
La Contraloría General de la Nación, entidad que se encarga en Colombia de hacer el control de los dineros públicos, determinó que hubo un daño patrimonial por 1.765 millones de pesos (USD 575.390) en la subasta de vehículos del Senado, una de las cámaras del Congreso, que fueron vendidos con un valor que fue calculado de forma errónea.
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Lo que ha dicho la Contraloría es que existen diferencias en la información sobre los bienes: las características de línea, modelo y cilindraje no coinciden entre las que fueron tenidas en cuenta para realizar el avalúo y las que están en los certificados de tradición, es decir, los papeles que demuestran propiedad sobre esos vehículos, razón por la se calculó mal el valor.
De otra parte, el ente de control de los dineros públicos asegura que no se le aumentó correctamente el incremento del 10 % al valor total del vehículo que debe ser aplicado cuando este es blindado. Además, se realizaron algunos descuentos por conceptos que no eran válidos (como el descuento por vicios ocultos), a pesar de que se aclaró que los bienes serían vendidos en el estado en que se encuentran.
Otra irregularidad encontrada es que algunos vehículos fueron puestos a nombre de personas indeterminadas y otros a nombre de personas distintas a las cuales se ganaron la subasta en la que se vendieron los carros que pertenecían al Senado.
Finalmente, el organismo de control estableció que no en todos los casos de venta de vehículos blindados, sus nuevos propietarios tramitaron el permiso para tener este tipo de carros que es necesario en Colombia. Por esta razón los carros no debían ser entregados hasta que el nuevo propietario justificara la necesidad de un automóvil con estas características.
Fuente: El Espectador