EnglishLa presidenta socialista Michelle Bachelet firmó el pasado 31 de enero, en el Palacio de la Moneda, un proyecto de ley para despenalizar el aborto en Chile en tres situaciones específicas: cuando exista inviabilidad fetal, en casos de violación y cuando esté en riesgo la vida de la madre.
La mandataria entregó el proyecto justo el último día antes del receso de verano del Congreso, por lo que el documento será debatido apenas en marzo. Sin embargo, ya suscitan las criticas conservadoras y los elogios de aquellos sectores a favor de la elección de la mujer.
El proyecto viene a suplantar la normativa viegente, la cual, según Bachelet, “no responde al trato digno que el Estado debe otorgar a sus ciudadanas”. Además, indicó que Chile debe “enfrentar este debate como un país maduro”.
“En una sociedad donde las mujeres son ciudadanas plenas y libres, ni el Estado ni nadie puede obligarlas a tomar una decisión en contra de su derecho y deseo de ser madre. Pero de la misma manera, cuando su decisión es no continuar con el embarazo, por alguna de las tres graves causas mencionadas, el Estado debe entregar alternativas fundadas en sus derechos, en su dignidad y en razones de protección de su vida”, declaró Bachelet durante el acto de presentación del proyecto.
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La iniciativa prevé que para que se realice la interrupción del embarazo se debe contar con la “expresión libre de la mujer”. La mandataria también recalcó que en Chile se hospitalizan anualmente 16.510 mujeres embarazadas que tienen riesgo de perder su vida.
“No existen datos exactos que permitan dimensionar la magnitud de esta situación [en los casos de violación], sabemos que existen niñas que producto de este vejamen han quedado embarazadas y también sabemos que algunas de ellas son incluso menores de 12 años”, precisó.
En el caso de aprobarse este proyecto en el Congreso —en el cual la coalición oficialista tiene mayoría en ambas cámaras— se permitiría a la mujer mayor de 18 años abortar dentro de las primeras 12 semanas del embarazo siempre y cuando cumpla con el requisito de estar dentro de las tres situaciones antes mencionadas. Además, aquellas entre 14 y 18 años deberán informar a sus respectivos padres.
“Además los hechos han demostrado que la prohibición absoluta y la criminalización de toda forma de interrupción del embarazo no han impedido ni impiden su práctica en condiciones de gran riesgo para la vida y la salud de las mujeres (…) No es tolerable que se castigue con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta difícil disyuntiva”, continuó la mandataria.
Si la embarazada es menor a los 14 años, el plazo para abortar pasa a ser de 18 semanas y la mujer o niña necesitará autorización de su tutor legal.
“El límite general para interrumpir el embarazo se amplía a 18 semanas, porque debernos considerar, que las niñas y adolescentes muchas veces desconocen su estado”.
Hasta el momento, en Chile es ilegal realizar cualquier “acción cuyo fin sea provocar un aborto”.
No estoy a favor del aborto, estoy a favor del Derecho de cada mujer a decidir #DerechoADecidir #AbortoChile pic.twitter.com/o35RR9Xii2
— Cecilia Verónica Heyder (@ceciliaheyder) January 31, 2015
La objeción de conciencia
El partido político Democracia Cristiana, aliado del Gobierno, pidió que se voten de manera separada en el Congreso las tres causales para el aborto legal, aunque ha apoyado distintos proyectos oficialistas con anterioridad.
Esta reforma se suma a las otras ya realizadas por Bachelet en su primer año de presidencia. El Gobierno ya puede tachar de su lista de iniciativas la reforma tributaria, el nuevo sistema electoral que incorpora las cuotas de género, la incorporación del acuerdo civil para parejas homosexuales, la creación del Ministerio de la Mujer y el fin del lucro en el sistema educativo.
El sector católico y su rechazo al aborto
El rector de la Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, —que posee clínicas ligadas a la Universidad— advirtió que rechazarán por principio cualquier caso relacionado al aborto, a pesar de que el nuevo proyecto obligaría a todas las instituciones a seguir el mandato de la ley.
La objeción de conciencia quedará solamente para cada médico en particular; la institución no podrá, entonces, negarse a practicar abortos.
Bachelet pretende legalizar en #Chile el aborto para menores de 14 años. ¡#NadieSobra! FIRMA http://t.co/uvGP5P2bQz pic.twitter.com/Pz6Q0mXhN0
— CitizenGO es (@CitizenGOes) February 4, 2015
“El médico podrá abstenerse de interrumpir el embarazo cuando haya manifestado, en forma escrita y previa, su objeción de conciencia, pero no podrá excusarse de realizar la interrupción cuando la mujer requiera la atención inmediata e impostergable y no exista otra persona que pueda realizarla. Igualmente, se establece la obligación del prestador de salud de reasignar a otro médico cirujano que no haya objetado en conciencia, a la mujer que requiera de la intervención”, indica el proyecto de ley oficialista.
Por su parte, Sánchez exhortó que “si hay médicos de la Red UC disponibles para hacer abortos, deberán ir a trabajar a otros lugares”. Añadió: “En nuestra Red UC Christus no se harán abortos, nuestros principios y valores no van a cambiar por un determinado proyecto de ley. Esto es definitivo”.
Sobre esto, el Ministro Vocero de Gobierno José Gómez replicó: “Cuando sale una ley es obligatoria para todos”.
El cardenal Ricardo Ezzati instó a defender la objeción de conciencia institucional y dijo en una entrevista del diario local La Tercera que “no se nos puede obligar a un acto que no aceptamos posible realizar”.
La organización Amnistía Internacional apoyó la propuesta de Bachelet y destacó que la iniciativa es un paso importante para la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas.
“Si bien las mujeres no deberían ser penalizadas por practicarse un aborto en ninguna circunstancia, este proyecto de ley constituye un paso en la dirección correcta de protección de derechos”, dijo Erika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional.