Rechazado. Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, seguirá preso en Cabo Verde. El Supremo Tribunal de Justicia le negó la solicitud de libertad.
El principio de habeas corpus presentado por sus abogados, el cual otorga a un detenido el derechos a comparecer ante el juez para que resuelva si su arresto fue o no legal, resultó en este caso improcedente, informó Canal 1.
La decisión del máximo tribunal del país africano declinó el argumento de la defensa que sostenía que Saab tiene “excedido el periodo máximo permitido para permanecer en prisión”, con lo cual alegaba que está “detenido ilegalmente” desde el 12 de junio.
El exjuez español, Baltasar Garzón, quien lidera el equipo defensor, reclama que “el plazo máximo de privación es de 80 días”.
Su intención es que su cliente “permanezca en libertad, bajo vigilancia, hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva”, apuntó EFE.
Prórroga estratégica
Pero el Supremo Tribunal de Cabo Verde dictaminó además que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar una prórroga de la detención, apuntó la nota de Canal 1.
La instancia también rechazó la petición de arresto domiciliario por no considerar los alegatos de supuesto deterioro de salud.
Además desestimó la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).
Lo único obtenido por el acusado de lavar 250 millones de dólares en nombre de Maduro fue atención médica externa.
Extradición sigue su curso
Saab fue detenido por solicitud de Estados Unidos cuando su avión hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Cabo Verde. Desde entonces espera el fallo sobre su extradición a suelo estadounidense que continúa su curso.
Su nombre resonó cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
El empresario de origen libanés está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecio al régimen de Maduro alimentos y víveres para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa de subsidios gubernamentales.
Washington también presentó cargos contra su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quien acusa de cometer fraudes a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según Estados Unidos, ambos se confabularon para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.