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Mucho se habla de la entrada de Venezuela a una era “pospetrolera”. Hay algo de perogrullada en eso, porque no cabe duda de que no solo el país, sino el mundo entero se encuentra en un proceso de recomposición de su matriz energética. Proceso que demorará varias décadas y después del cual el petróleo y el gas seguirán siendo productos de gran demanda industrial, si bien probablemente sin el enorme margen de renta o ganancias fortuitas que han disfrutado desde la Guerra del Yom Kippur de 1973, momento en el cual los precios del crudo se triplicaron de la noche a la mañana.
A juzgar por las declaraciones de un conotado jurista constitucional principal artífice del proyecto de asamblea comunal constituyente, hay gente empeñada en que el país entre de una vez y a golpe y porrazos en una era pospetrolera por la vía de destruir cualquier esperanza de que en el país exista un marco de seguridad jurídica de largo plazo en torno a tan importante industria. Si prospera su propuesta de eliminar el marco legal de las empresas mixtas, seguramente ese será el resultado, y de no prosperar, la sola perspectiva de que pudiera hacerlo en un futuro incierto, será suficiente como para afianzar la imagen que del país tienen los inversionistas y operadores.
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La industria de petróleo y gas necesita un horizonte de seguridad jurídica a largo plazo, para que quienes saben de eso se interesen, por muy vastas que sean las reservas potenciales de hidrocarburos de un país. La exploración es una actividad riesgosa donde las posibilidades de fracaso son altas, por lo que aquellas que tengan éxito deben compensar el costo de las primeras. Por otra parte, el desarrollo de un yacimiento hasta su pico de producción demora en promedio siete años para luego declinar en un lapso similar. Mejorar estas cifras requieren de tecnología de punta que quienes la poseen difícilmente van a compartir con un socio díscolo que cambia las reglas de juego a medida que el ciclo de los yacimientos avanza.
La inestabilidad de las reglas de juego petroleras venezolanos no es nueva. Tan solo en los últimos 20 años se produjo: una apertura petrolera con invitación a las operadoras para que se arriesgaran en el país; el cambio de seña que hizo que empresas de la talla de Exxon y Conoco abandonaran mejoradores de crudo que abrían el horizonte de la Faja; una nueva ley de Hugo Chávez en 2005 que obligaba a una mayoría accionaria de PDVSA en cualquier proyecto de empresas mixtas, pero que permitía que los socios privados contabilizaran como reservas propias los hidrocarburos que encontraran aun mientras permanecían en el subsuelo; y ahora la perspectiva de que lo contenido en esa ley, de paso junto con la Constitución del 99 en la que se basa, sean consignadas al basurero de la historia de manera intempestiva.
Las ponencias del reciente Congreso Anual de Conindustria se puso de manifiesto que el sector petrolero venezolano necesita de substanciales inversiones y compromisos de potenciales socios. Pero, ¿Cómo lograr que los inversionistas se interesen en un país donde las reglas de juego, incluidas las constituciones cambian de la noche a la mañana? Hoy en día los mercados energéticos donde se puede invertir incluyen de manera importante a los EE. UU., el mercado de capitales de riesgo más profundo del mundo y que ofrece un horizonte de producción en la cuenca tejana del Permian comparable a la Faja, pero de crudos livianos, y eso sin tomar en cuenta las oportunidades del petróleo y gas de esquistos.
Por la seguridad jurídica ahí existente entre otros factores, seguramente los inversionistas y las propias operadoras están viendo esas oportunidades con mucho más interés que invertir en, o dedicar sus esfuerzos y tecnología a, un país con un lamentable historial de inseguridad jurídica. Demorará muchos años despejar esos temores aun en el caso que existiera un gobierno de unidad nacional dispuesto a dar garantías supuestamente irrevocables de estabilidad jurídica.
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