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EnglishEl invierno está a punto de comenzar en Chile. El cielo parece envolvernos con su grisura, la lluvia empapa y aparecen los primeros estornudos. Nos resfriamos y empezamos a hacer filas en las farmacias.
En Chile, alrededor del 90% de las ventas de medicamentos se realiza a través de tan solo tres cadenas de farmacias: Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada (FASA), y según el informe del año pasado de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre el Panorama de Salud, Chile es el país con mayor gasto de bolsillo familiar en salud de los 34 países que integran esa organización. Los fármacos son el mayor componente de ese gasto.
La abismal desventaja de Chile en cuanto al gasto en salud no se da solamente en términos relativos: Una droga particular para el tratamiento de cáncer de mama, cuesta en Estados Unidos menos de un tercio de lo que cuesta en Chile. Estas diferencias de costo se cumplen a grandes rasgos para los medicamentos necesarios para tratar muchas enfermedades crónicas como diabetes, epilepsia, parkinson, hipertensión, problemas cardíacos, y enfermedades estacionales como las que ahora nos llegan con las primeras heladas y temporales.
A continuación voy a dar algunas de las razones detrás de esta situación, que tienen que ver con las reglas de libre competencia, las leyes antimonopolio y el código de buenas prácticas del mercado. Porque la industria farmacéutica en Chile está implicada en prácticas anti-competitivas de diversa índole.
Esta alta concentración del mercado no puede entenderse sin analizar la estrecha relación entre los gigantes comerciales que venden los fármacos y los laboratorios farmacéuticos. De partida, los laboratorios no cuentan con una lista pública de precios. Tentados por altos volúmenes de venta, buscan posicionar la marca y sus productos, mientras que las cadenas de farmacias aspiran obtener precios de compra privilegiados e imponer un rango de precios de venta al público que perjudique a las llamadas “farmacias de barrio”, que ya prácticamente han sido excluidas del mercado gracias a estas maniobras.
Tras breves períodos de guerras de precios entre los tres competidores, estos no tardaron en entender que la alianza es más rentable como estrategia que la competencia.
Las cadenas de farmacias empezaron a coordinar sus precios de venta al público en 2007. En un año, la colusión generó unos sobreprecios de los medicamentos que en algunos casos superaron el 3000%, si los comparamos con los precios que maneja la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST).
En el 2012 el Tribunal para la Defensa de la Libre Competencia (TDLC) multó a dos de las farmacias, Salcobrand y Cruz Verde, con la multa máxima prevista por la ley (“la multa histórica”) de unos US$19 millones, un valor irrisorio considerando la magnitud de las ganancias que generó la colusión (el valor de la multa representa aproximadamente el 3% de las ventas anuales de la industria), lo que la prensa calificó irónicamente como “el pelo de la cola”.
Poco transparentes son también los vínculos de esta industria con el mundo político. Aunque el TDLC y la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se han pronunciado en contra de las distorsiones del mercado, la realidad ha cambiado poco, lo que hace evidente la fuerte influencia política de las grandes cadenas de farmacias. La práctica del lobby está aun pobremente regulada, por lo que el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales por parte de los representantes de las grandes cadenas farmacéuticas constituyen prácticas poco transparentes. Y el resultado de estas prácticas se infiere desde el patrón de votación legislativa en contra de algunos proyectos que pretenden limitar el poder del triunvirato farmacéutico.
Un ejemplo surgió cuando la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados rechazó la sugerencia proveniente del Ministerio de Economía de permitir la venta fuera de las farmacias de los medicamentos para los cuales no se necesita receta (por ejemplo en los supermercados o estaciones de servicio). Hasta hoy, para comprar un simple analgésico para el dolor de cabeza, debemos visitar una farmacia.
Dadas estas prácticas malsanas que abundan en el mercado de las medicinas en Chile, tenemos que dimensionar sus implicaciones éticas, que a mi juicio son muy graves. Tratándose de productos que en muchas ocasiones no solo mejoran la calidad de vida, sino incluso la prolongan o la hacen posible, los precios abusivos del mercado oligopólico de las farmacias —y lo que es aun peor, la complicidad del órgano legislativo— son altamente inmorales y deplorables.
Podemos estar seguros de que sobran los casos en los que un tratamiento vital no se inicia o se interrumpe debido a su costo exorbitante y manipulado. Algunos que se lo pueden permitir, recurren al ya existente fenómeno del turismo farmacéutico, pero por supuesto son una minoría privilegiada.
Los enfermos simplemente son condenados por los vicios de la concentración del mercado de las farmacias. Aquí se hace notoria la ausencia de imaginación moral de la que habla Locke y de la que tuve oportunidad de escribirles en uno de mis textos anteriores.
¡Salud!, estimados lectores.
