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EnglishHan comenzado a desarrollarse en Venezuela unos diálogos políticos, auspiciados por UNASUR, entre el gobierno y la oposición en tanto que, desde ya hace más de un año, prosiguen conversaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano. La situación, sin duda alguna, es muy diferente en ambos casos, aunque a mi juicio hay algunos problemas de fondo similares que se plantean en ambos casos. Tomaremos para el análisis de este artículo, sin embargo, solamente el caso colombiano, dejando para una posterior ocasión el tema de Venezuela, al que ya nos hemos referido últimamente.
La dificultad esencial, para ir de una vez al punto crítico, es qué hacer para concluir los conflictos y lograr que la paz reine en las sociedades, dejando atrás enfrentamientos que han dejado muchas víctimas y comprensibles rencores, que han perturbado la vida de millones de personas que, en muchos casos, desean comprensibles resarcimientos o hacen sinceros llamados a la justicia.
Uno de los dirigentes de las FARC ha dicho, en una rueda de prensa, que no sería lógico que ellos firmaran acuerdos de paz para salir de allí, directamente, hacia la cárcel. La idea es por completo lógica, al menos desde su punto de vista, pero tiene aristas que complican atenderla por completo: ¿Es que los responsables últimos de infinitas violaciones a los derechos humanos, de asesinatos, secuestros y actos terroristas, pueden firmar un documento y de allí, sin mayor transición, comenzar la lucha para obtener un escaño parlamentario?
Pensamos que esto crearía un comprensible malestar en gran parte de la ciudadanía y que, por eso, se necesita entonces alguna forma de compromiso que, resultando útil para poner fin a la lucha, permita sin embargo que se establezca al menos algún tipo de responsabilidad política para los dirigentes que a sangre fría decretaron muertes y secuestros.
Pero aquí no acaban los problemas que se plantean a quienes firman los acuerdos de paz: Hay otro punto, de decisiva importancia, que nos preocupa. En varios países de América Latina estos acuerdos, que implicaban amplias amnistías, se han tirado por la borda algunos años después; se ha comenzado una cadena de juicios que pretende llevar a la cárcel a quienes enfrentaron a los guerrilleros.
El caso del general Efraín Ríos Montt, que fue Jefe de Estado de Guatemala entre 1982 y 1983 es paradigmático al respecto. Ríos Montt tuvo el mérito de regularizar, de algún modo, la represión que ejercía el ejército en zonas campesinas como medio de combatir a la guerrilla. Hubo, durante su corto gobierno, varias masacres, aunque las cifras muestran que se redujeron notablemente a partir de su jefatura del Estado. El problema es que ahora, después de varias amnistías generales y de la firma solemne de los acuerdos de paz, activistas de los derechos humanos lo han llevado a juicio nada menos que por genocidio, una acusación a todas luces absurda pues ni el ejército guatemalteco —ni la guerrilla— pretendieron liquidar a ningún grupo étnico determinado sino a sus respectivos oponentes ideológicos. El juicio contra el anciano, que tuvo gruesos errores de procedimiento, terminó con una condena a 80 años de prisión, aunque luego instancias superiores lo anularon ante la vista de las irregularidades mayúsculas que se habían producido. La suerte del general, ahora, permanece en un extraño limbo jurídico.
Este ejemplo sirve para destacar que de nada parecen servir las solemnes amnistías ni los acuerdos que se logran en mesas de negociaciones ante la inusitada presión de organizaciones no gubernamentales que dicen defender los derechos humanos y las presiones de algunos países que —sin entender bien lo que ha ocurrido en nuestras tierras— pretenden llevar a los tribunales solo a uno de los dos bandos que se enfrentaron en décadas pasadas. Si los guerrilleros de las FARC no quieren firmar unos acuerdos que los llevarían de la mesa de negociación a la cárcel ¿qué garantiza que, dentro de unos años, no suceda lo contrario, y se vaya a enjuiciar a quienes estaban del otro lado de la mesa donde se firmaron los acuerdos?
Por eso pienso que, antes que nada, es importante que la sociedad civil asuma con plena aceptación que, si se cierra una etapa de violencia para lograr la paz, este cierre debe ser irreversible: Aunque queden asesinos sin castigar; aunque las víctimas no consigan justicia ni resarcimiento adecuado; aunque los extranjeros asuman que debe proseguirse la lucha, ahora en los tribunales, y las ONG insistan en castigar a unos y premiar a otros después de tanto tiempo. Porque pensamos que, o hay justicia para todos o no debe haberla para ninguno. Lo otro, además de injusto, es asumir una posición política o ideológica que solo compartió, y comparte, una fracción mínima de la sociedad.
