El Gobierno de Evo Morales presentará un “reclamo formal” contra Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), por supuesta “injerencia en asuntos internos del país” al radicar un emisario para observar el proceso que el Estado boliviano le sigue al empresario y líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, por conducta antieconómica, entre otros delitos.
“Lo que han hecho estos señores es agredir y pisotear nuestra soberanía y ellos deberán someterse a las normas internacionales para estos casos, por tanto la Cancillería va a efectuar la representación correspondiente y la reclamación diplomática por injerencia en asuntos internos de un país” denunció el ministro del Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, durante una entrevista con la radio y televisión estatales.
La situación se presentó luego de que Doria Medina visitara a Almagro para seguir específicamente el proceso que enfrenta el empresario y varias veces aspirante a la Presidencia de Bolivia y denunciara ante persecución política y violación de sus derechos.
Debido a la ausencia de Medina en Fiscalía y la de otros imputados en el caso, la jueza encargada decidió postergar nuevamente el proceso penal para el 17 de noviembre.
Ante dicha situación, el Ministro boliviano declaró que lo que hicieron Almagro y “su acreditado en Sucre” fue “vulnerar, pisotear la Carta de la OEA y la Convención de Viena”.
La Carta de la OEA establece en su artículo primero, “que los Estados Americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar sus solidaridad, robustecer las relaciones de colaboración y defender la soberanía de los Estados miembros”, así lo expresó Carlos Romero.
Las acusaciones de Medina tienen que ver con la autorización para la creación de la entidad Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), que transfirió 21 millones de dólares a la privada Fundapro, entidad sin fines de lucro de apoyo al microcrédito; sin embargo, Medina ha manifestado que dicha financiación fue aprobada por ser uno de los requisitos de Estados Unidos para condonar a Bolivia una suma total de 361 millones de dólares.
Por otra parte, Fundapro ya informó que terminó de pagar la deuda contraída con el Estado boliviano más los respectivos intereses.