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En Estados Unidos, ya son 21 los estados que permiten algún uso medicinal de la marihuana y 14 han despenalizado en distintos grados el consumo de la planta. A pesar de que a nivel federal su uso de cualquier tipo siga siendo ilegal desde 1970, la administración Obama anunció el año pasado que —con algunas excepciones— dejaría de perseguir a productores y usuarios en aquellos estados que legalizaran la droga (aunque la DEA lo sigue haciendo).
La marihuana es un bien que, como cualquier otro, no escapa a las leyes de la economía. Tal como lo expliqué en otro post, un informe de la London School of Economics señala los desastrosos efectos causados por atacar el problema mediante el prohibicionismo.
La alternativa, ejemplificada en el progresivo levantamiento de restricciones a la marihuana en los Estados Unidos, ya ha cosechado un importante logro: Los cárteles mexicanos están dejando de cultivar la planta. Como informa un interesante artículo de Vice News, la disponibilidad legal —en muchísimas variedades y concentraciones— de la droga en los estados fronterizos con México, ha hecho que el precio de venta mayorista se desplome de US$100 a US$25:
los cárteles y sus agricultores se están quejando de que la legalización de la marihuana está perjudicando su negocio. Algunos informes indican que la DEA está más interesada en mantener el control de la marihuana en manos de los grupos mexicanos que en dejar que pierdan su influencia.
Así es, la agencia federal encargada de combatir las drogas desea perpetuar el problema. Tiene todos los incentivos para no desear que acabe la cruzada moralista. Y es que la estrategia actual consiste en arrojar enormes cantidades de dinero y recursos a estos organismos de control y represión. Por eso es comprensible que la DEA esté «asustada» y hasta llegue a acuerdos con el cártel de Sinaloa, en un intento de mantener sus puestos de trabajo y sus abultados presupuestos.
http://www.youtube.com/watch?v=MjXP3atPRaU
