Fuera del camino del régimen de Daniel Ortega quedarán las organizaciones no gubernamentales de Nicaragua con la aprobación y entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros que las castigará con multas o la cancelación de sus permisos para operar en el país centroamericano si no notifican cómo gastan los recursos o donaciones que reciben de otras naciones.
La ley suspende los derechos políticos de los llamados “agentes extranjeros” y autoriza la confiscación de sus bienes con el argumento de la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado, sostiene la Sociedad Suiza de Radiotelevisión (SWI)
Es la misma disposición promulgada por Vladimir Putin en Rusia a finales de 2019 para declarar “agentes extranjeros” a los medios foráneos. Bajo esa denominación están nueve medios en Moscú, entre ellos la emisora Voz de América (VOA), uno de los servicios nacionales de Radio Libertad, el canal “Nastoyaschee vremia” (Tiempos Actuales) y varios portales.
Ortega la adaptó. Su normativa se centra en restricciones contra 7000 ONGs, de las que unas 2000 se prevé que cesarán sus operaciones.
Rechazo general
La poeta Gioconda Belli, presidente de PEN Nicaragua, una organización que impulsa el estímulo de la lectura y el apoyo a los escritores nacionales, ya anunció la cancelación de sus operaciones. Así lo informa la Voz de América.
En una carta pública, Belli señaló que la ley de Agentes Extranjeros, con sus “infinitos requisitos”, la sueca We Effect le siguió los pasos y anunció el cierre de sus operaciones “con efecto inmediato” después de 35 años.
Sus cierres se deben a que “la Ley de Agentes Extranjeros es parte de una combinación de legislaciones aprobadas por el oficialismo en 2020 con el fin de paralizar y espiar económicamente a todos los que se opongan al mandatario sandinista”, revela VOA. Libros, películas, anuncios y hasta pinturas serán “criminalizadas” por el nuevo marco legal.
Elecciones sin radares
Con sanciones que van desde las 300 a las 500.000 “unidades multas” – que no fueron especificadas en la reglamentación, ni en la legislación– Ortega impondrá su marco legal.
Eso es una estrategia considerando que la ley y sus multas se establecen a nueve meses de los comicios generales del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega se jugará su dominio casi total de la política local con la postulación a un cuarto mandato.
La oposición en el país centroamericano así lo interpreta. Cree que el objetivo de Ortega es sacar del juego político a grandes grupos disidentes como el Movimiento Campesino, la Coalición Nacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, partidos políticos adversarios y organizaciones de la sociedad civil que promueven un cambio de Gobierno.
“La intención del régimen Ortega-Murillo es reforzar la censura e impedir a ciudadanos nacionales que se organicen, que se expresen libremente y quieran optar en el ejercicio de sus derechos a un cargo de elección popular”, explicó a la Voz de América la socióloga María Teresa Blandón, quien dirige la ONG La Corriente.
Sin competencia
Para otros, “Ortega se prepara para limitar toda competencia, luego aumentará la represión, acompañada de prebendas clientelistas y al final del proceso va a emplearse a fondo con todos los medios para lograr una victoria sin dificultad», dijo Manuel Orozco, director del Centro para la Migración y Estabilización Económica, con sede en Washington a AFP.
A Ética y Transparencia, que surgió casi tres décadas atrás como un organismo de observación electoral sin fines de lucro y sin filiación partidista, donde convergieron un grupo plural de profesionales, académicos y empresarios nacionales, la sacó del escenario pero deja con privilegios a los funcionarios estatales, cuerpos diplomático, inversionistas quienes no tendrán que notificar sus ingresos.
La norma es un “paquete” de la ley de ciberdelitos, que castiga cualquier información que el Gobierno considere como amenaza. Activistas locales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lo asumen como una violación “sistemáticas” de los derechos fundamentales.
Bajo tensión permanente
El personal de las organizaciones no gubernamentales ya siente el impacto de la nueva normativa. Redes de ONGs denuncia que están “sometidos a un estado de tensión permanente” ante la amenaza de su “muerte civil” debido a la aplicación de la ley, según reseña La Prensa.
Las dificultades se multiplicaron en las últimas semanas para recibir cooperación externa a través de la banca privada. Las entidades imponen obstáculos para activar cuentas que permitan la ejecución de proyectos a pesar de que las organizaciones entregan las certificaciones requeridas y una rendición de cuentas pública.
“La ley legaliza un estado de persecución y es auto incriminatoria de todo lo actuado por las organizaciones y la ciudadanía crítica u opositora”, acusa la plataforma de Redes de ONGs está conformada por seis redes y 100 organizaciones no gubernamentales que también alega inconstitucionalidad en contra de la ley.
Un camino preparado
La Asamblea Nacional de Nicaragua le facilita el camino a Ortega desde hace dos años. Antes de aprobar la “Ley Putin” abonó el camino en contra de las organizaciones cancelando la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la principal organización en esta materia en el país que denuncia los desmanes del régimen.
Así comenzó la venganza hacía los activistas. Fue un golpe duro que se extendió a Hagamos Democracia, otra plataforma dedicada a fiscalizar la actuación del legislativo nicaragüense. A partir de entonces, el sandinista impulsó una nueva fase de represión antecedida por el ataque a las manifestaciones que dejó 325 muertos, 500 encarcelados y 2000 heridos, a través de la denominada “Operación Limpieza” y el arresto de los rostros más visibles de la llamada “insurrección de abril”.
Realidad sin justicia
Pero el parlamento está de espaldas a esa realidad y funciona como caja de resonancia de Ortega. Desde su curul como presidente de la instancia, Gustavo Porras, funge como un “operador político” para autorizar las normativas de censura de las organizaciones sociales sin fines de lucro.
Con su anuencia también se cercenó el trabajo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), un centro del pensamiento dedicado a la fiscalización del presupuesto público y al análisis en temas de defensa y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS).
Mediante el Ministerio de Gobernación (equivalente a un ministerio de Interior) se activan mecanismos similares, como citar a los directivos del Centro de Investigaciones de las Comunicaciones (Cinco) para que presenten los libros contables de la organización por estar fundado por los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Sofía Montenegro, dos de las voces más críticas.
Estados Unidos en contra
El Gobierno de Joe Biden tiene sus ojos en Managua. En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, revela que “Estados Unidos está profundamente preocupado por la creciente represión en Nicaragua”.
Desde Washington consideran que las acciones del régimen bajo la llamada ‘Ley de Agentes Extranjeros’ forzaron el cierre de dos bastiones de la libertad de expresión: el capítulo nicaragüense de PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
La Casa Blanca mantiene la posición de que Ortega conduce al país a una dictadura y rechaza la suspensión de operaciones de ambas instancias porque “estos hechos asfixian aún más a la sociedad civil nicaragüense y alejan al país de unas elecciones libres y justas en noviembre”, advirtió el Departamento de Estado.