El Ministerio de Gobernación declaró este fin de semana que el rol del Estado nicaragüense se amplió a ser administrador de ONGs previamente clausuradas y expropiadas por orden del parlamento. De este modo reduce la investigación y difusión de los abusos del régimen contra la población opositora.
“Los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo de las organizaciones mencionadas, pasan bajo la administración del Estado de Nicaragua”, indicó el Ministerio de Gobernación.
Con una mayoría superior a las tres cuartas partes del parlamento, legisladores del partido de gobierno votaron para cancelar la personería jurídica de ONGs que se encargaban de promover la democracia en Nicaragua, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado un saldo de muertes ampliamente cuestionado.
Por un lado, el régimen reconoció 199 muertes, la Corte Interamericana de Derechos humanos más de 350 y organizaciones de Derechos Humanos, ahora silenciadas, más de 500, en medio de las protestas contra el régimen.
Ahora la persecución no se limita a las calles sino al trabajo intelectual que se hace para visibilizar los atropellos. La noche del viernes 14 de diciembre, el Estado de Nicaragua se declaró administrador de los bienes muebles e inmuebles de nueve ONGs que perdieron en las últimas dos semanas su personería jurídica por pedido de la Asamblea Nacional.
Por medio del uso del “lenguaje inclusivo”, rechazado por la Real Academia de la Lengua, el Ministerio de Gobernación anuncia la expropiación de las siguientes ONGs: CISAS, IEEPP, CINCO, CENIDH, HADEMOS, IPADE, Popol Nah, Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Fundación del Río; , a quienes acusa de terroristas y colaboradores en el “fallido golpe de Estado”, en alusión a las protestas masivas contra el régimen.
Actualmente la Policía Nacional, cuestionada por abusos contra la población civil, por interrogatorios con tortura hasta ejecuciones extrajudiciales, se encarga de tomar el control de los edificios. Para hacerlo, retiró a los guardas de seguridad privados.
Es decir, el gobierno socialista reduce la gestión privada tanto en la difusión de información como en la capacidad de protección.
Por medio de los bienes usurpados, el Ministerio de Gobernación anuncia que creará un “Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas de terrorismo”.
O sea, apela al principio socialista de la “redistribución de la riqueza”.
En lugar de quitarle al burgués para darle al proletario, sería expropiarle al contrarrevolucionario para el revolucionario.
Puesto que las nueve ONGs son acusadas de “haber participado activamente en el fallido intento de golpe de estado, promoviendo terrorismo, crímenes de odio y alentando y celebrando la destrucción de instituciones públicas y privadas”.
Asimismo, el emitido de prensa del Ministerio de Gobernación anunció que los bienes no podrán ser “ser objeto de ningún tipo de transacción, por parte de organismos, sus representantes o cualquiera de sus miembros”.
Desde el extranjero han habido muestras de solidaridad por el operativo policial que está en marcha desde la noche del jueves.
España condenó la expropiación
Pese a ser coidearios, dado que el presidente de España es del Partido Socialista del Obrero Español, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España condenó que la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de retirar la personalidad jurídica “de numerosas organizaciones nicaragüenses, de reconocido prestigio, dedicadas, entre otras funciones, a la defensa y la promoción de los derechos humanos”.
Pocos meses atrás se desató la polémica en España cuando se utilizaron salones del ayuntamiento de Madrid para hacer un homenaje a revolución sandinista, de la cual fue parte Daniel Ortega y las fuerzas paramilitares que hoy reprimen a los nicaragüenses. Allí acudieron el cuerpo diplomático de Cuba y Venezuela, generando rechazo de legisladores no alineados con la izquierda.
Pero ahora condenan el accionar del gobierno nicaragüense institucionalmente.
Con #DanielOrtega en #Nicaragua, los periodistas corren peligro. Las oficinas de medios están siendo allanadas, sus trabajadores son atacados, detenidos y amenazados de muerte. pic.twitter.com/xQHOgOTGhc
— AJ+Español (@ajplusespanol) December 15, 2018
Incluso medios alineados con la izquierda tradicional, como Al Jazeera con sede en Qatar, sacó un reportaje indicando que “Con #DanielOrtega en #Nicaragua, los periodistas corren peligro. Las oficinas de medios están siendo allanadas, sus trabajadores son atacados, detenidos y amenazados de muerte”.
Según los avisos ministeriales, quienes están detrás de la decisión de que el Estado toma el control de los bienes de las ONG la hicieron el Viceministro del Ministerio de Gobernación, Luis Cañas Novoa, y Gustavo Adolfo Sirias Quiroz, Director de Registro de Organismos sin Fines de Lucro.
Dichos actos fueron repudiados abiertamente por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien fue expulsado el sábado por su partido, el Frente Amplio, que preside el gobierno de su país natal, Uruguay.
De modo que aunque ciertas esferas de la izquierda del habla hispana pongan principios sobre su ideología, hay algunas que no admiten la crítica hacia sus coidearios y optan por aislar a los que sí.