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Autoridades policiales del estado de Sonora, entidad localizada al noroeste de México, detuvieron este martes a Vladimir Arzate Carbajal, exfuncioanrio del Sistema Nacional de Asistencia Nacional de Asistencia Social Pública y Privada (DIF) ya que es acusado de presunta participación en la venta de niños.
Arzate fue detenido en inmediaciones de un rancho que se ubica entre las ciudades de Naco y Agua Prieta, en un operativo llevado a cabo por elementos de la policía, informó la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora.
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El acusado fue trasladado a la ciudad de Hermosillo donde fue puesto a disposición de un juez ante el que responderá por los delitos que se le acusan, mismos que son Suposición, Supresión, Ocultación, Substitución de Infantes, Sustracción y Tráfico de Mennores e Incumplimiento de un Deber Legal.
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En un comunicado, la Procuraduría de Justicia estatal especificó: «la tarde de este martes 27 de septiembre se realizaron los trámites ara que Arzate Carbajal sea internado en el Centro de Readaptación Social 1 de Hermosillo, ya que por ser delito grave no alcanza libertad bajo fianza y deberá llevar el proceso penal en prisión».
Según el procurador de Sonora, Carlos Navarro, unos nueve niños habrían sido vendidos, acción en la que habrían participado al menos dos funcionarios estatales. Las transacciones tuvieron cada una un costo aproximado de US$ 20.000 y se llevaban a cabo desde el año 2012.
«El primer responsable del tráfico de menores es Vladimir Arzate» aseveró el procurador, agregando que paradójicamente, este era el coordinador de la línea telefónica Protege en Sonora, cuyo fin era recibir denuncias de maltrato infantil.
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Entre los menores vendidos, se encontraban algunos recién nacidos, que fueron comprados por ciudadanos de Estados Unidos luego de ser arrebatados a sus madres que en su mayoría tenían problemas de adicciones.
Este hecho se daba en el Centro de Atención Integral a Menores donde en complicidad con empleadas de la institución, el acusado sustraía a los recién nacidos, según detalles dados por el gobernador del estado.
Las condenas que podrían enfrentar los acusados van de cinco a 40 años de prisión.
Fuente: Animal Político
