En Nicaragua hay tres cifras de muertos y dos tipos de víctimas. Sin consenso en las estadísticas, con mayoría parlamentaria, Daniel Ortega logró aprobar una “ley del perdón” que la oposición denomina un indulto a los represores. Pues queda a voluntad del régimen determinar quién merece justicia.
Mientras el régimen de Ortega reconoce 199 muertos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suma más de 325 y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua suman más de 594, incluido un aborto provocado por las patadas en el vientre de una estudiante torturada en el interrogatorio de un grupo paramilitar.
Para conciliar cifras, organismos internacionales han solicitado evaluar lo sucedido pero Daniel Ortega los ha expulsado.
De acuerdo al régimen, la mayoría de los muertos son víctimas de acciones “terroristas” y “desestabilizadoras”. Desde la oposición, en cambio, la mayoría de los muertos, presos políticos, desaparecidos y exiliados, son producto de la represión por parte de las fuerzas estatales y paramilitares aliadas al régimen, en respuesta a las protestas contra el Gobierno desde abril del 2018.
Por medio de la mayoría parlamentaria, Ortega hizo aprobar este miércoles -por 69 votos sandinistas (el partido de gobierno), frente a 15 de la oposición- la llamada ‘La ley perdón’ que, de acuerdo con los opositores, indulta a los culpables.
Para el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Miguel Rosales, por ejemplo, la ley “parcialmente viene a ser una amnistía”, dado que permite al Gobierno denominar a los agresores como víctimas. Por eso llama “demagogia” la creación de una ley que deja a la arbitrariedad del régimen decidir quién es víctima y quién no.
“Lamentablemente no incluye justicia, creo que el clamor general en este país es que haya justicia”, agrega el diputado del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera.
Desde el oficialismo, diputados sandinistas como Filiberto Rodrígueza alegan que “es falso todo lo que dicen” los parlamentarios opositores.
El indulto podría conducir al poder a represores
Otra preocupación de la oposición es que el perdón e indulto a los represores podría facilitar su ascenso en las esferas del poder. Basta contrastar con el Gobierno actual, comenzando por el presidente que fue guerrillero.
Como fiel ejemplo del socialismo, el paso de guerrillero a mandatario, es el mismo que siguió Fidel Castro, así como Hugo Chávez pasó de ser golpista a presidente.
La urgencia con la que Ortega exigió la ley podría transmitir miedo
Sin embargo, pese al poder que ostenta y que se asegura al haber elegido a su esposa como vicepresidente, las exigencias locales a internacionales de una pronta reelección no son un dato menor.
Ortega presentó la “Ley para un Plan Integral de Atención a Víctimas del Terrorismo Golpista” ante el Congreso como “trámite de urgencia” y aprobada horas después por el Parlamento, de modo que surge la inquietud respecto al miedo del fin de su mandato y por tanto la presencia de mecanismos para proteger a los represores.
Se acerca el mes 14 de las protestas y ha producido una crisis social y política que conmociona a toda la región, en particular por el éxodo masivo de sus habitantes.
De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados existen 62.000 refugiados nicaragüenses.
Sin embargo, no existe un número real dado que el presidente de Costa Rica se negó a revelar las cifras y nombres de los nicaragüenses exiliados con el fin de proteger su identidad y a sus familias de la persecución del régimen. Aunque fuentes oficiales alegan que podría superar el millón, es decir cerca al 20% de la población costarricense.
Ahora que fue aprobada la “ley del perdón” queda ver quienes serán perdonados y a quién beneficia.