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A medida que pasan los días la situación en Nicaragua empeora, y es que el régimen de Daniel Ortega ha aumentando la represión y ya ha dejado más de 350 muertos. Sin embargo, la oposición no se da por vencida en la lucha por la justicia y la democratización del país, y anunció que también aumentará la presión.
“No abandonaremos las calles porque las calles son del pueblo”, afirmó el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), antiguo aliado del sandinismo y uno de los grandes motores de la exitosa huelga general del pasado mes de junio.
El aumento de la presión inicia este jueves 12 de julio con una marcha en Managua convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denominada “Juntos somos un volcán”. Luego de la marcha el Cosep y la Cámara Americana de Comercio (Amcham), ambos parte de la Alianza, convocaron a un paro nacional de 24 horas.
los invitamos a seguir haciendo uso de nuestro derecho humano de expresarnos cívica-mente, en esta ocasión en la marcha ¨Juntos somos un volcán¨#SosLeon #SOSNICACARAGUA pic.twitter.com/2OhGrP3fon
— Movimiento Estudiantil 19 de Abril – UNAN-León (@Mov19leon) July 12, 2018
La paralización del país se realizará el próximo viernes 13 de julio y sería el segundo paro que se lleva a cabo durante esta ola de protestas antigubernamentales que inició el pasado 18 de abril.
“Nuestro llamado es a los nicaragüenses en todos los departamentos a que se sumen a estas acciones”, insistió Cosep, recordando que la lucha es para exigir el cese de la represión, así como una “respuesta sobre el adelanto de elecciones para devolver al pueblo nicaragüense su libertad”.
https://twitter.com/DisnorteDissur/status/1016731896468987905
La coalición opositora integrada por campesinos, estudiantes, líderes de la sociedad civil, empresarios, entre otros sectores, decidieron que las actividades se extenderían hasta el próximo sábado 14 de julio, fecha en que se realizará una caravana con la que se espera recorrer varias zonas de Managua.
Las manifestaciones, que durarán 72 horas, responden a las últimas arremetidas violentas de las fuerzas policiales y paramilitares, en las que hasta obispos y periodistas han sido agredidos. Sin embargo, entre los estudiantes ronda la idea de que podrían prolongar el paro para convertirlo en una protesta indefinida.
“La desobediencia civil más que un derecho es un deber cuando no se cuenta con armas para defenderse de gobiernos represivos”, señaló la poetisa Gioconda Belli, exmilitante sandinista.
La presión contra Ortega también aumenta a nivel internacional
El pasado miércoles 11 de julio los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunieron para debatir sobre la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua. En dicha reunión la mayoría de los países responsabilizaron al régimen de Ortega por la desmedida represión en contra de su pueblo.
“Cada acto de violencia, cada asesinato hace retroceder al país”. “Fuerzas policiales y paramilitares vinculadas al Gobierno hace dos días realizaron acciones que han costado la vida de muchas personas, muertes que no podemos admitir y que mucho menos podemos aceptar en silencio”, dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA.
En respeto a la memoria de las víctimas en #Nicaragua, el gobierno y los representantes de los sectores opositores tienen la obligación política y moral de llegar a acuerdos. Construir soluciones a partir de acuerdos políticos. @OEA_oficial pic.twitter.com/slwuG2PI3C
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) July 11, 2018
Durante la sesión los países pidieron el “cese inmediaro de la violencia “e hicieron un llamado al Gobierno para que cumpla con las medidas del informe realizado por la CIDH, el cual que la administración Ortega insiste en desconocer.
“Creemos que el informe no es apresurado, no es prejuicioso y tampoco parcial. Creemos que (la CIDH) ha hecho un gran trabajo”, dijo la embajadora de Argentina.
Los países democráticos de la región, como México, Perú, Colombia, Costa Rica, Chile, Brasil y Canadá, respaldaron, junto a Paraguay, Ecuador y Uruguay, el informe de la CIDH.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujllo, fue todavía más allá y enfatizó que solo la condena de la violencia no es suficiente, ya que esta “debe estar seguida por acciones”, razón por la que ya han empezado a aplicar sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
“Hemos revocado 21 visados a funcionarios gubernamentales o a funcionarios que han sido responsables de este tipo de cosas”, afirmó Trujillo. Además, señaló que aunque no pueden revelar los nombres de los sancionados, los afectados se tratarían de funcionarios que “dirigen o supervisan la violencia contra quienes ejercen su derecho de reunión pacífica y libertad de expresión”.
Además de esto, también ha aplicado la Ley Magnitsky contra tres miembros de la élite de la administración Ortega: Francisco Díaz, la cabeza de la Policía Nacional; Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua; y Francisco López Centeno, tesorero del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Albanisa, empresa creada para hacer negocios petroleros con Venezuela.
