Por medio de una cadena nacional el presidente Piñera dio a conocer los principales ejes del proyecto que ingresará al Congreso esta semana.
Su discurso recorrió los últimos datos recopilados por la encuesta casen 2017, que comprenden los años 2015 -2017 y que revelan el aumento de la tan temida desigualdad, el estancamiento del crecimiento económico y el aumento de la pobreza. Esta nueva información generó un escenario propicio para los anuncios tributarios de gobierno pues la foto país que se nos dio a conocer es deprimente y esto predispone a las persona a oír propuestas con soluciones.
Tal como se había especulado, el proyecto considera la integración del sistema tributario, para todas las empresas chilenas, y un régimen especial para las Pymes, que tendrán tasas de impuestos más bajas.
Dentro de los puntos destacados en el discurso presidencial, el gobierno apunta a establecer incentivos a la inversión y crecimiento económico a través de un Sistema de Depreciación Acelerada o incluso instantánea para todas las empresas. Además, establece el uso obligatorio de Boleta Electrónica, y moderniza y simplifica las normas de tributación internacional.
Otros de los principales puntos que abordó el mandatario, fue la creación de una “Defensoría del Contribuyente”, el incentivo a la adquisición de viviendas para la clase media, el uso obligatorio de la boleta electrónica, impuestos a la economía digital, mejorar los impuestos verdes y asegurar la recaudación del Estado.
Al terminar sus anuncios sobre la modernización tributaria, hizo un llamado a los parlamentarios a colaborar con esta iniciativa.
Desde la oposición de izquierda ya han señalado que no están dispuestos a retroceder en las reformas que promulgó la ex presidenta Michelle Bachelet, por lo que desde ya se prevé que el debate será arduo y complejo, considerando que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las cámaras.
Hay bastante que celebrar con respecto a la baja de impuestos a la pequeña y mediana empresa, responsable de más del 80% del empleo en Chile y que permitirá un fortalecimiento de este sector con grandes posibilidades de crecimiento. Generar este tipo de certezas jurídicas puede ayudar mucho, sin embargo, siempre se puede hacer mejor.
El asunto que podría ser una desventaja para el país es gravar el comercio digital, que permite precios accesibles, con buenas garantías y muchos medios de pago a una clase media que en los últimos 4 años se ha visto empobrecida. Estos beneficios del comercio digital, se traducen en una mejora en la calidad de vida de las personas que aumentar su poder adquisitivo con este sistema de transacciones, pero que podrían ver este último reducido al asumir en el alza de precios el costo de los impuestos.
El impuesto verde a vehículos siempre será un asunto de debate pues al parecer no se ha comprendido que la gente no sacrificará la comodidad del automóvil y encontrará la manera de evadir ese impuesto así sea recurriendo al mercado de vehículos usados que probablemente contaminan más que los nuevos.
No todo podía ser luces en este discurso que no aborda el problema que significa tener un Estado de bienestar con demasiadas burocracias y peor aún, con una oposición obstruccionista y profundamente estatista.
Se combinan aspectos positivos y negativos en todo este discurso y es que si bien se puede celebrar que se haya optado por dar ciertas concesiones y tratos preferenciales a los generadores de empleo, también es una reforma orientada a la recaudación para un Estado de bienestar donde constantemente se confunden derechos con deseos.
El hecho de que se hagan ciertos cambios pero no se recorte el gasto público, no significa un avance demasiado grande. Claro, en un contexto en que se ha heredado un Estado lleno de deudas y agujeros financieros producto de la ineptitud de la administración anterior, se entiende que no hayan querido ser demasiado radicales en las modificaciones aunque pareciera que intentan ir por el buen camino de la disminución de impuestos, sin embargo, se necesita aún más convicción y decisión.
Hay demasiadas burocracias y cada malestar social parece ser respondido por los gobiernos de turno con la creación de algún ministerio o división regional, secretaría e instituciones que solo sirven para dilapidar aún más los escasos recursos.
Parte de la solución, no solo es rebajar gradual pero decididamente los impuestos. Esto debe ir acompañado de un serio y pronto recorte del gasto público, medidas de ahorro fiscal y un regreso a las funciones básicas del Estado que son la seguridad, justicia y gobierno, este último con la menor cantidad posible de secretarías.
Es que no es deber del Estado ir satisfaciendo los deseos materiales de la población, como sí es crear un escenario propicio para que las personas puedan hacerlo por sí mismas. Deseos no equivalen a derechos. Es cierto que una vivienda es necesaria, pero no es resorte del Estado despojar a unos para financiar los deseos de otros sino propiciar las condiciones para que los individuos encuentren el menor número de obstáculos posibles en el ejercicio de su libertad al adquirir una vivienda. Es regular las interacciones entre individuos con reglas claras y sencillas que permitan una convivencia lo más armoniosa posible dentro de las legítimas diferencias.
Para esto no necesita exprimir el bolsillo ciudadano, pues hablamos de un Estado austero, que se dedique efectivamente al servicio público y no al enriquecimiento a costa del público. Con esto en mente y sabiendo que lo que un país más necesita es en realidad libertad para perseguir la felicidad a nivel individual dentro de los límites de la convivencia saludable, la mejor reforma tributaria sería la mayor disminución posible de todo impuesto.
Vamos avanzando lentamente con movimientos discretos, la idea es que algún día, el gobierno se atreva a admitir que el problema es la pobreza, no la desigualdad, la falta de libertad y el paternalismo estatal y no la legítima interacción de individuos libres.