English Version
El traslado del exlíder de las FARC Jesús Santrich a una sede del episcopado en la ciudad de Bogotá por razones humanitarias, debido a que lleva más de un mes en huelga de hambre, provocó una fuerte división en el seno de la institución católica en el país.
La iglesia está tomando partido
Según el abogado Diego Suarez, especialista en derecho penal y criminólogo, la iglesia está tomando partido en lo que evidentemente es un incumplimiento en el acuerdo de paz.
“Somos un país con una crisis en el sistema carcelario y nunca la Iglesia Católica ha ejercido protagonismo alguno que busque salvaguardar los derechos de quienes padecen incluso enfermedades terminales en los diferentes centros reclusorios. Y si eso se suma a que la dolencia del señor Santrich es autoinflingida, pues equivocado mensaje se envía a quienes pueden llegar las mismas circunstancias judiciales”.
En opinión del experto, el traslado de Santrich no tiene viabilidad jurídica, por el simple hecho de que las sedes eclesiásticas no tienen la calidad de establecimiento carcelario.
“En especiales casos, en nuestra historia judicial, la entidad encargada de vigilar a los reclusos (Inpec) cede su función a establecimientos militares o de policía, pero por motivos de seguridad del procesado. De tratarse de una actuación humanitaria, bien podría la iglesia haber exigido a la autoridad penitenciaria el suministro permanente de servicio médico y el tratamiento respectivo en el lugar de reclusión”.
En lo que tiene que ver con la calidad de sede diplomática del episcopado, manifestó “si bien la Iglesia Católica es una institución con reconocimiento político, con sede en el Vaticano, podría entender que cualquier infraestructura de esta en cualquier lugar del mundo pueda tener la condición de sede diplomática, lo que en mi criterio no es cierto”.
El jurista ratificó entonces que no es la condición del episcopado, cuya sede es eminentemente de carácter administrativo y su objeto único es el lugar de encuentro de los obispos colombianos para determinar y ejercer funciones pastorales.
“Respecto del proceso creo que ese traslado busca ganar tiempo para elaborarse alguna estrategia jurídica que impida su proceso de extradición, motivo por el cual definitivamente es temporal. Determinante será -por supuesto- el resultado de los comisionados presidenciales que se surtirán en dos semanas.”
Iglesia Católica con opiniones divididas
El presidente del Tribunal Eclesiástico de Bogotá, monseñor Alirio López, se apartó de la decisión tomada de la Conferencia Episcopal.
«Sí, la vida es sagrada, pero me aparto de la decisión de la Conferencia Episcopal de permitir que Santrich haya salido de la cárcel a la Fundación de la Pastoral Penitenciaria. Él debe ser extraditado. Son muchos los crímenes que lleva en su conciencia», puntualizó.
Y fue vehemente al señalar, «¿cuántos de los secuestrados por las FARC murieron de hambre? por favor, no agrande el problema, tome conciencia que es necesario que regrese a la cárcel y que espere la decisión de la extradición”.
Al mismo tiempo, recordó el cruel caso de Andrés Felipe Pérez, de 12 años, quien murió en 2001 suplicando que su padre, el cabo José Norberto Pérez, fuera liberado por la guerrilla de las FARC que lo secuestró el 17 de marzo del 2000: «el rostro de aquel niño que se moría de cáncer, que suplicaba ver a su papá y murió sin verlo porque Jesús Santrich lo tenía secuestrado», agregó.
El presidente del Tribunal Eclesiástico, monseñor Pedro Mercado, también se pronuncio sobre el caso Santrich.
«Con el traslado de Santrich, sindicado de narcotráfico, a una sede eclesiástica se crea un grave precedente jurídico y moral. Personalmente, me aparto de esta decisión que considero injustificada e inoportuna”, explicó el religioso en su cuenta en Twitter.
De manera que, a Mercado le preocupa la salud de Santrich, pero a su juicio «debieron buscarse opciones distintas dentro de los cauces ordinarios existentes en el sistema judicial y penitenciario colombiano, y no crear esta situación única y excepcional».
La reclusión de Santrich en la cárcel de máxima seguridad La Picota el pasado 9 de abril obedece a la exigencia de una Corte de Nueva York por presunta conspiración por tráfico de 10 toneladas de cocaína hacia el país norteamericano.
Discusión sobre post