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EnglishLa política exterior colombiana ha respetado el principio de no intervención y así debe seguir siendo. Los objetivos de esta política deben estar dirigidos a facilitarle a los colombianos el cumplimiento de sus fines, más allá de las fronteras nacionales, y no a imponer modelos en otros países.
No obstante, este principio no puede confundirse con el apoyo a regímenes violadores de los derechos individuales que impiden a sus ciudadanos salir de la pobreza y la opresión. Esto es, lamentablemente, lo que el gobierno de Juan Manuel Santos está haciendo con el régimen venezolano.
Esta es la política que adoptó el Gobierno, por etapas, frente a Venezuela, desde hace casi cinco años.
Primero, fue el silencio cómplice ante los excesos del finado Hugo Chávez Frías; luego, un respaldo escondido a través de las organizaciones regionales (Celac y Unasur), cuyo único logro visible ha sido el apoyo a los regímenes opresores y perpetuadores de pobreza en la región; ahora, el respaldo es abierto, descarado.
El argumento de la democracia ya está desgastado. ¿En realidad creen los que lo esgrimen que todas las decisiones de las mayorías deben ser aceptadas? ¿En realidad creen que por ser elegida por mayoría de votos, una persona puede hacer lo que quiera en el desempeño de su cargo? Si la respuesta es afirmativa a las dos preguntas, tendríamos que concluir que el presidente Santos y la canciller Holguín creen que la toma de decisiones a través de la democracia justifica los peores regímenes totalitarios en la Historia.
Como señaló F.A. Hayek, un régimen totalitario puede incluir un proceso de toma de decisiones democrático. Pero no por eso deja de ser totalitario
Desde que comenzó esta política, no de acercamiento ni de normalización, sino de apoyo a los excesos del régimen venezolano, diversos analistas y miembros del Gobierno han dado variadas explicaciones.
Primero se habló del proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP y el papel de Venezuela en este proceso. Según esta visión, era necesario que el gobierno colombiano tuviera un bajo perfil frente a los acontecimientos en Venezuela para que el Gobierno de este país no le quitara el apoyo al proceso.
Si bien esta explicación nunca tuvo razón de ser, en este preciso momento sí que no tiene ningún sustento. El proceso ya ha avanzado lo suficiente como para que la guerrilla de las FARC no se levante de la mesa ante una eventual ausencia de Venezuela. Es más, ¿cuál es el papel que ha jugado ese país en el pasado reciente, debido a su inestable situación interna?
Otros han sostenido que es necesario tener buenas relaciones para no afectar el comercio o a las zonas de frontera. Pero tener una posición clara no implica cerrar la frontera, como ya lo hace Venezuela. Mucho menos se trata de tildar a los líderes venezolanos de narcotraficantes (aunque lo sean), asesinos (aunque lo sean) o de conspiradores internacionales (aunque lo sean), como esos líderes sí hacen con los expresidentes colombianos, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana. Ni se trata de maltratar y perseguir a los venezolanos residentes en Colombia (que son cada vez más), como sí lo hace la dictadura venezolana desde hace mucho.
Tampoco se trata, no podría ser, de justificar la decisión del presidente Barack Obama de sancionar a algunos líderes venezolanos. Este, además de todas sus equivocaciones, tiene un serio problema de timing. No podría haber tomado la decisión en peor momento.
Si el gobierno colombiano no critica al venezolano no habrá mayores críticas a decisiones futuras o frente a excesos futuros
En lugar de afectar al régimen, lo que le dio fue un suspiro para aferrarse al poder con la excusa de una supuesta conspiración del “imperio” estadounidense, preciso cuando más bajo había caído su respaldo local y sus alianzas internacionales.
Pero sí se trata de llamar las cosas por su nombre. Como señaló F.A. Hayek, un régimen totalitario puede incluir un proceso de toma de decisiones democrático. Pero no por eso deja de ser totalitario. En el caso de Venezuela, además de visos totalitarios, cada vez se puede hablar menos, incluso, de democracia.
En el fondo lo que hace el Gobierno de Santos es tratar de no crear antecedentes para cuidarse las espaldas en el futuro. Si el gobierno colombiano no critica al venezolano no habrá mayores críticas a decisiones futuras o frente a excesos futuros.
La actitud del Gobierno colombiano no es arrodillarse al régimen venezolano, ni una forma de salvaguardar el proceso de paz, ni una hábil estrategia diplomática. Ni, como temen los seguidores del expresidente Uribe, la implementación de un régimen chavista en Colombia.
Lo que refleja es mucho más grave. Los líderes colombianos creen que el Estado no tiene límites, así como tampoco quiénes están en el poder. Creen que lo que aprueban las mayorías es una carta abierta para implementar cualquier decisión.
Los líderes colombianos no solo no creen en —ni les interesa— la libertad. La desprecian, como lo hace cualquier dictadorcillo vecino. Los líderes colombianos, como la mayoría de latinoamericanos —carentes de cualquier principio superior—, son capaces de justificar lo que sea para preservar su poder.
Así de grave es la cosa.
Editado por Pedro García Otero.
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