Actualmente México se encuentra enfrentando una fuerte crisis de seguridad, la cual podría posicionar al 2017 como el año más violento de su historia reciente. Ante esta situación el gobierno federal ha buscado alternativas para enfrentar a los grupos delictivos por lo que en el Senado se está debatiendo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que regulariza las funciones del Ejército en el combate al crimen.
El diario especializado El Economista reseña que al respecto de dicha ley las autoridades mexicanas informaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que tenía intención de sustituir poco a poco a los miembros del Ejército que se encuentran en las calles por una policía mejor equipada y preparada.
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Sin embargo, el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, indicó que la Ley de Seguridad Interior no detalla “una estrategia de salida gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas de policía”, pero sí reiteró el “enorme problema en materia de seguridad” que enfrenta esa nación a causa de las “poderosas bandas de delincuencia organizada”.
Desde Ginebra, Suiza, el representante de la ONU indica que luego de diez años que las Fuerzas Armadas salieran a las calles a enfrentar al crimen organizado “la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando abusos y violaciones de derechos humanos”, dentro de estas irregularidades detalla que se han dado “torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”.
Para el Alto Comisionado la Ley de Seguridad Interior “no es la respuesta adecuada” e indica que “podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley”.
“La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además, la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza”, señaló el representante de la ONU, según indica El Excelsior.
La aprobación de esta ley se encuentra envuelta en polémica ya que por otro lado el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ha señalado que esta legislatura “contraviene el principio de máxima publicidad” que se indica en el Artículo 6 de la Constitución, según indica el diario de investigación Proceso.
Y es que en el artículo 8 de la Ley de Seguridad Interior se especifica textualmente:
“La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.
Al respecto, el INAI ha señalado que el principio de máxima publicidad “prevalece por regla general” ya que toda información que esté en manos “de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional”.
Emite INAI posicionamiento sobre el artículo 9 de #LeyDeSeguridadInterior
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Para poder abordar este punto, el INAI ha indicado que espera se le brinde la oportunidad de dialogar al respecto y poder enriquecer la propuesta de ley por parte de académicos, organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
El gobierno federal urge la aprobación de esta ley; sin embargo ha encontrado muchas críticas y solicitud de reformas en el camino, mientras tanto, el país azteca sigue presentando índices alarmantes de inseguridad.