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El jueves pasado en El Salvador los diputados aprobaron por un año más las «medidas extraordinarias de seguridad» en contra de pandilleros. Iniciaron en abril de 2016 y suponían acabar en abril de 2017, pero fueron extendidas hasta abril 2018. Desde que iniciaron, diversos grupos de derechos humanos han señalado que en nombre de la seguridad se llevan a cabo abusos a los derechos de los ciudadanos.
Solo un diputado votó en contra de la ampliación de las medidas extraordinarias. Durante la sesión plenaria en la que se tomó la decisión estuvo presente el gabinete de seguridad de El Salvador, compuesto por fuerzas militares.
Las medidas extraordinarias que fueron prorrogadas son:
1) Traslado de reos entre centros penales.
2) Régimen especial de internamiento y el aislamiento de cabecillas
3) Suspensión de visitas en todas las cárceles.
4) Restringir movimiento de los reos dentro de los centros penales.
5) Habilitar centros temporales de reclusión en diferentes lugares.
6) Suspender los traslados de privados a audiencias judiciales.
7) Se suspenden plazos y términos procesales para evitar que proscriban los delitos.
8) Mayores facultades y medidas extraordinarias para evitar flujo y tráfico de telecomunicaciones en los penales, técnicas: para garantizar corte y suspensión del tráfico de las comunicaciones.
9) Refuerzo de 1,000 reservistas de la Fuerza Armada.
La ampliación de las medidas implica que los reos seguirán en condiciones extremas de sobrepoblación, lo que provoca crisis de salud en las cárceles. Al prohibir las visitas de familiares, los reos no pueden recibir productos de higiene personal. No hay agua potable en las cárceles, servicios sanitarios funcionales ni letrinas.
Solo Johny Wright, diputado del partido de oposición ARENA, votó en contra de las medidas extraordinarias. En cambio, Rodrigo Ávila, también de ARENA, piensa que “no se puede tener control sobre los barrios y colonias, si primero no se tiene control sobre las cárceles, en otros países se garantiza que aparatos y dispositivos no ingresen a Penales, acá se suspendió la señal a estos”.
No les luce andar politiqueando en este pleno, mientras policías y soldados andan exponiéndose en las calles. https://t.co/I55FdHOI8p
— Johnny Wright Sol (@JohnnyWSol) February 9, 2017
El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, reconoció el trabajo de todo el gabinete de seguridad y expresó que “las medidas de seguridad tienen como objetivo, reducir en su máxima expresión a los terroristas”.
Diversas voces de la sociedad civil han manifestado sus opiniones en contra de las «medidas extraordinarias de seguridad» por considerar que estas atentan en contra del Estado de Derecho y el debido proceso legal. Cristina López, columnista del medio salvadoreño, El Diario de Hoy considera que «la falta de transparencia con relación a las medidas extraordinarias les permite con total impunidad a las autoridades continuar con la perpetuación de violaciones continuas a los derechos humanos, la erosión del Estado de Derecho mediante la corrosión de instituciones como el debido proceso y en general, la absoluta ausencia de una estrategia de largo plazo para terminar con la violencia estructural».
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