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Por Yaël Ossowski
Llámalo interferencia electoral, censura, o simple editorialización, pero Twitter y Facebook han bloqueado varios artículos del New York Post esta semana y han recibido muchas críticas.
Las historias alegan que Hunter Biden, hijo del exvicepresidente Joe Biden, presentó a su padre al asesor energético ucraniano Vadym Pozharskyi después de recibir un cómodo asiento en la junta directiva de la empresa Burisma, con 50 000 dólares al mes. (Otras empresas han impugnado el informe).
No hay duda de que las redes sociales cuestionadas tomaron una mala decisión. Desactivar el enlace en las diferentes plataformas hizo que más gente lo buscara, creando un «Efecto Streisand» de proporciones masivas.
Pero el contenido de los artículos no es lo que realmente importa.
Todos somos culpables
La reacción al informe del New York Post revela cuánta presión se ejerce sobre las redes sociales para que cumplan funciones que van mucho más allá de su objetivo. Queremos que simultáneamente vigilen el discurso en línea, mantengan las redes libres para la discusión abierta, y estén atentos a las «noticias falsas» que se difunden rápidamente.
Por lo tanto, es importante entender por qué Facebook y Twitter sintieron que tenían que censurar la historia en primer lugar, y por qué todos nosotros somos realmente culpables. Durante los últimos años, los activistas y los políticos nos han preparado para aceptar las expectativas bizantinas y las regulaciones de las redes sociales.
Desde los documentales de Netflix como The Social Dilemma y The Great Hack hasta las críticas al «capitalismo de vigilancia», muchas voces están pidiendo una mayor regulación de las redes sociales.
La reacción de los políticos
Algunos de la derecha se ríen con ironía mientras el senador Josh Hawley redacta una legislación para derogar el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones o para prohibir el «desplazamiento infinito» en las aplicaciones de los medios sociales. Mientras tanto, algunos de la izquierda se alegran de que los CEOs de tecnología sean arrastrados ante los comités del Congreso y castigados por «permitir» que Trump ganara en 2016.
Hace un par de semana, se reveló que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York quiere un «regulador dedicado» para supervisar las plataformas de medios sociales. Otros estados probablemente seguirán el ejemplo.
Pero lo que todos somos demasiado reacios a admitir es que estas empresas hacen lo que cualquiera de nosotros haría cuando se les somete a escrutinio: giran, se dedican al control de daños, y tienen como objetivo complacer a quienes tengan lanzas en sus puertas. Da igual si se trata de Black Lives Matter o el Presidente Trump.
Facebook se ha comprometido a terminar con toda la publicidad política en línea (perjudicando a las organizaciones sin fines de lucro como la mía) y Twitter ya implementó una política similar el año pasado, alabada por figuras políticas como Hillary Clinton y Andrew Yang.
Internet libre vs. Legislación
Por supuesto, cuando los gigantes de la tecnología censuran o eliminan historias que percibimos que avanzan o dañan a nuestro «equipo» político, todos estamos en pie de guerra. Pero proteger una Internet libre y abierta significa no usar regulaciones o políticas punitivas para frenar a las redes sociales por el escándalo del día.
Los controles políticos sobre el Internet tan anhelados en Washington, D.C. casi siempre terminarán dañando a personas como nosotros que no tenemos poder ni los bolsillos llenos. Perjudica a las pequeñas empresas que utilizan las redes sociales para publicidad, y establece más obstáculos para los usuarios ordinarios que simplemente quieren registrarse con sus amigos y familiares.
La gran tecnología no es poderosa porque tenga dinero, sino porque ha entregado productos superiores, los que han dejado atrás a plataformas como AOL, Myspace y Yahoo.
El fracaso de las soluciones gubernamentales
Las redes sociales han evolucionado desde lugares para conectarse y compartir información a través de las fronteras hasta campos de batalla intelectuales y políticos donde libramos guerras digitales.
Por supuesto, debería haber una regulación en algún aspecto. Pero debe ser una regulación inteligente que mantenga las plataformas relativamente libres y abiertas y proporcione incentivos para la innovación futura. Las poderosas plataformas de hoy en día pueden permitirse el lujo de cumplir con normas engorrosas, mientras que los nuevos participantes en el mercado no pueden hacerlo.
Esto significa que con cada nueva propuesta de reducir las protecciones del artículo 230 o de exigir funciones cuasi gubernamentales de verificación de datos en torno al día de las elecciones, estamos privando a los consumidores de su capacidad para elegir y a los empresarios de la capacidad de innovar.
Por supuesto, la censura selectiva de ciertas cuentas o historias en las redes sociales es mala. Pero las «soluciones» de política ideadas por burócratas tecnológicamente analfabetos y políticos ávidos de poder serían sin duda aún peores.
Yaël Ossowski es Director Adjunto de Consumer Choice Center
