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“Si realmente estás comprometida, tienes que estar dispuesta a prostituirte para financiar al partido”. Eso escuchó una joven que aspiraba a formar parte de los Grupos de Acción Popular (GAP), la organización de ultraizquierda chilena que hoy llama a rebelión en los liceos emblemáticos de Santiago para reclutar a menores. La condición era excluyente.
La historia es cruda. Era 2007, esta presunta víctima en aquel entonces era menor de edad, tenía 15 años, y cursaba la secundaria, con el deseo de incorporarse a una instancia política para ayudar a niños de las zonas más vulnerables de Chile. Ella creyó que lo había conseguido cuando comenzó a impartir talleres de música junto a dirigentes de los GAP.
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Seis años después de iniciar su colaboración, sin empleo formal, y atravesando un cuadro de depresión, enfrentó las primeras agresiones físicas y psicológicas. “Me obligaron a prostituirme en distintas ciudades chilenas bajo la amenaza de hacerme daño a mí y a mis seres queridos por ‘traicionar las necesidades del partido’”, asegura la joven que, bajo el seudónimo de ‘Javiera Sarraz’ en Instagram, relata y difunde su historia, la cual fue ampliada por El Líbero.
¿Proxenetas dentro del GAP?
En su posteo en la red social, ‘Javiera Sarraz’ identifica a los miembros de los GAP, quienes ella afirma que habrían actuado como proxenetas, con las iniciales de sus nombres M.B.P.H y P.E.C.A. La denunciante responsabiliza a ambos —un hombre y una mujer que ahora rondan los 42 años de edad— de acercarse a su barrio con la promoción de ideales progresistas para captar a estudiantes. «A mí, las razones por las que planteaban luchar y organizarse me hacían sentido», confesó.
Ella confió. Le asignaban responsabilidades políticas, entre ellas, liderar asambleas populares de al menos 400 vecinos cada una, pero la distancia con su familia y entorno de amigos creció, por ser considerados un «obstáculo» para «salir a militar».
Explotación dentro y fuera de Chile
La separación de la red de apoyo formaba parte de una “maniobra” para trasladarla desde Chile a Argentina bajo la excusa de participar en actos políticos que, finalmente, terminaban en supuestos “servicios de compañía” en prostíbulos, de acuerdo con el testimonio que ofreció ‘Sarraz’.
Incluso, la denunciante recuerda que uno de los principales dirigentes involucrados de los GAP —una persona que, según afirma, aparecía en televisión y gozaba de legitimidad política— le suministraba ansiolíticos para aliviar el estrés que le provocaba la denominada “militancia activa”. También lo acusa de apropiarse del dinero obtenido por la explotación sexual.
Desde hace cuatro años, ‘Sarraz’ utiliza sus redes sociales para visibilizar su experiencia. En sus publicaciones expresa su “repudio absoluto” y su “rabia” contra los GA,P por la “utilización de sus miembros mujeres para fines como la prostitución y la trata”.
Justicia indaga bajo reserva
El Ministerio Público chileno tiene en sus manos la denuncia presentada por ‘Sarraz’ en agosto de 2022. A cuatro años de la querella, la investigación a cargo del fiscal Patricio Norte está vigente y continúa con diligencias junto al equipo de la Policía de Investigaciones.
Sin embargo, el expediente identificado con el número 2200843988-9 permanece bajo carácter reservado, debido a que “se investigan posibles ilícitos de violación y trata de personas”.
La denunciante también interpuso una querella ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) de Argentina contra uno de los acusados, después de detectar que este figura como alumno en al menos cinco universidades públicas argentinas: la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional, sede Haedo; la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela; y la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca.
