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El Gobierno interino de Bolivia anunció este miércoles que interpuso una nueva demanda contra el expresidente Evo Morales y varios dirigentes de su partido. La causa comprende delitos contra la salud pública, instigación a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado, según reseñó CNN.
“Sus movilizaciones, manifestaciones y bloqueos irresponsables están cobrando vidas, exponiendo a sus mismos seguidores y a toda la población al riesgo de contagios masivos”, señaló Yerko Núñez, ministro de la Presidencia.
Además del exmandatario, la demanda incluye a Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y a Betty Yañíquez, jefa de la bancada parlamentaria de su partido Movimiento al Socialismo (MAS).
Elección aplazada
La reacción de Evo Morales no se hizo esperar. En su cuenta en Twitter dijo que se estaba “criminalizando la protesta”. El Gobierno interino, a través del ministro de la Presidencia, advirtió que el país estaba atravesando una “escalada de violencia armada” impulsada por Morales como respuesta a la decisión de aplazar las elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha aplazado en dos oportunidades las elecciones presidenciales por el repunte de casos de coronavirus. Los comicios estaban pautados inicialmente para el pasado 5 de mayo. La pandemia obligó a mover la elección para el 6 de septiembre pero el pasado jueves se anunció una nueva fecha. La autoridad electoral indicó que los comicios se llevarán a cabo el 18 de octubre. En caso de haber segunda vuelta se realizaría el 29 de noviembre.
Procesos judiciales
Con esta demanda Evo Morales acumula al menos cuatro causas. El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, dijo en febrero que su despacho tenía tres procesos abiertos contra el expresidente y sus colaboradores.
Las primeras dos causas son por los delitos de sedición y terrorismo, así como otros delitos presentados separadamente a finales del año pasado por funcionarios del Gobierno interino de Jeanine Áñez.
En cuanto al tercer proceso, se trata de una denuncia interpuesta en enero por activistas cívicos regionales que acusan a Morales de terrorismo, genocidio, alzamiento armado, atribución de los derechos del pueblo y otros delitos derivados de los sucesos que provocaron su salida del poder el 10 de noviembre de 2019.
A comienzo de julio, la Fiscalía de Bolivia emitió una acusación formal contra Evo Morales por presuntos delitos de terrorismo y pidió su detención preventiva. Morales se encuentra en Argentina en calidad de refugiado político.
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