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En Venezuela, hay diez sacerdotes de la Iglesia católica involucrados en denuncias de abuso sexual infantil. La mitad de ellos está en libertad. Unos la obtuvieron antes de tiempo, otros jamás pisaron la prisión y tres regresaron al ministerio como si nada pasó.
Una investigación de The Washington Post revela dos tragedias detrás de los casos: las víctimas pertenecen a entornos pobres y vulnerables -sometidos hasta con armas de fuego para complacer a los presbíteros- y la posible colusión entre un sistema judicial corrupto y la Iglesia para proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas.
“Hay un sistema macabro” entre la Iglesia y el Estado, confesó una monja que habló bajo la condición de anonimato al medio por temor a represalias. “Las familias necesitan ayuda, comida, todas las cosas que provee la Iglesia en las comunidades pobres, y los perpetradores usan esto para llegar a las víctimas y mantenerlas calladas”.
Sin profundidad
Los casos estremecen. Sin embargo, el clero venezolano maneja la situación con guante seda en un comunicado donde, sin mencionar a ninguno de sus miembros, ni especificar cuántos están inmersos en denuncias, sólo señala que la Conferencia Episcopal (CEV) ha “procurado las investigaciones y los procesos, según la legislación eclesial sancionando a sacerdotes y otros miembros de la Iglesia a quienes se les ha comprobado que han cometido delitos”. ¿Quiénes son? ¿Qué pasó con las víctimas? Ni una palabra. Alegan “respeto y confidencialidad” al respecto.
En la misiva suscrita por el obispo de San Cristóbal y primer vicepresidente de la organización, Ángel Caraballo, obispo de Cabimas; Ricardo Barreto, obispo auxiliar de Caracas y Fray Eddy Polo, presidente de la Conferencia Venezolana de Religiosos y Religiosas; hay silencio a cambio del compromiso de “hacer de las instancias de Iglesia lugares seguros para todos”.
También anuncian la creación de una Comisión de Prevención, conformada por obispos, presbíteros, religiosas y fieles laicos para recibir denuncias de abuso. Lo hacen siguiendo las directrices y normas establecidas por los últimos Papas en el documento compartido en su cuenta de Twitter.
#CEVNoticias CEV sobre Protocolo de Prevención de Abusos: "hacer de nuestras instancias de Iglesia lugares seguros para todos" https://t.co/0LnjMfFL3I #AsambleaCEV
— Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) July 8, 2022
Sin tiempo
“Estamos conscientes que siempre se puede hacer más, y estamos dispuestos a hacerlo en sinergia con otras instituciones a fin de erradicar todo posible abuso en la Iglesia y en la sociedad”, admite la CEV.
Por otra parte, un informe de la Red Internacional de los Derechos del Niño (CRIN por sus siglas en inglés) vaticina “una tercera oleada” de revelaciones y movilizaciones ante los abusos eclesiásticos en América Latina, después de las primeras oleadas de denuncias registradas en Norteamérica e Irlanda y luego en Europa y Oceanía.
Pero “la influencia de la Iglesia católica en América Latina es muy fuerte”, dijo a Deutsche Welle el exsacerdote mexicano Albert Athie, quien recuerda el informe que el Comité de Derechos del Niño de la ONU presentó ante la Santa Sede en 2014, en el que se habla de “decenas de miles de casos” de abusos sexuales dentro de la Iglesia.
Entre los reportes
En el caso de Venezuela, la CRIN revela que el primer caso de abuso sexual en llegar a los tribunales en el país data de 2013, cuando un sacerdote fue acusado de propasarse sexualmente con cuatro niñas y mujeres, cuyas edades oscilaban entre 14 y 22 años.
Después se sumó el caso diez niños huérfanos que denunciaron haber sido abusados sexualmente en un hogar administrado por la iglesia para niños con VIH por el mismo sacerdote en 2013 y luego en 2018, un cura fue detenido por haber abusado sexualmente de una niña durante tres años.
En el mismo balance destaca que existe una práctica de encubrimientos especialmente pérfida conocida como el “traslado terapéutico”, que consiste en cambiar de lugar pastoral a los sacerdotes vinculados a abusos, incluso al extranjero, para tratar de ocultar sus delitos y escapar de las investigaciones y la acusación de la policía.
Así ocurre desde 2002 en América Latina cuando comenzaron a surgir los primeros casos en Costa Rica, Paraguay, Panamá, Chile y Argentina. Dos décadas después, la práctica resulta inviable. Las víctimas lo impiden tras perder su temor a levantar la voz.
