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El cruce entre Juan Manuel Santos e Iván Duque durante el encuentro convocado por la Defensoría del Pueblo dejó al descubierto que, diez años después de la firma del Acuerdo con las FARC, sigue pendiente un balance que vaya más allá de la defensa de los legados presidenciales. Santos reivindicó lo pactado y Duque cuestionó sus resultados y las deudas de la JEP. Petro se excusó de asistir. Pero Colombia necesita algo más que una disputa sobre quién merece el reconocimiento y quién debe cargar con el fracaso. Necesita establecer qué se cumplió, cuánto costó y qué recibieron las víctimas.
Inexplicable que en esa evaluación no se tuviese en cuenta la voz de los militares. Un balance del Acuerdo queda incompleto sin escuchar a quienes enfrentaron a las guerrillas y sufrieron secuestros, mutilaciones y asesinatos mientras servían al Estado. Su condición de víctimas y sus exigencias de verdad y reparación merecen un lugar propio. También deben escucharse sus cuestionamientos sobre las garantías judiciales ante la JEP. La evaluación de esta década no puede agotarse en el intercambio entre expresidentes: debe incluir a quienes asumieron directamente el costo de la guerra.
Las recientes y preocupantes declaraciones de la recién designada Consejera Comisionada de Paz encargada de la Dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Dra. Viviane Morales Hoyos, introducen una dimensión indispensable: la rendición de cuentas sobre los recursos. Según el balance que presentó ante el Congreso de la República, el Estado ha invertido 170 billones de pesos en la implementación del Acuerdo, incluidos más de 40 billones destinados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Son cifras que obligan a examinar la ejecución, las obras entregadas y las condiciones de vida de las comunidades. El presupuesto comprometido no puede presentarse, por sí solo, como prueba de éxito.
Ese examen debe distinguir entre anuncios, contratos y resultados. Una carretera proyectada no equivale a una carretera terminada; un programa financiado no garantiza que una familia haya mejorado sus condiciones de vida. Cada entidad debe explicar qué recibió, qué ejecutó y qué transformación puede demostrar. Tampoco basta con atribuir toda deficiencia a la falta de implementación: esa explicación exige identificar las obligaciones incumplidas, los responsables y los recursos que estuvieron disponibles.
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La responsabilidad política comprende a los tres gobiernos que condujeron la primera década del proceso. Santos debe responder por el diseño del Acuerdo y las expectativas que creó; Duque, por las decisiones de su implementación; Petro, por los resultados de su administración y por la relación entre su política de paz y la seguridad de los territorios. Su ausencia del encuentro, después de haber sido anunciada su participación, no lo sustrae de ese balance. Ninguno puede reclamar los avances y trasladar íntegramente los problemas a su antecesor o a su sucesor.
La JEP debe ser examinada con el mismo rigor. Su legitimidad no puede descansar indefinidamente en las promesas de verdad y reparación. Debe acreditarse en decisiones oportunas, esclarecimiento de responsabilidades, sanciones efectivamente cumplidas y resultados verificables para las víctimas. Las garantías judiciales de los militares tampoco son un asunto accesorio: forman parte de la calidad de la justicia que se pretende ofrecer. Pedir cuentas sobre esos aspectos es una exigencia democrática.
El antecedente del M-19 sirve como advertencia: un acuerdo puede abrir el camino a la participación política sin resolver todas las deudas de esclarecimiento y memoria. La incorporación a la vida pública no debería convertir el pasado en un terreno vedado al escrutinio. Esa lección obliga a contestar las preguntas de las víctimas, incluso cuando resultan incómodas para quienes presentan una negociación como un capítulo concluido.
Desde los esfuerzos de paz del entonces Presidente Belisario Betancur hasta los procesos actuales, Colombia ha acumulado negociaciones, acuerdos y desmovilizaciones sin conseguir cerrar y menor terminar el conflicto armado. El narcotráfico sigue siendo su combustible: financia estructuras, alimenta disputas territoriales y ofrece recursos para reemplazar a quienes dejan las armas.
La lección exige corregir una debilidad persistente: negociar debe formar parte de una estrategia que desmantele las economías criminales, garantice justicia y reparación y asegure la presencia permanente del Estado en los territorios. Al Gobierno actual le corresponde evaluar lo aprendido, preservar lo que haya funcionado y corregir lo que ha permitido la reproducción de la violencia. El éxito de una política de paz debe medirse por su capacidad de impedir que nuevos grupos ocupen el lugar de los anteriores y que otra generación de colombianos termine padeciendo la misma guerra.
Al Gobierno actual le corresponde convertir los cuestionamientos en decisiones concretas. El balance presentado por Morales debe estar acompañado de información pública que permita contrastarlo: ejecución presupuestal, evaluación de programas, identificación de incumplimientos y un cronograma de correcciones. También debe traducirse en seguridad para las comunidades, protección de las víctimas y condiciones para que la inversión estatal tenga efectos duraderos. Denunciar las fallas heredadas es apenas el comienzo.
Colombia desde antaño viene prodigando amnistías e indultos para lograr la paz. No obstante, lo acaecido con el plebiscito de 2016 los colombianos aceptaron la implementación del Acuerdo de la Habana. Diez años después, con la realidad que se nos presenta Colombia merece que se efectúe un balance sobre los resultados objetivos que su condescendencia ha traído, se establezcan responsabilidades, se determine si se ha obtenido el bienestar pretendido y se permita saber qué se consiguió con los recursos invertidos. La paz debe rendir cuentas en los territorios, en los presupuestos y en los tribunales. Esa es la obligación pendiente de quienes la negociaron, de quienes la administraron y de quienes hoy deben corregir sus incumplimientos.
No es admisible que la permisibilidad de los colombianos para obtener la tan anhelada paz siga siendo un derrotero para permitir que los resultados sean inversos, pues, lo que se evidencia es que el conflicto se incrementa, peor aún se fortalece, sin ningún resultado positivo para la convivencia social. Luego, es la hora de una verdadera evaluación del proceso de paz y su consecuente rendición de cuentas.
