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Por Al Davies:
Antes de 2007, los venezolanos jamás habían escuchado de boca de sus gobernantes el término “cono monetario”. Fue la primera vez cuando el difunto Hugo Chávez y el Banco Central anunciaron una nueva moneda, el “Bolívar Fuerte”.
Esta nueva moneda entraba en circulación el primero de enero de 2008 con lo que se denominó un nuevo “cono monetario”: la moneda de mayor circulación era un billete de 100 Bs fuertes que a la paridad oficial de ese entonces de Bs. 2,15 por dólar tenía un valor de casi USD $0,50.
Sin embargo, para muchos economistas, el tener que restarle tres ceros a la moneda era el más claro reconocimiento de que después de múltiples experimentos fallidos la economía no encontraba aún el camino para estabilizarse.
Una década más tarde, el valor del “Bolívar Fuerte” se ha evaporado a menos de USD $0,03 en el mercado libre o paralelo y USD $0,15 si se toma la tasa oficial más alta (Dicom). No podía ser de otra manera; desde esa fecha hasta el presente se han puesto en circulación 75 veces más dinero de lo que había en 2007, con el agravante que las reservas monetarias se han reducido a una tercera parte.
Simultáneamente, el secretismo que ha imperado durante el régimen chavista en organismos públicos encargados de difundir cifras económicas impide conocer, a ciencia cierta, cuál es el grado de incapacidad e impericia con el que opera el Gobierno.
Cifras oficiales como tasa de inflación, de escasez, de nivel de desempleo y contracción causados por una política económica errada y disfuncional no se conocen porque, inexplicablemente, el Banco Central de Venezuela lleva años sin reportar lo que sucede en la economía.
Para colmo de males, en el marco de una nueva y desafortunada improvisación, el 11 de diciembre de 2016 aparece el decreto N° 2.589 en el que se establece: “A partir de las 72 horas continuas de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, saldrán de circulación (no serán de curso legal) los billetes de cien bolívares (100 bolívares) emitidos por el Banco Central de Venezuela” —justo antes de un lunes bancario y en época decembrina donde todos acumulaban efectivo ante la creciente dificultad de hallarlo en los cajeros automáticos—.
A partir de ese momento, los venezolanos sufrieron en carne propia y, todos por igual, la incompetencia e improvisación con las que ha gobernado el régimen chavista a los largo de casi 18 años. Nadie podrá olvidar lo que significó haber sido sometido al errático e interminable proceso de sustitución forzosa de lo que los técnicos eufemísticamente llaman “el cono monetario”.
Ahora bien, cuando una economía registra una elevada y creciente inflación, lo razonable es que el Gobierno decida emitir billetes de más elevada denominación. Para el venezolano común cargar un bulto de billetes de 100 para hacer compras, además del peligro que representa por la inseguridad reinante, también es muy complicado.
Lo inexplicable es el método de sustitución adoptado que pretende sacar de circulación “todos” los billetes de Bs 100 sin tener disponibles los nuevos billetes.
Tal y como explica Tomas Straka en su artículo “La rebelión de los billetes” publicado en el portal Prodavinci:
“…no se pensó que en una sociedad donde el 30 % de la población no está bancarizada y el efectivo suele ser clave en las transacciones(…) muchos obreros, los peones de las fincas, una gran cantidad de trabajadores manuales, el servicio doméstico y todo eso que se llama “economía popular” (buhoneros, bachaqueros, las señoras que hacen tortas o pintan el cabello en su casa), no tendrán cómo comprar nada”.
A la población que no está bancarizada y depende del efectivo para su día a día, sobre todo durante las fechas festivas cuando la demanda por efectivo aumenta, le causó problemas muy serios.
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Las incógnitas son varias: ¿A quién se lo ocurrió que a partir del 11 de diciembre, se podía retirar en 72 horas el 75 % de los billetes circulantes de mayor denominación en la economía? Peor aún, ¿de quién fue la idea de que, una vez que se hubiera sumido en el caos al país entero con disturbios, saqueos y hasta varios muertos, se anuncie una exigua y claramente insuficiente prórroga hasta el 2 de enero, y sin que nadie asumiera la responsabilidad por la debacle?
