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El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, inició el sábado 8 de agosto una batalla contra las ONG de este país. Declaró en un discurso que la Fundación Tierra y el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) “mienten a favor de los extranjeros“. Mientras tanto, el presidente del país, Evo Morales, indicó que aquellas ONG que «hagan política» serán expulsadas.
La Fundación Tierra, localizada en La Paz, fue fundada en 1991 y se dedica a la investigación de temas agrarios; mientras, el Cebid es una organización civil sin ánimo de lucro que desde 1970 ofrece servicios de información documental sobre temas sociales. Tiene, asimismo, un registro hemerográfico y bibliográfico privilegiado.
“Hay dos ONG en Bolivia, una que se llama Tierra, y otra que se llama Fundación Cedib, (…) son dos ONG financiadas por poderes externos, por países extranjeros, que se han dedicado a mentir, a dar datos falsos, a engañar, incluso hacen seminarios con los dirigentes y dan datos falsos”, sostuvo García Linera.
Este pasado miércoles, 28 intelectuales del mundo escribieron una carta al García Linera indicando su preocupacion «por las acusaciones y amenazas de expulsión».
PanAm Post conversó con el director del Cebid, Marco Gandarillas, sobre las polémicas declaraciones del vicepresidente que ya encendieron el debate en la opinión pública boliviana.
Antes de comenzar, el director nos aclara que la Cebid es una ONG “apartidaria, aconfesional y pluralista” y explica que en la organización convergen personas y opiniones muy diversas.
¿Qué fue lo que sucedió para que el vicepresidente los llamara mentirosos?
Hace unos dos meses el Cedib publicó los resultados de un estudio sobre la ampliación que se ha estado dando de áreas hidrocarburíferas. Estas áreas crecieron enormemente con el Gobierno de Evo Morales. Por supuesto, hacer una ampliación tan grande supone trascender los espacios tradicionales, las zonas de exploración y explotación petrolífera hacia áreas protegidas y territorios indígenas.
En nuestro informe llegamos a precisar que son 11 de las 22 áreas protegidas totales las que estarían comprometidas.
A raíz de este informe, el presidente Evo Morales hizo declaraciones en tono de amenaza, diciendo que las ONG que se opongan (a sus planes de Gobierno) van a tener que irse de Bolivia.
Pero como fuimos la única organización de investigación que hizo estas declaraciones éramos una amenaza directa. Eso se ha ido radicalizando, porque el hecho de que se pretenda avasallar con las áreas protegidas ha generado un gran rechazo en la sociedad.
El sábado el vicepresidente directamente nos señaló a nosotros y a la organización Tierra por otras informaciones relacionadas con la cuestión agraria que ellos habían divulgado.
El lunes los ataques subieron de nivel y se realizaron también ataques a periodistas y a varios medios de comunicación. Nos señaló diciendo que nosotros mentimos, y que si queremos hacer política hagamos partidos políticos y no estemos en las ONG, y que nos atengamos a un posible cierre o expulsión del país.
¿Qué significa «hacer política»?
Ellos no aclaran. Eso ha generado un enorme debate en Bolivia. Porque supone, para nosotros como para el resto de las organizaciones del sector civil, que solamente los partidos pueden hablar de asuntos comunes, que el resto de la sociedad organizada no puede hablar de ningún asunto de interés público.
Nos están diciendo que no hablemos de las áreas protegidas y de las actividades petroleras. Tampoco de la legalización de los cultivos transgénicos ni de la ampliación de la frontera agrícola con una enorme deforestación, entre otros temas.
Han cuestionado nuestro rol; pero más que eso, han atacado los derechos de asociación. Han hecho público algo que el Gobierno ha estado haciendo de forma velada. Durante los últimos dos años promulgaron la ley 351 de personalidades jurídicas, mediante la cual nos obligan a las ONG a pasar por un trámite burocrático para que nos reconozcan con la personalidad jurídica correspondiente.
A más de dos años no hemos conseguido que nos homologuen nuestra personalidad jurídica y estamos prácticamente en una situación de virtual ilegalización.
¿Hay ONG que ya han obtenido esa personalidad?
El miércoles fue publicada una lista de las ONG que ya han obtenido esta personalidad jurídica. La mayor parte de estas organizaciones son instituciones muy nuevas, vinculadas fuertemente con el Gobierno. Entre ellas se encuentra una organización vinculada al Presidente.
A nosotros y otras ONG que tenemos más de 40 años en el país y con un gran prestigio social y académico, no nos han autorizado las licencias.
Debemos poner en el estatuto de la ONG que estamos de acuerdo con los principios del Gobierno.
¿Está diciendo que los obligan a poner algo con lo que ustedes no están de acuerdo?
Claro. Nos obligan a poner en nuestros estatutos constitutivos nuestro alineamiento con las políticas nacionales o planes sectoriales.
¿Si uno quiere estar, entonces, en expreso desacuerdo con el Gobierno no puede?
No.
¿Qué le respondería al vicepresidente?
En primer lugar, que son infundadas las denuncias. Segundo, que no existe un marco de derecho que le permita cerrar o expulsar una organización nacional. El vicepresidente está actuando al margen del derecho nacional e internacional de derechos humanos.
Muchas veces nos han vinculado con Morales cuando el era un líder cocalero. Se cometían abusos como asesinatos que nosotros denunciábamos.
¿Qué cree que va a suceder ahora?
Esperamos que luego de las expresiones de solidaridad que hemos recibido de la sociedad boliviana se revierta un poco el tono de agresividad y que el Estado encuentre cierta sensatez.
Pero hoy (esta entrevista se realizó el jueves 13 en la tarde), ha salido a declarar el vicepresidente que las organizaciones no gubernamentales extranjeras van a ser expulsadas.
El ministro de Autonomías ha ordenado ayer una fiscalización a las ONG. Es algo aberrante que no está en el marco jurídico.
Van a ordenar una comisión de fiscalización con el objetivo de cerrarnos. Esperamos que la solidaridad internacional y nacional logre frenar y hacer recapacitar a las autoridades del Gobierno.
Estamos hablando de un retroceso a nivel de derechos de asociación y de libertad de expresión de 40 años en Bolivia. Volver a una dictadura.
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