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Acaba de publicarse el índice Doing Business, que mide la facilidad para hacer negocios en 190 países de todo el mundo. En el top 20 nos encontramos con doce naciones europeas, con Dinamarca, Noruega, Reino Unido y Suecia a la cabeza. También figuran muchos otros países desarrollados, como EE. UU. Sin embargo, hay que bajar hasta el puesto 47 de la lista para encontrarnos con México, el primer país latinoamericano de la lista.
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Diez años de cambios
No está escrito en ningún sitio que América Latina esté condenada a esta mediocridad. Basta con echar la vista atrás para comprobar que, a lo largo de la última década, hay países que han avanzado notablemente en el índice Doing Business. Es el caso de Costa Rica, que sube 27 puestos desde 2006, o México, que adelanta 26. También Guatemala, Perú, Colombia y Honduras han mejorado su ranking durante los últimos diez años.
República Dominicana sigue estancada en el puesto 103, mientras que el resto de países ha experimentado un cambio a peor entre 2006 y 2016. El caso más alarmante es el de Nicaragua y Venezuela, que han retrocedido 68 y 67 puestos en el índice. El caso de Venezuela es especialmente sangrante, porque ha descendido hasta el número 187 de la tabla.
Argentina, Bolivia, Puerto Rico y Chile también registran retrocesos considerables. De especial relevancia es el caso de Puerto Rico y Chile, que en 2006 ocupaban los números 22 y 25 del índice pero ahora han quedado relegados a los escalones 55 y 57 de la clasificación. También han ido a peor las cosas en El Salvador, Paraguay, Panamá, Ecuador, Uruguay y Brasil.
Sin embargo, considerando tanto la evolución positiva de algunos países como el cambio a peor de otros, el saldo final es claro: América Latina sigue sin tomarse en serio la importancia de ponérselo fácil a quienes quieren desarrollar su negocio. Y, evidentemente, el camino al desarrollo pasa necesariamente por una economía más inclusiva con los emprendedores.
Una pesadilla regulatoria
Según el Banco Mundial, el número de procedimientos burocráticos necesario para abrir un negocio asciende a 8,3 en América Latina frente a 4,8 en la OCDE. En cuanto al tiempo que transcurre entre el primer trámite y la formalización de la sociedad, vemos que en América Latina es necesario esperar 31,6 días, muy por encima de los 8,3 de la OCDE. También el coste de establecimiento de los negocios es mucho más elevado en América Latina: asciende al 31,5% del ingreso per cápita, diez veces más que en la OCDE (3,1 %).
Los datos para América Latina también son negativos en lo tocante a los permisos de construcción. Regularizar una obra es fundamental para abrir o reformar un local de negocios, pero cumplir con las leyes exige superar 14,4 procedimientos. Recorrer semejante laberinto burocrático añade otros 181,3 días de espera al proceso de montar una empresa. Algo similar ocurre con el suministro eléctrico.
Para obtener electricidad en América Latina es necesario esperar, de media, 66 días. Además, el coste de conectarse a la red eléctrica es del 999 % del ingreso per cápita.
A la hora de acudir al registro de la propiedad, los emprendedores latinoamericanos se enfrentan a 7,1 procedimientos frente a los 4,7 de la OCDE. El tiempo de espera son 68,6 días en América Latina y 22,4 en las economías desarrolladas. En una escala de 1 a 30, el Banco Mundial apunta que la calidad media de los registros de la propiedad latinoamericanos es de apenas 11,9 puntos, muy por debajo de los 22,7 puntos que alcanza en promedio la OCDE.
Pero hay más obstáculos, como por ejemplo la lentitud de la justicia. Si en la OCDE ya son necesarios 553 días para resolver una disputa contractual, en América Latina hacen falta 749,1 días. Además, la resolución de insolvencias sigue siendo insatisfactoria: tras 2,4 años de espera, la tasa media de recuperación que pueden esperar los acreedores latinoamericanos es de 31 dólares por cada 100 dólares reclamados, la mitad que en la OCDE (73 %).
Pagar impuestos, un quebradero de cabeza
Pagar impuestos también es un quebradero de cabeza para los emprendedores latinoamericanos. En la OCDE, el pago total de impuestos supone el 40,9 % del beneficio, una cifra sin duda excesiva. Sin embargo, en América Latina nos encontramos con un coste fiscal aún más elevado, que asciende, de media, al 46,3 % de las ganancias de la empresa.
A lo anterior hay que sumarle la complejidad de los sistemas tributarios de América Latina, donde pagar impuestos supone 28,9 trámites frente a los 10,9 de la OCDE. Evidentemente, esto se traduce en cientos de horas perdidas rellenando formularios y siguiendo procedimientos. Una empresa latinoamericana dedica 342,6 horas al año a los impuestos, frente a las 163,4 horas de una empresa de la OCDE.
Perder 342,6 horas anuales por culpa de la asfixiante regulación impositiva equivale a dedicar a Hacienda unas 43 jornadas de trabajo de ocho horas. Y, para entender mejor hasta qué punto estamos ante un escenario insoportable, podemos decir que esas 342,6 horas equivalen a ver nueve veces la trilogía completa de las películas de El Señor de los Anillos…
El coste social de ponérselo difícil a las empresas
No es fácil cambiar el paradigma regulatorio y tampoco es fácil mejorar el funcionamiento de las instituciones, pero el esfuerzo merece la pena. La economía de mercado no puede desarrollarse de manera correcta cuando hacer negocios se convierte en una carrera de obstáculos.
América Latina se caracteriza por mantener amplias bolsas de informalidad en su mercado laboral. Esto genera vulnerabilidad social y alienta una economía de subsistencia en la que el poder transformador del mercado se ve limitado por las trabas del regulador.
El verdadero progreso llega cuando es posible emprender y sacar adelante un proyecto que enriquezca a toda la sociedad. En vez de ponérselo difícil a las empresas, América Latina debe seguir el camino de la libertad y facilitar los negocios con una apuesta clara por el capitalismo que exige mejorar las normas regulatorias y las instituciones públicas.
