Inmunizar a los venezolanos contra el coronavirus es la nueva baraja del juego político en Venezuela que reúne según sus intereses al régimen de Nicolás Maduro, el interinato de Juan Guaidó y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en una partida donde el diálogo, el pago de deudas y las vacunas abren paso a las tácticas.
La ronda no está fácil y el tiempo se agota para que alguno de los tres participantes alcance sus objetivos. Por un lado está el chavismo que ante sus problemas de liquidez y escaso acceso al sistema financiero internacional planteó obtener el dinero que necesita para comprar las 1,4 millones dosis al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 ( COVAX por sus siglas en inglés, COVID-19 Vaccines Global Access) vendiendo parte de los 2000 millones de dólares en oro que el país tiene en Gran Bretaña asegura Nuevo Herald.
Sin embargo, esos activos están congelados a la espera de un juicio por parte de la Corte Suprema británica que en esencia determinará a quién Gran Bretaña considera como el verdadero líder de Venezuela.
Una disputa para acordar
Mientras del otro lado del mundo deciden el paradero de los recursos, el régimen acusa a Guaidó de bloquear los fondos que necesita para adquirir las vacunas de la OPS. Uno de los encargados de vociferarlo es el presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez.
Su discurso sostiene que “con los fondos bloqueados en el exterior, Venezuela podría fácilmente pagar todas las vacunas contra el COVID-19 para cubrir a los más de 30 millones de venezolanos” pero “el principal sueño de Guaidó es apoderarse de ese oro” reseña Nuevo Herald.
La oposición, por su parte, rechaza las acusaciones y convierte al régimen en la fuente del problema. Para Guaidó se trata de una “propaganda de la dictadura para tratar de disculparse, señalar con el dedo y confundir al mundo entero” cita el medio.
Acá es donde la instancia de salud entra en el juego. Ciro Ugarte, director de Emergencias Sanitarias de la organización reveló que “muchos actores de la comunidad internacional” trabajan “arduamente” para lograr que Venezuela tenga acceso a las vacunas. Pero para eso hay reglas. “Se requiere más discusión, más acuerdos”.
Y la OPS no se quedará al margen. “Si todos ponemos de nuestra parte para continuar en nuestras negociaciones, eso beneficiaría a la población venezolana dentro como fuera de Venezuela”.
Un pago para aflojar
Mediar no lo es todo esta vez para la Organización Panamericana de la Salud. La realidad es que la instancia pasa sus facturas en el conflicto. La agrupación de las Naciones Unidas es la administradora del mecanismo COVAX en América Latina y desde ahí mueve sus interés bajo la premisa de una “distribución equitativa”.
Sus disposiciones la delatan. De los 72 países que presentaron solicitudes para recibir a través del programa piloto “Primera Ola” anticipadamente una cantidad limitada de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, Venezuela no calificó. El comité independiente basándose en criterios de riesgo e impacto de la pandemia, las tasas de mortalidad, la cantidad de dosis disponibles y la factibilidad para su uso inmediato no halló a la nación como prioridad sino a Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú se lee en su web. La mayor cantidad de dosis será enviada a Brasil, con 10,7 millones; seguido de México, con 6,5 millones; y Colombia, con 2,7 millones.
Venezuela tampoco figuró entre las naciones que recibirán vacunas subsidiadas porque “no es considerada una de las diez naciones de escasos recursos de las Américas, que las recibirán sin costo” como sí lo hará Nicaragua, que comparte el mismo sistema socialista difundió Los Angeles Times
Para entrar en la cadena, el régimen tiene que pagar los 18 millones de dólares que le debe al programa, de lo contrario, se mantendrá fuera de los beneficios de la plataforma y además con el voto suspendido dentro de la organización mientras mantenga la deuda por contribuciones desde 2017 a la fecha afirma Voz de América.
Mañana vence el plazo para que lo haga. Las probabilidades de que ocurra son adversas debido a que “todavía hay algunos problemas con respecto al pago porque Venezuela es un país de alto financiamiento” señala la OPS en el Nuevo Herald.
Sin condiciones a favor
En caso de que las partes en conflicto cedan al contexto, la implementación de cualquier programa de vacunación corre riesgos por la recurrente crisis energética analiza Nuevo Herald considerando que “la mayoría de las vacunas desarrolladas hasta ahora deben ser refrigeradas, algunas de ellas a muy bajas temperaturas” apunta el diario estadounidense.
De esa manera “es impensable lanzar la campaña de vacunación sin acceso territorial, y allí es donde cualquier respuesta humanitaria se complica realmente”. Y ahí los terceros son necesarios. El régimen tendría que permitir que la ayuda para que el programa sea implementado bajo principios humanitarios y bajo la dirección de las agencias de las Naciones Unidas en el terreno.
Esa es una condición de la oposición. El monitoreo de las vacunas debe encomendarse a “actores internacionales o independientes” tomando en cuenta que “Maduro ya violó un pacto anterior alcanzado entre su régimen, la oposición y la OPS para distribuir equipos de protección para el personal médico y kits de prueba” recuerda el portal.
El equipo arribó al país pero nunca se distribuyó y solo se utilizaron 3000 de los 340.000 kits de prueba enviados a Venezuela.
La única esperanza de Maduro es por ahora la vacuna rusa sobre las que las dudas disminuyeron ligeramente tras un artículo publicado en The Lancet donde se confirma una efectividad de 92 por ciento.
El artículo constituye la primera publicación con información técnica sobre el Sputnik V que desde Venezuela, los gremios consideraban “una droga experimental que el régimen estaba a punto de imponer sobre la población sin que fuese examinada por la comunidad científica internacional” señaló NH. La lealtad de Moscú está también en la mesa.