El Partido Popular Europeo (PPE) pidió este sábado la celebración de un debate urgente en el Parlamento Europeo después de que la institución anunciase ayer que está estudiando alegaciones sobre la existencia de supuestos pagos a eurodiputados para difundir propaganda afín a Rusia e influir en las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
“Tras las revelaciones sobre la injerencia rusa en Europa, el grupo del PPE pide un plenario urgente en el Parlamento Europeo”, reclamó en un comunicado el grupo popular, que es la formación con más escaños en la Eurocámara y la que ocupa actualmente la presidencia de la institución, ostentada por Roberta Metsola.
El PPE remarcó su “firme oposición a la desinformación y a la propaganda” que, según ellos, lanza el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y afirmaron que este dirigente “representa un peligro para la democracia que debe ser denunciado a todos los niveles”.
Este viernes, un portavoz de Metsola dijo que la presidenta de la Eurocámara ya “está al tanto” de las acusaciones y que “está examinando las alegaciones específicas”.
Todo esto ocurre después de que la República Checa anunciase el miércoles que ha detectado una red de propaganda afín al Kremlin que trata de influir en el Parlamento Europeo y en las elecciones europeas del próximo junio con mensajes contrarios a la integridad territorial de Ucrania.
Es una red sobre la cual también habló este jueves el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, quien aseguró que ha habido “una cooperación muy estrecha” entre los servicios de inteligencia belgas y checos.
De Croo se hizo eco de la existencia de supuestos pagos de Rusia a eurodiputados a cambio de difundir propaganda afín al Kremlin, aunque no nombró a los partidos o a los políticos supuestamente implicados en estas transacciones, ni detalló si la información procedía de sus servicios de inteligencia.
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“Se trata de diputados que reciben dinero (de Rusia). Esa es una presión externa, pero hay cooperación desde dentro. También en nuestro país, en los niveles más altos de nuestras instituciones democráticas”, aseguró De Croo, durante una sesión en el Parlamento de Bélgica.
Los medios que han informado de esta trama en la República Checa afirman, citando fuentes de la inteligencia de su país, que los eurodiputados involucrados en este caso y que habrían recibido pagos por su participación procederían de Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, Bélgica y Hungría, aunque no nombran a ningún legislador concreto.
El servicio de prensa del Parlamento Europeo explicó ayer que la institución está examinando las acusaciones respecto al sitio web ‘Voice of Europe’, en torno al cuál supuestamente se habría desarrollado esta red de influencia prorrusa.
También dijo que puede restringir el acceso de este medio a las instalaciones de prensa de la Eurocámara, como ya ha hecho con otros sancionados por la UE por diseminar noticias falsas sobre la guerra en Ucrania.
“Estamos vigilando la situación y se prevén restricciones adicionales cuando la lista de sanciones cambie”, señalaron desde el servicio de prensa del Parlamento Europeo.
La petición de este sábado del Partido Popular Europeo de convocar un pleno urgente en la Eurocámara para debatir este asunto se suma a las reacciones de los grupos verde y liberal en la Cámara.
Los dos candidatos principales de los Verdes a las elecciones europeas, Terry Reintke y Bas Eickhout, pidieron una investigación “rápida y exhaustiva” que destape la escala de la operación de influencia prorrusa y permita actuar contra los eurodiputados involucrados.
Mientras, el grupo liberal de Renovar Europa reclamó que el Parlamento Europeo debata el asunto en el próximo pleno, que se celebrará el 10 y el 11 de abril en Bruselas, y solicitó que acuda a la Eurocámara par hablar sobre el tema la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.
El Parlamento Europeo tiene a su disposición una batería de sanciones a los eurodiputados por infracciones de las reglas internas de ética y transparencia que van desde la retirada de las dietas diarias durante un máximo de 60 días, hasta la suspensión temporal de la actividad parlamentaria, la prohibición de representar a la institución en diferentes foros o la limitación de acceso a información confidencial.
La Eurocámara no puede retirar el escaño a ningún diputado, ya que es una responsabilidad de cada Estado miembro, ni impedir que se presenten a las elecciones europeas del próximo mes de junio.