El conveniente asalto a los poderes para Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrido el pasado 8 de enero, no solo le permitió al nuevo gobierno levantar todas las protestas en su contra, criminalizar a sus adversarios y victimizarse ante la opinión pública internacional, sino que además ha sido la excusa perfecta para iniciar una purga en los cuarteles, que ya llega a los más altos cargos operacionales de la Fuerza Armada. Así, este sábado, el mandatario izquierdista destituyó al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda, elevando a unos 140 el número de militares de los que ha prescindido en las últimas dos semanas.
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La reunión que mantuvo Lula con Arruda y los comandantes de la Marina y la Aeronáutica este viernes, no evitó que anunciara hace pocas horas la destitución, alegando que Arruda “no mostró disposición” a tomar medidas “inmediatas” para disipar sus dudas sobre la actuación de algunos sectores militares en los sucesos del 8 de enero que terminaron con el asalto a los poderes en Brasilia. Un episodio que solo ha beneficiado al propio Lula, considerando que arrancaba un gobierno complicado, pues tiene en contra ambas cámaras del Congreso e incluso antes de su posesión ya enfrentaba protestas masivas de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro que rechazan su elección por considerarla producto de un presunto fraude.
Temor a los militares
Desde el mismo día de la invasión a las sedes del Congreso, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio de Planalto (Presidencia), Lula da Silva culpó a Bolsonaro de lo ocurrido, pese a que se encuentra en Estados Unidos desde el 30 de diciembre, día en que Arruda había asumido como comandante del Ejército. Pasaron pocas horas para que también responsabilizara a los militares, en los que Lula tiene muy poca confianza.
«Mucha gente de las Fuerzas Armadas conspiró aquí dentro. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que entraran porque no hay ninguna puerta rota. Es decir, alguien aquí les facilitó la entrada», dijo Lula da Silva la semana pasada, justo cuando además vetó un extracto de un proyecto de ley «que garantizaba el derecho a la manifestación política de los policías», dejando claro que gobierna con miedo a una supuesta “conspiración” de los cuerpos de seguridad del Estado en su contra.
Pero este temor no es nuevo. Antes del asalto a los poderes ocurrido hace dos semanas ya el fundador del Foro de Sao Paulo había mostrado su alta desconfianza en los uniformados. Tal vez por ello nombró como ministro de Defensa a un civil, José Múcio Monteiro.
Van unos 140 militares removidos
El lamentable episodio protagonizado por un grupo de seguidores del expresidente Bolsonaro que no hicieron el cálculo político de la manifestación que terminó en violencia –y en la que se presume hubo infiltrados– solo fue la excusa para Lula iniciar una purga en los cuarteles que –sin duda– tenía en su agenda, pero el conveniente suceso que ha calificado como un supuesto golpe de Estado le ha permitido justificar la expulsión de unos 140 militares hasta el momento.
Con la destitución del comandante del Ejército suman ya 57 altos cargos de la Fuerza Armada que han sido removidos por ser figuras cercanas a Bolsonaro, y de los cuales, 46 trabajaban en el gabinete o en las residencias oficiales durante el anterior gobierno, en el que según la agencia EFE se contaban 6.157 militares activos o de la reserva en cargos de la administración pública hasta 2020. De estos números se agarra Lula da Silva para arreciar su purga en los cuarteles, invocando una “desmilitarización” del Gobierno.
Según medios brasileños, el sustituto de Júlio César de Arruda en la Comandancia del Ejército será el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, quien esta semana, en una ceremonia militar, hizo un fuerte alegato en defensa del resultado electoral que le dio la victoria a Lula sobre Bolsonaro por un estrecho margen.