La Dirección General del Sistema Penitenciario en Guatemala (DGSP) tiene registrados 20 mil reclusos, y la capacidad de los penales es de 6.809, lo que implica una sobrepoblación de 13 mil reos en total.
Ese hacinamiento origina una de las primeras actividades ilegales, ya que las cárceles se han convertido en ciudades donde es posible encontrar desde dormitorios individuales hasta comedores y panaderías; algunos bajo forma de rehabilitación.
Los mayores ingresos, tanto para los reos como para guardias y autoridades del Sistema Penitenciario (SP), provienen de las actividades ilícitas, que son manejadas por poderosas mafias que controlan desde la limpieza o el derecho a una cama, hasta las visitas conyugales.
Sólo en los perímetros de la mayoría de cárceles de Guatemala se pueden contabilizar al menos 11 fechorías en las que incurren los reos y que mueven una economía que pasa de varios cientos de miles de dólares, aunque nadie se atreve a establecer un monto. Sin contar las extorsiones, que se han convertido en uno de los más prósperos negocios de grandes estructuras criminales que operan tras las barras.
Una solución a esa problemática, dice Hernán Santos, exdirector de la Escuela de Estudios Penitenciarios, es mejorar la infraestructura y regular el funcionamiento de los negocios.
“El objetivo es quitar el control a los privados de libertad; puede ser por medio de un acuerdo gubernamental o una reforma a la Ley del Sistema Penitenciario”, opinó Santos, y agrega que se deberían establecer las cantidades de dinero que puedan tener los reos, y que se prohíba administrar un comercio propio, pues esa debe ser tarea del Departamento Laboral del SP. Esto aplicaría sólo para los negocios que operan con normalidad y cuyos ingresos las autoridades podrían controlar, y plantear una distribución equitativa para el entorno del recluso y de los penales.
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Están amparados
Aunque el artículo 19 de la Constitución de Guatemala establece que la función principal de Presidios es la rehabilitación del reo, el exdirector de esa institución Anthony Pivaral reconoce que la existencia de comercios regulares es apenas un peldaño en ese objetivo.
Según Pivaral, los negocios son verificados y regulados por la Subdirección de Rehabilitación Social: “cada encargado tiene que dar dictamen para que se autorice la instalación de un negocio. Adentro es una sociedad de consumo, porque en cada lugar hay hasta dos mil personas”, afirma el exdirector.
La Ley del Sistema Penitenciario también se refiere a que los reos no pueden tener artículos de lujo ni ostentosos, y entre los protocolos de seguridad se establece que por cada 30 presos puede haber una televisión; sin embargo, durante las requisas se han encontrado con frecuencia electrodomésticos, máquinas para hacer ejercicios y sistemas de aire acondicionado. Esto solo se explica con el pago de sobornos.
Pivaral reconoce cobros de los reos en situaciones como la visita conyugal y las tareas de aseo diarias. Respecto de la primera, recuerda la cárcel Pavoncito, en Fraijanes. En esta, los días de visita algunos reos sacan colchonetas a los pasillos, colocan divisiones y cobran por el uso de estos espacios. Y en cuanto a la segunda, dice es un mal endémico en los centros penales del país centroamericano.
Fuente: Prensa Libre