La política colombiana es particularmente compleja. El bipartidismo entre conservadores y liberales murió recién entrado el nuevo siglo. El artífice de esta ruptura fue el hombre que desde entonces se convirtió en el mayor fenómenos político de Colombia: Álvaro Uribe Vélez. Pese a los matices ideológicos, Uribe permite simplificar la política colombiana entre quienes lo aman y quienes lo odian.
El proceso judicial contra el líder del partido de gobierno, el Centro Democrático, tiene sus orígenes en un denuncia de 2012 contra el senador del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda. Álvaro Uribe interpuso en ese momento una denuncia contra Cepeda por presuntamente ofrecer beneficios a presos para que declararan contra él en procesos relacionados con paramilitarismo.
Luego de seis años de investigación, el caso dio la vuelta y se volcó contra el exmandatario. La Corte Suprema comenzó a investigar a Uribe por el mismo delito que investigaba a Cepeda. Según la Corte, el expresidente habría intentado manipular a testigos por intermedio de su abogado, Diego Cadena, entre ellos a Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado contra Uribe.
En respuesta a este señalamiento, Álvaro Uribe ha insistido en que nunca intentó cambiar el testimonio de Monsalve. La instrucción que dio a su abogado fue recopilar pruebas para desvirtuar los señalamientos que hacía el senador Iván Cepeda en su contra, según ha afirmado.
Vínculos con intereses
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dictó al expresidente el pasado 4 de agosto una medida de aseguramiento. Tras pasar más de 2 meses bajo arresto domiciliario, fue liberado este sábado por decisión del Juzgado 30 de Control de Garantías. El caso contra Uribe ha estado plagado de irregularidades.
En primer lugar, el magistrado César Reyes, considerado el principal “perseguidor” de Uribe, es cercado de la esposa de Iván Cepeda. Además, fue contratista del gobierno de Juan Manuel Santos en el marco del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), según denunció el periodista Saúl Hernández Bolivar en una columna publicada en Panam Post. Esto lo impedía al menos moralmente para investigar a Uribe.
Por otro lado, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, denunciante contra Uribe, ha sido apoderado de Iván Cepeda y al mismo tiempo del testigo Juan Guillermo Monsalve, según afirma en una columna la abogado Ana María Abello.
El expresidente ha señalado públicamente a este colectivo de abogados de construir casos de falsas víctimas, citando un artículo publicado en el portal La linterna azul, en el que se señala que el colectivo José Alvear Restrepo ha incurrido en manipulación de testimonios, mala recopilación de pruebas y además habría estado involucrado en una alianza entre miembros de la Fiscalía y bandas criminales en el norte del país.
Decisión ajustada a derecho
Con la decisión tomada este sábado por la juez 30 de control de garantías, Clara Ximena Salcedo, se estaría respetando el debido proceso, tras el cambio de régimen procesal. Dos semanas después de que la Corte dictara la medida de aseguramiento, el expresidente y entonces senador anuncio la renuncia a su curul en el Senado. De esta manera, el proceso que llevaba la Corte Suprema debía pasar a la Fiscalía. Esto implicaba un cambio del régimen procesal. Sin embargo, Uribe seguía privado de libertad.
Lo que hizo este sábado la juez 30 de garantías fue poner fin a otra de las irregularidades del caso. Desde el momento de la renuncia al Senado, la CSJ perdió competencia para juzgar a Uribe. El caso pasó de regirse por el antiguo régimen inquisitivo de la ley 600 al régimen penal acusatorio de la ley 906 de 2004. Bajo este régimen, no se puede sostener una medida de aseguramiento a una persona sin que haya previamente imputación de cargos, argumentó la juez en su decisión.