Ante la polémica por el extravío de la carta enviada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a las autoridades norteamericanas, la Procuraduría abrió una indagación preliminar a varios funcionarios de los Ministerios de Justicia, de Relaciones Exteriores y de la empresa de Servicios Postales Nacionales S.A., 4-72, por presuntas irregularidades.
Al respecto, se ordenó la práctica de varias pruebas con el fin de individualizar posibles responsables y verificar los procedimientos adelantados por la estatal de mensajería 4-72, con el fin de determinar si se omitió algún protocolo de actuación que hizo que el documento no llegara a tiempo a su destino.
El plazo estipulado para hacer llegar la carta rogatoria se cumplió el pasado lunes 28 de enero, la JEP estableció 40 días para recibir información de la justicia estadounidense, y dos días después, -el miércoles 30 de enero-, se conoció que la carta nunca llegó a su destino sino que estaba extraviada en Panamá.
Pese al escándalo, la JEP decidió otorgar una prórroga por 20 días más para recibir la asistencia judicial solicitada a Estados Unidos.
?#COMUNICADO
La Sección de Revisión de la @JEP_Colombia prorroga por 20 días el plazo para recibir asistencia judicial solicitada a Estados Unidos en caso Hernández Solarte. pic.twitter.com/hY7CyAxcAI— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) February 4, 2019
La ministra de Justicia al ser cuestionada por la inoperancia, sostuvo que se había enviado la carta a través de la estatal de mensajería 4-72 y que “lo único que no funcionó fue el servicio postal”.
El exfarc Jesús Santrich se encuentra preso desde el 9 de abril de 2018 preso, quien es acusado del delito de conspiración para exportar cocaína hacia Estados Unidos.
Mientras tanto el movimiento Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) pide su libertad y añaden que se trata de un “montaje”.
“Hoy ya no se discute si hubo o no un montaje, porque se tiene la certeza de que estamos ante una operación de “entrampamiento” de la DEA , con complicidad de las autoridades colombianas, es decir ante una puesta en escena para tender una trampa a un objetivo. Lo que se discute es cuáles elementos son reales y cuáles ficción en todo este show”, se lee en un comunicado que lleva por titulo “El ABC del montaje contra Jesús Santrich”.
Por su parte, el abogado penalista Francisco Bernate, señaló que el papel de la JEP en la extradición de Santrich ha sido de “extralimitación”.
“Resulta una verdadera afronta al ordenamiento constitucional colombiano y al estado social de derecho, el que la denominada JEP, que a hoy no tiene una ley estatutaria que precise sus funciones, pretenda tomar alguna decisión dentro de este trámite de extradición. Esto toma dimensiones de auténtico despropósito cuando anuncian que la decisión la tomarán basados en un reglamento que ellos mismos profirieron, desconociendo que la extradición es un trámite constitucional que no admite este tipo de tratamientos”.
El experto agregó que por tratarse de una falta de reglamentación de esta justicia especial no se tiene la facultad de determinar si la presunta comisión del delito fue llevada a cabo antes o después a la firma de la paz.
Sin embargo, según la Corte Constitucional la JEP sí puede decretar las pruebas necesarias a pesar de no contar con la ley de procedimiento, esto fue señalado mediante el auto 401/18.