
Dentro de toda familia Chilena, ya sea adinerada o no, existen gastos prioritarios y toda actividad a realizar debe estar dentro de los márgenes presupuestarios de la familia. Descuidar la realidad financiera podría resultar en la quiebra. Esto lo entiende la mayoría de las personas a las que se le presentan las cosas con esta simpleza, pero hay un buen grupo que no parece estar entendiendo el concepto de “prioridades”.
Ya lleva 6 marchas el movimiento pro aborto libre con sus pañuelos verdes y sus gritos de guerra. Da la impresión de que se pasó demasiado rápido desde la despenalización en 3 causales al pedido de aborto libre, seguro y gratuito.
Esta sencilla columna no trata sobre el concepto del aborto en sí. La verdad sea dicha, nos guste o no, el mundo no es perfecto y por distintas causales, las consideramos válidas o no, los abortos seguirán existiendo así sea al margen de la ley y quien esté decidida a interrumpir su embarazo, más allá de sus razones, simplemente lo hará. Lo ideal sería que en vez de arriesgar una segunda vida con condiciones insalubres, al menos fuera posible hacerlo en un lugar adecuado, ya que la decisión está tomada.
No es mi lugar juzgar las motivaciones de nadie, así como por ejemplo, no nos corresponde como prójimos decidir dejar morir a un joven que se accidenta gravemente por estar conduciendo bajo los efectos del alcohol. Por mala que sea esa decisión, a esa persona se le atenderá en un lugar salubre, seguro y se intentará salvar su vida.
Con esto en mente, sabiendo que quien haya decidido practicarse un aborto, probablemente lo hará con o sin ley que la respalde, entonces compete a las autoridades discutir si este debe ser libre o acotarse a las 3 causales. Eso es una conversación necesaria y digna de una nación compuesta por personas con libre albedrío, más allá del resultado de la discusión.
Lo que sí debe tenerse en cuenta en la misma es el carácter del acto y si este debe tener privilegios por sobre otras intervenciones médicas que al revés del aborto, sí están destinadas a salvar vidas.
Aborto Libre y seguro, es una discusión que quizá sea inexorable en el corto plazo, pero ¿gratuito? ¿Acaso dentro de las listas de prioridades médicas un aborto es más importante que una operación al corazón o una quimioterapia para luchar contra el cáncer?
Cuando un movimiento enarbola banderas de gratuidad para su deseo colectivo, es necesario preguntarse si esto no justificaría marchas de la misma índole exigiendo gratuidad para los deseos de otras colectividades en muchas otras materias. Así como en una operación de rutina se utilizan instalaciones, personal e insumos, de igual manera se necesitan para realizar un aborto. Se requieren recursos y sabemos que estos son limitados y las necesidades son infinitas.
Uno de los argumentos típicos que esgrime el movimiento pro aborto libre es que si la sociedad está dispuesta a financiar a un Estado benefactor con sus impuestos para que se haga cargo de la salud, entonces bien pueden dichos dineros cubrir una demanda de un grupo social. Que si ellas deben con sus impuestos financiar programas de salud para diabéticos que ellas no enfermaron, a quienes no alimentaron mal y que hoy sufren del mal a consecuencia de sus malos hábitos y así mismo otras enfermedades derivadas de las malas decisiones, entonces no hay excusa para no financiar un aborto.
Este argumento cae frente al mandato constitucional de la defensa de la vida. Los dineros públicos sí pueden ser utilizados para salvar vidas, más no para acabarlas. Puede que haya cierta lógica en sus argumentos, pero se desmorona frente a la realidad de las prioridades y de la ley.
Cierto, las leyes pueden ser modificadas, pero las prioridades difícilmente se reordenarán en la sociedad que seguirá eligiendo salvar la vida que destruirla y ante una escasez económica, los fondos estarían mucho mejor destinados a la prevención y atención de urgencias que a cubrir procedimientos electivos.
Más allá del argumento sobre la penalización del acto, que no es el tema, pues ya se estableció por ley que hay 3 causales despenalizadas, la asignación de recursos públicos debe ser cuidadosamente resuelta y a lo que a cualquier liberal serio respecta, el estado debiera ocuparse no de proveer bienes y servicios sino de gobierno, seguridad y justicia, lo demás debiera hacerlo el sector privado. El hecho de que hayamos vuelto a una lógica de estado benefactor, que es muy nociva para la salud financiera y moral del país, pues acostumbra a individuos capaces a vivir del asistencialismo, no significa que el estado vaya por el camino correcto, pues cualquier necesidad de un grupo bien organizado puede ser susceptible de reclamarse como derecho y por lo tanto se podría exigir su gratuidad.
Es innegable que tener un techo bajo el cual vivir es más urgente que financiar abortos, que ayudar a pacientes de cáncer y a niños nacidos con alguna terrible condición es también más importante. Entonces no porque un grupo se organice y básicamente exija que su deseo sea financiado por terceros, este se vuelve legítimo. La organización y la manifestación pública no legitiman una exigencia.
Entonces, ¿Aborto libre? Quizás, eso lo determinaran quienes discutan el tema. Libre porque no se penalizaran las diferentes causales, eso es tema jurídico. ¿Seguro? Idealmente. Frente a la lamentable realidad del aborto por la causal que sea, es mejor hacerlo de manera segura. ¿Gratuito? Nada es gratuito. Ya basta de creer que pagar por algo restringe la libertad. Al contrario, porque somos libres podemos intercambiar bienes y servicios incluyendo asuntos de salud.
Con respecto a los supuestos derechos, la verdad no son muchos y es que cada ser humano por el sólo hecho de existir tiene derecho a conservar y procurar su vida, la integridad personal, la propiedad privada, la libertad, la igualdad ante la ley y a resistir a la opresión. Nada de esto necesita financiamiento de terceros.