English Version
EnglishEl debate por el anteproyecto presentado por Cristina Kirchner sobre la reforma del Código Penal argentino se inicia hoy en diferentes centros académicos y universitarios del país. El objetivo es debatir públicamente sobre cada uno de los puntos de la iniciativa, elaborada por una comisión de juristas y liderada por Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia.
El debate, que estará abierto por 90 días, comenzará hoy con una charla que dictará el jurista en la Universidad de Quilmes y con un debate público que se desarrollará a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El objetivo será exponer posibles cambios previos a los que realice el Poder Ejecutivo, antes de mandar el texto final al Congreso para su aprobación.
“Estas jornadas proponen hacer una lectura del anteproyecto de código penal elaborado por la Comisión desde la perspectiva de la diversidad cultural, a fin de abrir el debate sobre sus contenidos y conceptualizaciones”, explica un comunicado en el sitio web de la facultad de Derecho.
Para el intendente de la municipalidad de San Miguel, Joaquín de la Torre, aliado político del diputado opositor Sergio Massa, la reforma debe contar con el consentimiento expreso de los ciudadanos.
De la Torre entiende que “quieren esconder en las universidades lo que no le pueden mostrar a la gente”. El sector opositor de Massa destaca la necesidad de convocar una consulta popular para tomar la decisión final, a pesar de que la Constitución Nacional prohíbe referendos para cuestiones penales. “Los académicos ya hablaron. ¿Qué pasa? ¿Le tienen miedo a la gente?”, preguntó el intendente.
Qué establece la reforma del código penal
Prevé reducción de penas y mayores excarcelaciones, pero también, y este es uno de los puntos más polémicos, propone tratar delitos económicos que antes eran contemplados bajo leyes especiales, con sanciones penales. El caso más emblemático es el del desabastecimiento.
Roberto Carlés, que redactó parte del anteproyecto junto con Zaffaroni, Gil Lavedra y Federico Pinedo, le comentó al diario El Cronista que “hay materias que no estaban penalizadas, como los delitos contra la competencia”.
Uno de los puntos mas controversiales es que a partir de esta reforma, las multas variarían dependiendo de los ingresos del infractor. A diferencia del Código Penal actual, que establece montos fijos por pena –que suelen quedar desactualizados por la inflación y requieren de una sanción del Congreso para modificarlos– los cambios propuestos implicarían que un director ejecutivo de una empresa pague más que un obrero de construcción por exactamente el mismo delito.
Además de variar en función de los ingresos, en el nuevo código las multas se medirían en días, y se establece un tope pecuniario para las sanciones. Así, el artículo 34 contempla penas de 5 a 720 días de multa, pero cada día de multa no podrá superar el valor de un salario mínimo vital y móvil (AR$3600 hoy en día), ni tampoco representar más de un tercio de los ingresos del presunto delincuente.
Otra modificación polémica es la incorporación del artículo 168, que establece multas de 30 a 360 días y prisión de seis meses a cuatro años para aquellos que abusen de una posición de dominio total o parcial del mercado a través de acciones conjuntas entre competidores, perjudicando la competencia. De esta manera, la medida busca proteger el interés económico general, sancionando penalmente monopolios, oligopolios y cárteles cuando fijen arbitrariamente un precio de un bien o un servicio o impongan condiciones para su intercambio.
El desabastecimiento también conlleva la aplicación de sanciones. Para aquellos comerciantes de bienes o servicios de primera necesidad (alimentación, salud, transporte, electricidad y telecomunicaciones) que provoquen desabastecimiento o provoquen un alza inmoderada de precios en perjuicio de los consumidores, se establecen penas de hasta cuatro años de prisión y hasta 100 días de multa.
¿Quiénes pierden con esta reforma?
Gustavo Arballo, profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Pampa y autor del blog “Saber Derecho”, explica que la reforma del código penal traería tanto ventajas como desventajas para las empresas. “Por un lado, hay una visión de muchas más posibilidades de sanciones a personas jurídicas. Por el otro, al estar dentro del Código Penal, aparecen ciertas garantías que pueden invocarse”, explicó.
Con respecto a las crecientes tasas de criminalidad en Argentina, Ricardo Rojas, jurista y escritor del libro Las contradicciones del derecho penal, considera que el problema de la inseguridad se combate oponiéndose a las políticas colectivistas del derecho penal.
Para Rojas la naturaleza intrínseca del derecho penal se ha tergiversado en el país y se ha convertido en un instrumento que castiga la libertad individual. “Puede decirse que el derecho penal, reconocido tradicionalmente por el liberalismo clásico como un instrumento básico con el cual el gobierno cumple con su tarea de proteger los derechos individuales, en realidad se ha convertido en la herramienta para ejercer su potestad de castigar ciertas conductas que el Congreso considera punibles, todo ello con independencia de la voluntad de la víctima y de la necesidad de protegerla y resarcirla por el daño sufrido. Es más, al desligarse la facultad de establecer el catálogo de delitos y penas de la concreta protección de los derechos individuales, muchas veces el sistema penal se convierte en fuente autónoma de violación de derechos”, afirma el jurista.
