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China es uno de los países más poblados del planeta, con alrededor de 1.400 millones de habitantes. Entre ellos viven aproximadamente entre 18 y 25 millones de musulmanes, una minoría que representa menos del 2% de la población y que, sin embargo, ha ocupado un lugar considerable en las preocupaciones del Partido Comunista Chino (PCCh).
El país reconoce oficialmente diez grupos étnicos tradicionalmente musulmanes, aunque dos se destacan por su tamaño y relevancia: los hui y los uigures.
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Los primeros, generalmente hablantes de mandarín y culturalmente más próximos a la mayoría han, han sido considerados históricamente como una comunidad relativamente integrada en la sociedad china. Los segundos, de origen túrquico y mayoritariamente musulmanes suníes, mantienen una identidad cultural, lingüística e histórica mucho más vinculada con Asia Central.
Los uigures, cuya población ronda los 11 o 12 millones de personas, habitan principalmente Xinjiang, una región de aproximadamente 1,6 millones de kilómetros cuadrados ubicada en el extremo occidental del país.
Cuando la identidad se convierte en una amenaza
Durante décadas, Pekín denunció la existencia de movimientos separatistas uigures que pretendían independizar Xinjiang y establecer un Estado conocido como Turquestán Oriental.
La región atravesó episodios de violencia, enfrentamientos étnicos y atentados. En julio de 2009, su capital, Ürümqi, fue escenario de graves disturbios entre sectores uigures y chinos que dejaron cerca de 200 muertos.
Pero el endurecimiento de la política china no comenzó allí.
Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando buena parte del mundo concentró sus esfuerzos en combatir el terrorismo islamista, Pekín encontró un contexto internacional favorable para presentar sus propios conflictos separatistas y religiosos como parte de esa misma amenaza.
La lucha contra el terrorismo se convirtió progresivamente en el argumento utilizado para ampliar los mecanismos de control sobre Xinjiang. Cabe aclarar que en esta región se encuentran gran parte de los minerales y recursos naturales de vital importancia para Pekín.
El régimen implementó sistemas de vigilancia digital, controles policiales, restricciones a determinadas prácticas religiosas y políticas destinadas a reducir el uso público e institucional de la lengua uigur.
El problema es que combatir organizaciones violentas y controlar indiscriminadamente la identidad religiosa de millones de ciudadanos son dos cosas bastante diferentes.
Para el Partido Comunista Chino, sin embargo, esa distinción parece haberse vuelto cada vez menos importante.
Sinización: adaptar la religión al Partido
La política que explica buena parte de estas medidas tiene un nombre: sinización.
Se trata de un proceso mediante el cual las religiones, las instituciones y las expresiones culturales deben adaptarse a la identidad nacional promovida por el Estado chino y a los principios políticos del Partido Comunista.
En otras palabras, la religión puede conservar su lugar en la sociedad siempre que acepte la autoridad política que pretende definir sus límites.
China reconoce oficialmente cinco religiones, pero sus organizaciones están sometidas a mecanismos de supervisión estatal. El islam no es una excepción, aunque tampoco es la única religión alcanzada por estas políticas.
La sinización llegó incluso a la arquitectura religiosa. En distintas provincias, mezquitas perdieron cúpulas, minaretes y elementos decorativos de estilo árabe, reemplazados por estructuras inspiradas en la arquitectura tradicional china.
También se documentaron restricciones sobre escuelas religiosas, enseñanza islámica, actividades de imanes y prácticas comunitarias. Estas medidas alcanzaron incluso a los hui, considerados históricamente mejor integrados.
La política recibió un nuevo respaldo legal el 12 de marzo de 2026, cuando el Parlamento chino aprobó la Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, vigente desde julio de ese año.
La legislación refuerza la construcción de una identidad nacional común, prioriza el uso del mandarín y establece que las instituciones religiosas deben seguir el proceso de sinización, y la justificación oficial es promover la cohesión social y evitar divisiones étnicas.
¿Cárceles escolares o escuelas carcelarias?
A partir de 2017, el régimen chino amplió masivamente una red de instalaciones distribuidas por Xinjiang.
Pekín las denominó Centros de Educación y Formación Profesional. Según la versión oficial, su objetivo era prevenir el extremismo religioso y ofrecer herramientas para la integración social mediante clases de mandarín, legislación china y capacitación laboral.
El problema comenzó cuando las instalaciones destinadas a enseñar oficios empezaron a mostrar características bastante más propias de una prisión que de una escuela.
Muros perimetrales, alambrados, torres de vigilancia, controles de seguridad y edificios diseñados para mantener a sus ocupantes dentro de recintos cerrados.
Una investigación de BuzzFeed News, posteriormente reconocida con un premio Pulitzer, utilizó imágenes satelitales, documentación y testimonios para identificar cientos de instalaciones con características de centros de internamiento y prisiones.
