EnglishHa sido tal el avance de las ideas estatistas en el mundo desde el siglo XIX que hoy muchas funciones unilateralmente atribuidas a los estados, se consideran normales, tradicionales, necesarias, e incluso, convenientes. Pero no lo son. La emisión de moneda es una de ellas. Otra es la existencia de medios de comunicación estatales, mal llamados públicos.
No se puede pensar en ningún Estado que no tenga un medio de comunicación —escrito, radial o televisivo— propio en la actualidad. De hecho, muchos de ellos, como es el caso de la BBC inglesa, de la televisión española o de la francesa, se consideran ejemplos de buenos medios, neutrales, que proporcionan supuestamente una alternativa cultural e informativa a sus sociedades.
Otros más recientes, como el medio abiertamente chavista TeleSur, pretenden desinformar a sociedades enteras con sus mentiras y manipulación de la información.
En el marco de esta creciente penetración del Estado en diversas dimensiones que le son ajenas a su razón de ser, se presentan ejemplos no solo de lo inconvenientes e ilegítimas que son, sino también de lo peligrosas que pueden llegar a ser.
Como prueba de lo anterior, examinemos el caso que se presentó la semana pasada en el canal de televisión de la Bogotá del alcalde Gustavo Petro. Canal Capital es el medio de comunicación de la alcaldía desde hace muchos años. No obstante, no es sino hasta ahora que comprendemos la verdadera implicación –y utilización– de su existencia.
Un reconocido periodista y presentador de noticias, Mauricio Arroyave, denunció haber sido objeto de censura por parte del actual gerente de Canal Capital, Hollman Morris, hasta el punto de no renovarle el contrato.
Desde su llegada al canal, el señor Hollman Morris, áulico del alcalde Gustavo Petro, ha sido criticado por manejarlo con claro interés político de beneficiar a la gestión de su jefe, manipulando información. No obstante, como es de esperarse, el señor Morris ha respondido a cada crítica con una denuncia sobre supuesta persecución en su contra, y alegatos sobre las supuestas bondades del pensamiento estatista del gobierno local.
Pero lo que demuestra su ejercicio en el canal es que es él quien persigue a los contrarios, quien está en contra de la libertad de expresión y quien aplica criterios sesgados políticamente en la transmisión de la información.
La oportunidad para abrir el debate sobre la conveniencia y los peligros de la existencia de medios de comunicación “públicos” está dada. Y los argumentos en contra son evidentes.
Una de las principales objeciones es la justificación económica: ¿Por qué los ciudadanos deben estar obligados a mantener un medio que se financia a través de sus impuestos?
También está el hecho de que, así se disimule con la provisión de una supuesta alternativa cultural, los medios de comunicación estatales solo tienen un objetivo real: servir de propaganda para el régimen (cualquiera éste sea) y legitimar sus excesos ante la población.
Las demás justificaciones que en general se presentan para la existencia de estos medios de comunicación caen por su propio peso, por lo menos en Bogotá, a propósito de este escándalo.
Se afirma que estos canales permiten la presentación de puntos de vista divergentes, que preservan la libertad de expresión, que proveen a la sociedad con información y contenidos que de otra manera ésta no recibiría y que, por lo tanto, le dan voz a quiénes no están satisfechos o no encuentran voz en los medios privados.
¿Puntos de vista divergentes? Claro, si se encuentran en un nivel de divergencia que la administración política del canal tolera. ¿Libertad de expresión? Limitada a los dictados de los intereses políticos. ¿Información y contenidos que no existirían? Por un lado, esto no se puede saber a ciencia cierta; por el otro, desconoce que los contenidos que proveen estos medios tienen consideraciones específicas de propaganda. Así, nos quedamos sin saber realmente qué otros contenidos e información podrían darse a conocer si fuera el mercado el que dictara la provisión de la información y no las decisiones políticas.
Para el caso específico de Bogotá, este nuevo escándalo de la oscura –e interminable– administración del alcalde Gustavo Petro demuestra que este personaje es una expresión de lo peor del movimiento populista izquierdista latinoamericano: programas grandilocuentes, sin implementación ni viabilidad, y un sonoro discurso de inclusión y de apoyo a las causas sociales basado en un inexistente conflicto de clases y en el desprecio por los principios que dice defender (la democracia, la tolerancia o la libertad de expresión).
Muchos son los avances del estatismo en el mundo, pero no son batallas perdidas. Es necesario retomar el debate para sacar al Estado de muchas esferas que hoy se consideran adecuadas y normales. Es necesario aprovechar oportunidades como esta.