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Los chilenos podrán decidir si se cambia o no la Constitución por medio de un plebiscito. Primero lo aprobó el Parlamento, luego el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó una reforma a la Constitución para habilitar la realización del plebiscito.
“Esta reforma abre las puertas y define el camino para lograr un gran acuerdo constitucional que nos dé ese marco institucional sólido, legítimo y compartido para poder enfrentar como país los formidables desafíos del presente y las magnificas oportunidades del futuro”, dijo Piñera tras firmar el documento en el Palacio de la Moneda, donde preside.
A excepción del Partido Comunista, el oficialismo y la oposición lograron un acuerdo histórico que dio inicio al proceso de cambio constitucional el 15 de noviembre, a raíz de las protestas masivas que exigen un “cambio de sistema”.
Buscan poner fin a la “Constitución de Pinochet”, aunque ya no existe
El clamor en las calles y los curules, buscan poner fin a la “Constitución de Pinochet”, la de 1980.
Pero la realidad es que desde 2005 la firma del General Pinochet ya no aparece, sino la del expresidente Lagos, vinculado a la izquierda política. Desde entonces han habido múltiples cambios.
Lo dijo el mismo Piñera: “El año 2005, durante el Gobierno del Presidente Lagos, logramos nuevamente -y con una misma sabiduría, grandeza, visión y generosidad- alcanzar un acuerdo constitucional que nos dio una institucionalidad compartida y respetada. En esos tiempos, el Presidente Lagos afirmaba “tenemos hoy, por fin, una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile y del alma permanente de Chile”.
Sin embargo, el propio Lagos dijo: “naturalmente ninguna Constitución política es inamovible y tampoco lo será ésta, puede y debe continuar siendo examinada de acuerdo a las necesidades del país en el futuro”.
La izquierda chilena busca poner fin al Estado de Derecho, a cambio de un Estado de derechos
Casi 15 años después, las calles de Chile proclaman necesitar “derechos sociales”, el fin del Estado de Derecho a cambio de un Estado de derechos, donde los servicios dejan de obtenerse a partir del intercambio y pasan a entregarse por decreto.
Es decir, el fin de la sociedad voluntaria para ser suplantada por una sociedad servil.
Dicho por el propio Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen socialista de Nicolás Maduro, lo exigido hoy por los chilenos es algo que «ya nos dio el presidente Hugo Chávez en Venezuela».
La desigualdad es el principal reclamo de los manifestantes, sin considerar lo que implica.
Venezuela, por ejemplo, es el país con más igualdad en la región. Pues la pobreza se masificó. El índice de la pobreza ya llegó al 87 % en Venezuela. Sin embargo, la hija de Chávez tiene una fortuna que supera los cuatro mil millones de dólares.
En cambio en Chile, donde hace más de dos meses persisten las protestas que exigen «derechos sociales» en la Constitución, el sueldo mínimo es el más alto de Sudamérica, 399 dólares al mes, y menos del 8,6 % de la población vive en la pobreza.
De acuerdo al Coeficiente Gini, que mide la desigualdad, Chile tiene resultados favorables. En los últimos 30 años el ingreso per cápita se ha más que duplicado.
Pero, de acuerdo a Bettina Horst, economista de Libertad y Desarrollo Chile, en los últimos cinco años ha crecido en promedio un 1 %. Y afirma que ello genera frustración.
Dicho decrecimiento no se debe al sistema de privatizaciones ni al supuesto “rol secundario” que cumple el Estado, -según los manifestantes-, sino al crecimiento de la intromisión estatal del Estado en la economía.
Así lo afirma Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Sostiene que fue que en la gestión de la dos veces presidente Michelle Bachelet donde se hicieron las reformas que aumentaron el costo de vida y redujeron el crecimiento de la nación, logrando que hoy no aumenten los sueldos a la par de los costos.
El Estado chileno ha crecido cerca de un 50 %
«Hay angustia económica. Hay frustración justificada con los servicios públicos. En Chile pagamos cada vez más impuestos», dice Kaiser. Y explica que contrario a los reclamos de los manifestantes, que buscan mayor intervención estatal en la economía, incluso en forma de «derechos sociales» garantizados, ha sido la creciente presencia del Estado lo que hace insostenibles los impuestos.
«El tamaño del Estado ha crecido prácticamente un 50 por ciento en la última década y media, y los servicios son cada vez peores. Estos impuestos no solo los pagan en buena medida la gente de mayor ingresos, también las personas de clase media y los que tienen menores ingresos, para recibir a cambio servicios públicos deficientes por decirlo suave», afirma.
Pese a la evidencia que demuestra el rol de Bachelet en el declive económico chileno, a la izquierda política le conviene resucitar el fantasma de Pinochet, cuyo nombre desapareció de la Constitución hace 14 años.
Así, el proyecto que dejó encaminado Bachelet para una asamblea constituyente siga en marcha.
No obstante, el mismo Piñera dijo: “la Constitución no es una vara mágica que resuelve en forma instantánea todos los problemas”.
Aún así permitirá que haya la opción de modificarla. Que se haga o no, dependerá del voto de la mayoría de los chilenos.
