lo sucedido había sido llevado a cabo en un «contexto nacional de graves violaciones en el sistema penitenciario».
Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), condenaron el video y exigieron una investigación de los hechos. La delegación de AI en Brasil expresó preocupación por la ausencia de soluciones a los problemas del sistema penitenciario ante una escalada de violencia como esta.
Antecedentes
En un informe reciente, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) asegura que las autoridades maranienses no han sido capaces de controlar la violencia en el penal. Informa que el hacinamiento del recinto no ofrece las condiciones para garantizar «la integridad física de los presos y visitantes», pero más importante aún, reporta el poder casi absoluto de las bandas, con las cuales incluso hay que negociar para ingresar a algunos pabellones.
Según la Secretaría de Justicia y Administración Penitenciaria de Maranhão, aproximadamente 2.500 presos residen en Pedrinhas, cuando el complejo penitenciario cuenta apenas con una capacidad para 1.770 personas.
Tras este informe, el pasado 27 de diciembre, sesenta policías militarizados intervinieron «por tiempo indeterminado» las diversas cárceles del estado debido a la violencia registrada en los últimos meses y a la superpoblación carcelaria, en particular, del mencionado recinto de Pedrinhas.
La semana pasada, tras la operación policial, los líderes de las bandas carcelarias rechazaron esta medida, ordenando incendiar cuatro autobuses y disparar a una comisaría en Sao Luis — la capital estatal donde se ubica Pedrinhas — donde una niña de 6 años perdió la vida.
Una gran crisis penitenciaria
Retrasos en el proceso judicial y hacinamiento son algunos de los problemas más graves que afronta la la cuarta población carcelaria más grande del mundo. De acuerdo al Centro Internacional de Estudios de Prisiones (ICPS, en inglés), Brasil alberga 548.003 reclusos, en un sistema penitenciario con capacidad de 318.739 plazas.
Si bien el ministro de Justicia ha anunciado un programa de construcción de cárceles de 62.000 plazas para este año, sigue sin cubrir el déficit actual de 208.000 plazas.
El juez federal Walter Nunes da Silva Júnior, quien por dos años inspeccionó los presidios desde el Consejo Nacional de Justicia comentó que “lo que sucede en Maranhão, desgraciadamente, retrata una realidad de los cárceles de todos los estados brasileños. Los presos mandan en las prisiones. El Gobierno no tiene políticas públicas para el sistema penitenciario ni tiene la estructura para controlar a esos detenidos”.
Sin embargo, el problema va más allá de estas condiciones. La violencia reina en estos recintos, causando la muerte de 282 reclusos el año pasado. Los presos, e incluso sus familiares, son víctimas de esta falta de autoridad. En la mayoría de los 1.478 presidios del país, los agentes penitenciarios han perdido el control sobre las bandas criminales dentro de las cárceles, quienes incluso poseen celulares y armas.
Con respecto a esto, Martins se muestra escéptico respecto a la creencia de que la superpoblación causa la violencia. «Pensar que la violencia proviene de las malas condiciones de las cárceles es considerar que las facciones nacieron como una protesta. El origen de la violencia no es reivindicativo, y el conflicto de hoy es económico».
Martins cree que, en el surgimiento de los grupos criminales en las cárceles, fue fundamental la unión de los presos comunes con los presos políticos vinculados a organizaciones de izquierda a finales de los años ’70, en la prisión de Ilha Grande, en Río de Janeiro. Como resultado de esta unión, que tenía como fin generar agentes desestabilizadores, surgió en primer lugar la organización dedicada al narcotráfico Comando Vermelho en 1979.
«Por lo tanto, el origen de la violencia no es reivindicativo, es político, y el conflicto es económico. Tanto es así, que la actuación más fuerte de la mayor facción criminal de la actualidad, Primer Comando Capital (PCC), se produce en las cárceles de São Paulo, un estado que practica una agresiva política de inversión y estructuración del sector», concluye Martins.
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