Al Capone era una persona muy escurridiza. Se presumía que había cometido muchos ilícitos pero era tan hábil, que las autoridades no tenían modo de probarlo. Sin embargo, al final fue a la cárcel por un tema relativamente menor: evasión de impuestos.
Parecería que una situación análoga se estaría produciendo en Uruguay con Miguel Ángel Toma. En nuestro país se considera que fue la mano derecha del expresidente Tabaré Vázquez durante sus dos presidencias e incluso, el verdadero poder tras las sombras. Llegó a ser tan poderoso, que la gente le temía. Además, durante su carrera dentro del Estado acumuló una riqueza llamativa para un simple funcionario público. Por ejemplo, en ámbitos políticos y periodísticos se lo señalaba con el dedo por poseer un auto de lujo y una casa en un barrio privado de Punta del Este, el balneario más chic de Uruguay.
Una crónica expresa, que “en el garaje está estacionado su Nissan Máxima negro, un sedán deportivo de 300 caballos de fuerza que no está disponible en la nómina comercial de vehículos que la marca japonesa ofrece en el mercado local (…) Toma se jacta de que ese auto no se consigue en Uruguay y que se lo mandó traer especialmente”. Además, para engalanar su casa de Punta del Este adquirió en uno de los viveros más caros de la zona, plantas por un valor de miles de dólares.
De profesión abogado y cuna humilde, su ascenso económico lo hizo defendiendo a los poderosos o asesorándolos con éxito, aprovechando los cargos que tuvo dentro del Estado. Al principio, Toma desarrolló su ascendente carrera dentro del Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante su participación en el archivo de informes polémicos y poco conocidos públicamente.
Uno de los primeros casos que lo llevarían más tarde a ser la mano derecha de Tabaré, ocurrió en 1995. En ese entonces, Toma era director del Departamento Jurídico del MSP. Debido a esa posición, fue designado el instructor de la investigación ordenada por el entonces ministro Alfredo Solari, para determinar si Tabaré Vázquez había incurrido en conjunción de interés público con el privado, cuando en su calidad de jefe de radioterapia había recomendado al Instituto Nacional de Oncología (INDO) la compra de servicios médicos a la empresa Nuclamed, cuyo representante en Uruguay era su hijo Javier.
Toma emitió un informe en el que estableció que si bien, Vázquez había enviado al director del INDO un documento solicitando la compra de equipos en el que adjuntó fotos con el nombre de la empresa que representaba su hijo, “no existieron actos o hechos irregulares”. El caso se cerró sin consecuencias legales.
Otro eslabón relevante en su ascendente carrera ocurrió unos diez años después, cuando Vázquez ya se perfilaba como el próximo presidente de la República. El hecho sucedió durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005). En aquel entonces, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió un duro informe sobre el estado de las clínicas en los que se trataba a enfermos de cáncer. Se señalaba que “la situación es francamente alarmante y requiere de corrección a la brevedad posible. Es necesario hacer presente que el problema no es solamente de equipos de irradiación sino que también de toda la infraestructura necesaria para poder realizar radioterapia”.
De las doce clínicas relevadas para hacer el informe, únicamente dos estaban en condiciones “técnicamente aceptables”: la de los hermanos Leborgne —prestigiosos y muy estimados— y la del hospital Pereira Rosell.
El informe de la OPS aseguraba que las otras diez —entre las que estaba el Consultorio de Oncología y Radioterapia (COR), uno de cuyos dueños era Tabaré Vázquez— “habían irradiado a pacientes durante años sin tener las condiciones apropiadas de tratamiento clínico”.
En consecuencia, COR estaba en la lista de clausura del Ministerio de Salud Pública. Sólo el ministro y dos asesores (uno de ellos era Toma) sabían que eso iba a pasar. Pero entonces ocurrió algo “extraño”: poco antes de que el ministro firmara la clausura, llegó una resolución de otro ministerio señalando que la inclusión del COR en la lista de clínicas irregulares era un “error desde el punto de vista administrativo” debido a que ese centro ya había resuelto sus problemas. Ergo, a pesar del informe de la OPS que la incluía, COR siguió funcionando.
Las suspicacias se originaron debido a que ni bien ganó Vázquez la presidencia (2005-2010), nombró a Toma en un alto cargo estatal a pesar de que provenía de otro partido político: primero fue designado director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y en 2008 lo nombró Secretario de la Presidencia. Luego, durante la administración de José Mujica, fue fiscal de gobierno. Desde ese rol, fue uno de los que elaboraron los informes que llevaron al Poder Ejecutivo a perdonarle al empresario futbolístico Francisco “Paco” Casal una deuda millonaria que mantenía con la Dirección General Impositiva. Mujica siempre dijo que el informe elaborado por Toma fue decisivo.
Cuando Vázquez asumió su segunda presidencia en 2015, designó de entrada a Toma como Secretario de la Presidencia. En esos cinco años fueron muchísimas las denuncias y los rumores que circularon sobre su desempeño: “Que benefició a Casal mediante algunas resoluciones, que siguió asesorando a varias mutualistas, que continuó ejerciendo como abogado en un estudio particular y que tuvo como clientes a inversores en el Estado”.
Andrés Danza —editor y director periodístico de Búsqueda— expresa que al semanario le llegaron varias denuncias sobre eventuales ilícitos de Toma. Señala que “en la mayoría de los casos de fuentes anónimas, y las confirmadas fueron publicadas. Ante la primera consulta que le realizó un periodista del semanario sobre uno de esos puntos, Toma contestó con un mensaje muy agresivo y amenazante, casi mafioso”.
Sin embargo, nunca se le pudo probar nada penalmente. Pero ahora parecería que al igual que le pasó a Al Capone, un desliz ocurrido durante 2019-2020 (al final del mandato de Vázquez) podría hacer que su suerte se modifique. El hecho es muy menor con respecto a los otros temas de los que se le acusa, pero ha sido el único del que parecería que existen pruebas que lo incriminan. El asunto es que aprovechó viajes oficiales a Italia y Estados Unidos para llevar de acompañante a una hermosa joven —cuarenta años menor que él— a costa del erario público. La información y alguna foto irrefutable de tal circunstancia la brindaron los medios de prensa.
Ese fue el puntapié inicial para numerosas investigaciones de todo tipo: judiciales, políticas, administrativas. Se activó el interés por lo que durante décadas se mantuvo en las sombras.
Una fuente cercana a la investigación administrativa que se le está realizando a Toma, declaró que “Tropezó, dio un paso en falso. Es raro, porque se destacaba por su inteligencia y meticulosidad”.
Posiblemente, lo que pasó es que se descuidó debido al sentimiento de impunidad que lo embargaba, dado que siempre había caído de pie. Sea como sea, de todas las “travesuras” que realizó a lo largo de carrera funcional, parecería que finalmente caería por la más tonta.