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Las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República hicieron un llamado al Gobierno federal a aplicar la ley contra el magisterio disidente y a transparentar los acuerdos producto del diálogo que mantienen la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“El Presidente Enrique Peña muestra más interés en sacar de la cárcel a dirigentes de la CNTE, ofrecer una eventual reposición de privilegios, pagarles salarios no devengados y ver cómo reacomoda la reforma educativa al gusto de la disidencia magisterial, que en regresar la tranquilidad y seguridad públicas, dar garantías a la actividad económica e industrial y evitar que niñas, niños y adolescentes vuelvan a perder clases”, dijo el coordinador de la bancada albiazul en la Cámara alta, Fernando Herrera.
En tanto, el líder de los perredistas, Miguel Barbosa, consideró que con la liberación de los dirigentes centistas, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, no existe ninguna razón para impedir que el próximo ciclo escolar 2016-2017 no inicie con normalidad en todo el país.
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“Deben terminar los plantones y las marchas en las entidades afectadas por el conflicto en Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México”, expresó.
Herrera señaló que es preocupante “que en casi dos meses de negociaciones el Gobierno federal se muestre débil y ceda, y la CNTE exija más y anuncie el endurecimiento de sus movilizaciones”.
Señaló que en su afán por encontrar una salida fácil al conflicto magisterial, las autoridades han permitido que la CNTE los rebase y que imponga sus condiciones en los diversos encuentros que han sostenido.
Advirtió que la impunidad no debe ser el resultado del diálogo que el Gobierno federal sostiene con la CNTE.
“En más de 90 días de protestas y movilizaciones, la CNTE ha violentado la paz y la seguridad públicas, atacado y vejado a personas, bloqueado carreteras y vías férreas, ocasionado destrozos en inmuebles públicos y privados, destruido y quemado vehículos, cerrado accesos fronterizos, aeropuertos y puertos mercantes”.
Agregó que estas afectaciones a las actividades comerciales e industriales de diversas entidades, principalmente de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y la Ciudad de México, han dejado pérdidas económicas estimadas por más de USD$405 millones.
Fuentes: Regeneración, Excelsior