La investigación inicial detectó más de 260 complejos fortificados construidos o ampliados desde 2017. Un análisis posterior examinó 347 instalaciones.
Y mientras el régimen chino aseguraba que los participantes de sus programas de formación habían completado sus estudios, las imágenes satelitales mostraban que parte de la infraestructura de detención había continuado expandiéndose.
Es cierto que una fotografía satelital no permite determinar por sí sola cuántas personas están detenidas ni bajo qué condiciones jurídicas. Pero cuando se combina con documentos oficiales, testimonios de antiguos internos y la construcción de instalaciones de alta seguridad, el argumento de que se trata simplemente de escuelas empieza a perder bastante credibilidad.
Distintas organizaciones y gobiernos estimaron que más de un millón de uigures y miembros de otras minorías predominantemente musulmanas pudieron haber sido sometidos a detenciones en el marco de esta política.
Entre los testimonios recogidos aparecen denuncias de privaciones arbitrarias de libertad, adoctrinamiento político obligatorio, malos tratos, torturas y restricciones a la práctica religiosa.
El régimen chino rechaza estas acusaciones y sostiene que sus medidas permitieron prevenir ataques terroristas, mejorar la seguridad y favorecer el desarrollo económico de Xinjiang.
Cuando hasta la ONU denuncia al PCCh
En agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó una investigación sobre las políticas implementadas por China en Xinjiang.
El documento concluyó que se habían cometido graves violaciones de derechos humanos contra uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas.
También consideró creíbles las denuncias de tortura, malos tratos y determinadas formas de violencia sexual, además de documentar graves problemas relacionados con las detenciones arbitrarias y las restricciones a libertades fundamentales.
Su conclusión fue particularmente contundente: la magnitud de las privaciones arbitrarias de libertad podría constituir crímenes internacionales, especialmente crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, las denuncias no consiguieron poner fin al problema.
Los derechos humanos también tienen un precio comercial
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones contra funcionarios y entidades chinas vinculadas con las violaciones de derechos humanos en Xinjiang junto con restricciones comerciales destinadas a impedir la entrada de productos asociados con trabajo forzoso.
China ocupa un lugar central en el comercio internacional, las cadenas de suministro y las relaciones económicas de países con sistemas políticos e intereses completamente diferentes.
Confrontar a Pekín puede implicar costos comerciales, diplomáticos y estratégicos que numerosos gobiernos prefieren evitar.
La contradicción se vuelve particularmente llamativa cuando observamos la relación de China con distintos países de mayoría musulmana.
Mientras las denuncias sobre Xinjiang circulaban internacionalmente, varios de esos gobiernos mantuvieron estrechos vínculos económicos y políticos con Pekín, e incluso algunos respaldaron públicamente su posición sobre la región.
Una cosa es defender la identidad religiosa cuando se encuentra amenazada en el discurso internacional. Otra, aparentemente bastante más complicada, es hacerlo cuando quien impone las restricciones también es un socio comercial indispensable.
Quién diría que en este caso, el capitalismo jugó a favor de China (no sería la primera vez).
El Estado que pretende administrar hasta la fe
La experiencia china permite observar una particularidad del autoritarismo contemporáneo: el control político ya no necesita limitarse a los partidos, las instituciones o los medios de comunicación. También puede extenderse a la lengua que habla una comunidad, la arquitectura de sus templos, la educación de sus hijos y las prácticas religiosas que forman parte de su identidad.
El caso de Xinjiang no demuestra que todos los musulmanes chinos vivan bajo las mismas condiciones ni que toda política de integración cultural sea necesariamente persecutoria. Sí muestra lo que puede ocurrir cuando la integración deja de ser una posibilidad voluntaria y se convierte en una exigencia respaldada por vigilancia, restricciones y detenciones arbitrarias.
Pekín presenta su política como una estrategia para garantizar la estabilidad nacional y combatir el extremismo. Sus críticos denuncian que, bajo esa justificación, se desarrolló un sistema de asimilación forzada y represión de minorías religiosas.
La diferencia entre ambas interpretaciones no puede resolverse ignorando los testimonios de las víctimas ni las conclusiones de las investigaciones internacionales.
Y el problema tampoco termina en las fronteras chinas.
Porque si las violaciones de derechos humanos pueden ser denunciadas por Naciones Unidas, documentadas mediante investigaciones independientes y sancionadas por varios gobiernos sin conseguir una respuesta internacional suficientemente eficaz, entonces la discusión deja de ser exclusivamente sobre China.
También pasa a ser sobre el resto del mundo y su disposición a asumir los costos de defender los principios que proclama.
El Partido Comunista Chino se extendió de lo social y lo económico para crear el comunismo religioso: cada ciudadano puede creer en lo que quiera, siempre que sus creencias, sus costumbres y hasta sus lugares de culto resulten compatibles con lo que decida el Partido.