¿Quién decidió que fuera únicamente hasta el 20 de enero? ¿A qué burócrata le deben la economía y la ciudadanía ese otro exabrupto de la extensión del plazo por cuarta vez hasta el 20 de febrero?
Nadie en su sano juicio aún se explica estos y otros pormenores de una decisión tan abrupta que generó una ola de angustia, caos y finalmente violencia innecesaria que desató la medida.
Por eso surge la pregunta: ¿estamos frente a una muestra desbordada de ineficiencia o hay algo más?
“El diablo habita en los detalles” reza una frase del argot popular. Hay unos elementos, por demás reveladores, que apuntan hacia algo más que una simple especulación.
La Asamblea Nacional (parlamento venezolano), en una de sus más acertadas y controvertidas decisiones, notificó a todas las embajadas en Venezuela sobre la limitación constitucional que impide otorgar o refinanciar nuevos préstamos al país sin su autorización, lo que restringió significativamente el acceso a “dinero fresco” al régimen chavista y lo colocó en una situación bastante precaria.
Paralelo a ello, un informe de la firma JP Morgan destaca que con la aprobación del ejercicio fiscal del próximo año por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se creó un limbo institucional que puede perjudicar cualquier acción de renovación de los pagos por parte de Venezuela.
Esta decisión de la Asamblea Nacional (AN) resultó tan efectiva para frenar la voracidad monetaria del régimen que los tres expresidentes (manifiestamente pro-Maduro) que participan en el proceso de diálogo entre la oposición y el Gobierno recientemente entregaron a los opositores el documento “Acuerdo de Convivencia Democrática” donde, entre varios puntos a ser considerados para reactivar las negociaciones, llama poderosamente la atención el capítulo sobre el endeudamiento:
1) “Revisar por parte de la Asamblea los acuerdos de financiamiento suscritos por el Gobierno Nacional con miras a lograr su aprobación para promover el desarrollo de la economía nacional”.
2) “Explorar la voluntad para que la Asamblea Nacional apruebe el Presupuesto y Ley de Endeudamiento de forma tal que se logre normalizar la gestión financiera y el papel fiscalizador de la Asamblea”.
3) “Una vez restablecida la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se podría considerar la posibilidad de un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a honrar los compromisos financieros de la República”.
Asimismo, frente al escenario de “las reservas líquidas más bajas” en 21 años, las cuales equivalen a solo una semana de importación, hemos presenciado el desespero del régimen por recibir algún préstamo de cualquier ente internacional. Presenciamos, además, una gira del presidente Maduro en la que regresó con las manos vacías al país.
Ante la falta de “dinero fresco” y una creciente crispación social producto de la escasez de alimentos y medicinas, aunado a la presión interna por parte de la oposición (MUD) y externa por parte de organismos internacionales como la OEA, EE. UU. y la Unión Europea, no es descabellado suponer que el régimen recurra a otros Gobiernos “amigos de la revolución” para obtener los fondos que permitan paliar la crisis sin pasar por los controles “naturales” del sistema financiero internacional.
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Es allí donde juega su rol la explicación alternativa a la irracional crisis monetaria: un esquema para que el régimen chavista obtenga del extranjero las divisas suficientes para generar una ilusión de estabilidad y así conseguir algo de popularidad frente a futuros comicios.
Sin embargo, no es tan fácil como suena: ¿Cómo hacerse de dinero en moneda extranjera proveniente de “grupos amigos” sin pasar por los férreos controles de organismos como el Departamento del Tesoro de EE. UU.?
La respuesta está en el “nuevo cono monetario”. Mediante esta excusa podrían ingresar a Venezuela “camuflajeados” entre los nuevos billetes enormes cantidades de dólares que no necesitarían pasar por los controles aduaneros rutinarios, ya que se trataría de “dinero impreso” de un país soberano —se debe recordar que la seguridad de todo el proceso es garantizada por el Estado venezolano.
