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El Congreso de Guatemala, por una amplia mayoría de 104 a 25 votos, decidió que no había méritos para quitar la inmunidad de la que goza el presidente Jimmy Morales en virtud de su cargo. El procedimiento se realizó porque la fiscal general, Thelma Aldana, con apoyo de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) pretendían vincular al presidente con un caso de un ilícito electoral ocurrido hace dos años, cuando su partido no justificó algunos fondos que recibió durante la campaña presidencial.
Pero lo sucedido no se puede entender si no se conocen algunos sombríos antecedentes del caso. Recapitulemos: cuando en 2015 se dio el amplio movimiento cívico que llevó a las renuncias del entonces presidente Otto Pérez y de la vicepresidente Roxana Baldetti, la misma fiscal y la CICIG aparecieron como los héroes del momento: a través de ellos se pusieron en marcha los juicios que, por varios casos de corrupción, tienen ahora a ambos en la cárcel. Pero había algo más: desde varios grupos de la izquierda, con el apoyo o la benevolencia de la Embajada de los Estados Unidos, se trató de aprovechar lo confuso de la situación para cancelar las elecciones de septiembre, instalar un Gobierno “de transición” y llamar a una Constituyente. No lo lograron. La ciudadanía rechazó estos burdos intentos de romper el hilo constitucional, acudió masivamente a las urnas y repudió las candidaturas de los candidatos populistas Manuel Baldizón y Sandra Torres, eligiendo en cambio al poco conocido Morales.
La izquierda, en los dos años que han corrido desde entonces, ha seguido presionando para imponer sus soluciones, aun a costa de romper el orden institucional. No se trata de partidos políticos que abiertamente defiendan la visión de un socialismo a la venezolana, sino de grupos y organizaciones diversas, como el grupo Semilla, el CUC o la CODECA, confederaciones supuestamente campesinas que desestabilizan con sus acciones continuamente al país. Pero ellos no serían nada, políticamente hablando, si no contaran con los fondos y el apoyo que les proporcionan varias ONG internacionales y las embajadas de los Estados Unidos y de varios países europeos. Su arma es la CICIG que, a través de su comisionado, el colombiano Iván Velásquez, ha politizado la justicia para atacar a unos mientras protege a otros. La fiscal Aldana es su aliada.
La CICIG y el embajador Todd Robinson —de los EE. UU.— intentaron este año promover un cambio constitucional mediante presiones de todo tipo, que fue rechazado finalmente por una opinión pública que no aceptaba sus discutibles propuestas. Debido a esta injustificada injerencia en los asuntos nacionales —aunque a destiempo— el presidente Jimmy Morales declaró “persona non grata” al comisionado Iván Velásquez. Este fue amparado por la Corte de Constitucionalidad, basándose en dudosos tecnicismos y se produjo enseguida una insólita confrontación: el presidente, a quien se quería juzgar por supuestos ilícitos electorales, frente al comisionado extranjero.
No fue coincidencia, no fue casualidad: algunos dicen que Jimmy reaccionó contra Iván porque sabía que lo iba a acusar, a través de la fiscal, para que tuviera que abandonar su cargo. Más probable es que Iván, sabiendo que Jimmy iba a pedir su salida del país, se adelantó a presentar un caso —mal estructurado y sin pruebas— para crear un conflicto que lo pusiese como el mártir de la lucha contra la corrupción. El impase, por ahora, sigue: ni el presidente tendrá que apartarse del cargo ni, por lo que parece, el comisionado tendrá que irse en fecha próxima de Guatemala.
Pero, más allá de esta confrontación entre dos personas, debe hacerse un análisis de las motivaciones profundas que mueven a las partes. Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que Iván Velásquez se ha caracterizado por defender en su país natal las causas de la izquierda guerrillera y que el expresidente Uribe lo ha acusado, con fundamento, de fabricar pruebas y testigos falsos para acusar y encarcelar a oficiales del ejército cuyo único delito fue combatir a la narcoguerrilla de las FARC. Que él trabaja en completo acuerdo con la fiscal Aldana y el embajador Robinson (quien pronto debe abandonar su cargo). Que la acusación contra el presidente Morales no es fortuita, sino un intento de crear un vacío institucional, poner en su lugar a un vicepresidente que se inclina hacia la izquierda y proseguir con el viejo programa de convocar a una constituyente e instalar un gobierno provisional, que ya fracasó en 2015 por falta de apoyo popular.
Ese fracaso, como era previsible, se ha repetido ahora. La ciudadanía no salió a la calle a apoyar a la CICIG ni a reclamar la salida del presidente. La gente quiere, sin duda, que se prosiga con fuerza, la lucha contra la corrupción, pero no desea que, tomándola como excusa, se pase por encima de la estabilidad de la república, se den poderes absolutos a un funcionario extranjero que nadie ha elegido o se politice la justicia para perseguir a unos mientras se protege a otros.
El futuro dirá cómo se terminará de resolver la compleja situación creada, pero algo, nos parece, está ya claro: no habrá ningún movimiento cívico que respalde las conspiraciones de la izquierda o la ruptura del orden constitucional. La gran mayoría quiere que Jimmy Morales permanezca en su cargo hasta el final de su mandato y, de paso, que asuma con firmeza las riendas del poder que se le ha confiado.
