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En un artículo publicado por el New York Post realizado por Monica Crowley, investigadora senior en el London Centre for Policy Research, que lleva por título “Los contribuyentes estadounidenses no deben financiar el horrible acuerdo de paz de Colombia” denuncia que el Acuerdo Santos-FARC no debe ser financiado por contribuyentes estadounidenses debido a la falsa paz del grupo guerrillero.
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Denuncia la investigadora que el acuerdo logrado entre el presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC es un camino hacia la dictadura y que pone en riesgo la agenda de seguridad del presidente Donald Trump y la lucha contra las drogas.
Asimismo, relata el texto que para los ojos de EE.UU. el grupo guerrillero sigue siendo catalogado por ese país como un grupo narcoterrorista; tras 52 años de financiación de su cuerpo político a través de la producción de drogas y posterior envío a los Estados Unidos difícilmente este grupo abandone este tipo de prácticas.
Es así como los expresidentes Pastrana (1998-2002) y Uribe (2002-2010) intentaron realizar una negociación con el grupo guerrillero, sin lograr acuerdo alguno, debido a las demandas onerosas de las FARC.
La investigadora Crowley, añade que el Acuerdo Santos-FARC fue logrado a través de un acuerdo tácito y unilateral tan dañino para el sistema democrático y constitucional del país que se exigió un referendo el que conocidamente fracaso. En el mes de octubre del año 2016, el acuerdo fue rechazado.
El escrito hace énfasis en que las FARC poco o nada han cedido en su ideario político, el cual pretende establecer legítimamente su ideología en el país colombiano. Se pregunta la investigadora ¿Y qué concedieron las FARC al acuerdo?
“Poco más allá de comprometerse a entregar una fracción fácilmente reabastecida de sus armas y voluntariamente reducir la superficie de drogas que controla, pero sólo por una pequeña cantidad – son promesas que van lentamente en cumplirse.”
“Las FARC se dividieron en dos entidades: a) las FARC política, para negociar y respetar el acuerdo y participar en la política, y b) el negocio de las FARC, que, desvinculado por los términos y no obligado para desarmar, probablemente continúe su producción y exportación de drogas ilícitas.”
Señala la autora que Santos controla las tres ramas del poder público, cuya independencia se ha visto gravemente comprometida.
“El sistema democrático colombiano está en peligro de caer en una dictadura controlada por el narcoterrorismo y el socialismo radical a la Venezuela o una toma de poder militar que probablemente da lugar a un caos sangriento.”
Finalmente señala
“El acuerdo de las FARC necesita cambios significativos para preservar la democracia en Colombia. El pueblo colombiano desea la paz, pero su precio no debe ser la entrega del gobierno a los narcoterroristas o militares – con una sustancial ayuda en dinero de la sangre de los contribuyentes estadounidenses.”
Fuente: New York Post
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