Si era necesario contar con un nexo clave entre los participantes no existía hombre en Venezuela más indicado que Tarek El Aissami, en ese momento gobernador de Aragua. El ahora vicepresidente, según el Wall Street Journal, es investigado por la justicia estadounidense —junto a otros altos funcionarios del Gobierno venezolano— por presuntos vínculos con el narcotráfico y además tiene probados nexos con grupos islámicos interesados en mantener una base de operaciones en América Latina.
La presunta operación podría haber seguido este esquema: comienza con las negociaciones entre El Aissami y un equipo asesor con los amigos islámicos para negociar la obtención de las divisas “suficientes” para atenuar —aunque sea temporalmente— la caótica situación de Venezuela y que mantiene en jaque al régimen.
Sin embargo, los amigos habrían exigido ciertas “condiciones” que le garanticen la recuperación de la “ayuda económica”, la principal de ellas colocar a alguien de su confianza como lo es El Aissami en un cargo de importancia.
Paso seguido, Aissami es juramentado vicepresidente de Venezuela y luego envestido con “amplísimos” poderes especiales.
Pero queda una gran pregunta: ¿cómo convertir esos dólares provenientes de países amigos sin despertar sospechas?
En esta etapa juega un rol lo que pareciera ser un componente adicional de una cadena de desaciertos económicos: la apertura de casas de cambio en la frontera con Colombia para, aparentemente, vender pesos colombianos a una tasa de cambio arbitrariamente establecida que seguramente no le hará mella al cambio libre o paralelo, pero cuya misión primordial es convertir parte del dinero de procedencia desconocida en pesos “legítimos” y limpios.
Lo demás es historia. Primero, una “inexplicable” decisión del presidente Nicolás Maduro de sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en un plazo perentorio de 72 horas, generando caos, violencia e incertidumbre, para luego prorrogar varias veces dicho plazo —esto, seguramente, será prorrogado indefinidamente.
Luego se deben señalar todas las explicaciones sin sentido de Maduro sobre los retrasos en la salida de los aviones desde Europa, alegando —por enésima vez— un presunto complot contra su gobierno.
Hasta la presente fecha, la banca y el comercio venezolanos operan mayoritariamente con billetes de Bs 100, continúan entregando los billetes anteriores y los nuevos brillan por su ausencia.
De allí surge la interrogante: ¿Por qué aun no están en plena vigencia los nuevos billetes con sus diferentes denominaciones en la banca nacional, especialmente la banca pública que sigue atiborrando a los usuarios con billetes de baja denominación? Se supone que a Venezuela ya han llegado varios aviones cargados de los nuevos billetes con suficiente cantidad como para cubrir la demanda total, según dijeron las autoridades; no obstante, estos aún escasean en todo el país.
Otro dato, cuando menos curioso, es que a Venezuela ingresaron durante el último trimestre de 2016 apenas 316 containers con mercancía y alimentos. En cambio, en lo que va de 2017 han ingresado al país, aproximadamente 5.600 containers, de acuerdo con información extraoficial proveída por Bolivariana de Puertos.
Además, de acuerdo también con información extraoficial, a la corporación industrial Polar le aprobaron una enorme cantidad de divisas para importar alimentos (con la condición de aportar la mitad al Estado).
¿Cómo se explica toda esta importación y aprobación de divisas cuando Venezuela cerró el 2016 con reservas internacionales en mínimos históricos? ¿Se ha escuchado que el Gobierno venezolano ha percibido algún tipo de dinero fresco «formal» por parte de organismos internacionales o un aumento importante en los precios del petróleo?
En síntesis, podríamos estar los venezolanos frente a una inmensa operación de lavado de dólares provenientes de regímenes islámicos; pero, ¿con qué intención prestaría dinero algún Estado teocrático «amigo de la revolución» al régimen chavista? Pues con el fin de contar con un aliado estratégico en la región —sobre todo ahora con la administración Trump en Estados Unidos.
Luego de estudiar los escenarios, de tomar en cuenta los diferentes elementos inexplicables, por descarte quedan pocas otras opciones.
Al Davies es catedrático en Estados Unidos
