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EnglishEs habitual que después de los primeros 100 días, las administraciones recién instaladas hagan un balance y publiquen todos los logros que hayan alcanzado. Aunque no pueda decirse que tres meses sea un período de tiempo que determinará si la nueva administración tendrá éxito o no, nos da una idea de qué esperar en los próximos años. También representa una oportunidad para que que la nueva administración presente las políticas que tienen previsto realizar a lo largo de su mandato.
En el caso de Honduras, enfrentamos desafíos económicos significativos que incluyen un creciente déficit fiscal, altos niveles de desempleo y pobreza, y una enorme crisis de inseguridad. La respuesta a estas graves preocupaciones durante los primeros meses de la administración de Juan Orlando Hernández ha sido, cuando menos, insuficiente. El gasto público, por ejemplo, no se ha reducido, y las políticas de austeridad anunciadas aún no se han implementado.
Desde la perspectiva de la opinión pública, la mayoría está de acuerdo en que los primeros 100 días han sido realmente una continuación del pasado gobierno de Porfirio Lobo. A pesar de que Lobo era el presidente, todo el mundo sabía que Juan Hernández (entonces presidente del Congreso) era quien realmente gobernaba y Lobo consentía todos sus caprichos. Ambos gobiernos se han ganado una reputación de ser incompetentes y corruptos.
Las promesas publicitadas por Hernández en su campaña se quedaron como eslóganes de propaganda y de “buenas intenciones”, pero no muestran resultados reales. Peor aún, los nuevos impuestos están a la orden del día, y la carga fiscal es insostenible para la gran mayoría de los ciudadanos. Esto no sólo desalienta la inversión, sino que también evidencia la incertidumbre de régimen imperante.
Las alianzas público-privadas no han logrado atraer inversiones y han generado críticas por su falta de transparencia. Acusaciones recientes demuestran que cada comisionado gana cerca del equivalente a US$10.000 por mes; más que el salario del presidente. ¿Qué pasó con la reducción del gasto público?
La extradición y la militarización de la seguridad pública
A pesar de las declaraciones autocomplacientes del presidente respecto a sus “avances” hacia la mejora de la seguridad durante sus primeros meses en el cargo, la situación real es completamente caótica.
Uno de los hechos más preocupantes es la militarización de la policía en detrimento de los derechos humanos de los ciudadanos. A pesar de que el asunto prioritario del presidente Hernández siempre ha sido la seguridad —dadas todas las promesas que hizo de erradicarla— las altas tasas de crimen, asesinato, extorsión, secuestro, infanticidio, narcotráfico, actividades de pandillas, robos y matanzas de escuadrones de la muerte están ahora más presentes y son más visibles que nunca.
En el marco de sus esfuerzos para librar la guerra contra las drogas, el 8 de mayo se llevó a cabo la primera extradición legal de un ciudadano hondureño, cuando el narcotraficante Carlos “El Negro” Lobo fue extraditado a los Estados Unidos. Aunque celebrado por muchos, es muy probable que los cárteles de la droga internacionales arremetan vengativamente contra el gobierno de Honduras y sus ciudadanos, causando aun más violencia y muertes.
El asesinato de niños ha ido en aumento en Honduras en los últimos años, pero alcanzó un pico este mes con la muerte de más de 10 niños en un área rural del país. Incluso las Naciones Unidas emitió una declaración en contra de este acto despreciable. Los funcionarios del gobierno sostienen que los infanticidios se deben a crímenes relacionados con las drogas y “mensajes” entre narcotraficantes.
Además, la semana pasada el director de una prominente organización internacional que trabaja para los jóvenes sin hogar, Casa Alianza, fue víctima de una golpiza a manos de la seguridad privada de la secretaría de Estado en el Departamento de Seguridad (perteneciente al ejército). Los testimonios contra Guadalupe Ruedas difieren, pero lo peor que sus atacantes alegan es que estaba borracho.
Incluso si ese fuera el caso, darle una paliza de esa manera es un acto de brutalidad. Él ha estado al frente de una campaña contra el gobierno por todos los infanticidios que han estado ocurriendo. Y afirma que esa fue la verdadera razón detrás de este ataque vil contra su persona: La intolerancia que caracteriza a la administración de Hernández.
El gobierno pretende combatir la inseguridad a través de una red de agencias reforzadas militarmente como la recién creada Policía Militar (PMOP), la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), y la Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES). Pero en realidad todas estas instituciones sólo crean más burocracia y no producen resultados reales.
En febrero, el secretario de Estado en el Departamento de Seguridad anunció la creación de su propio “observatorio de violencia“, a pesar de que ya existe uno que funciona bajo la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un centro académico que presenta estadísticas demuestran la realidad actual que el gobierno se niega a reconocer.
Otra de las iniciativas de seguridad que ha generado rechazo en la sociedad hondureña se llama “guardianes de la patria”. Bajo este programa, se pretende que los militares fomenten sentimientos de amor por su país en los niños y adolescentes, y que promuevan valores y una cultura de la paz. Esto contraviene claramente los derechos humanos de los niños, dado que estas actividades educativas deben ser llevadas a cabo por instituciones civiles, principalmente por las escuelas.
Libertad de expresión, o la falta de la misma
El informe anual 2014 de Freedom House sobre libertad de expresión, publicado este mes, incluye a Honduras entre las naciones que carecen de una prensa libre. El último perfil del país señala los elevados niveles de violencia e intimidación contra los medios de comunicación, así como el intento apenas disimulado de silenciar las voces independientes a través de la propaganda gubernamental.
Esto quedó en evidencia ayer cuando los miembros del partido de oposición protestaron en el Congreso y fueron atacados y reprimidos por los militares — una demostración de total intolerancia hacia la disidencia.
La falta de transparencia y rendición de cuentas también se evidencia por la aprobación de la ley de Secretos Oficiales, que le da el poder a altos funcionarios del gobierno de revelar sólo lo que ellos deseen.
Las perspectivas para los próximos años no lo dejan a uno demasiado optimista. Sean cuales sean las iniciativas positivas que el gobierno ha lanzado, están eclipsadas por la corrupción, la centralización del poder, el clientelismo, la intolerancia y el uso excesivo de la fuerza. Honduras tiene un largo camino por recorrer antes de convertirse en el Dubai de América Central.
