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EnglishLa Fiscalía colombiana citó a David Zuluaga, hijo del excandidato presidencial por el Centro Democrático Óscar Zuluaga, a testificar por el supuesto pago de COL$230 millones (alrededor de US$96.000) para la interceptación de comunicaciones con la finalidad de desprestigiar al excandidato, y ahora presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante la campaña electoral de 2014.
Zuluaga habría transferido los recursos a Luis Carlos Sepúlveda, hermano de Andrés Sepúlveda, quien fue gestor de las redes sociales durante la campaña presidencial de Zuluaga, y ahora acusado de estar detrás de las denominadas “chuzadas”, como se conocen a las interceptaciones ilegales en Colombia. Los fondos habrían provenido de los recursos de la campaña política del candidato que responde al expresidente Álvaro Uribe.
David Zuluaga pidió responder al interrogatorio por medio de una teleconferencia desde el Consulado de Colombia en Nueva York, sin embargo este lunes la Fiscalía colombiana negó la petición.
La tesis de la procuraduría es que la maniobra tecnológica pretendía desprestigiar al presidente Santos y afectar negativamente su campaña política de descubrirse información valiosa sobre el proceso de paz que mantiene el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Comunicado de prensa del Dr. David Espinoza, abogado de David Zuluaga. Pedimos garantías a la justicia pic.twitter.com/Md4auwBvEt
— Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) January 26, 2015
Los movimientos financieros de la campaña de Zuluaga son investigados en la actualidad por el Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE). La defensa de Zuluaga sostiene que todos los registros de contabilidad de la campaña están al día, son legales, y demuestran que todos los pagos tienen justificación.
“En el interrogatorio David Zuluaga explicará los antecedentes, las motivaciones y los fundamentos legales para haber procedido con el 100% de los pagos que aparecieron registrados en la contabilidad”, manifestó el abogado de Zuluaga hijo, David Espinosa, al medio colombiano RCN Radio.
La Fiscalía fundó su decisión de negar el interrogatorio a distancia en la base de que el cuestionamiento es un método de defensa y que el citado debe de ser el más interesado en asistir. Además, agregó que en la diligencia se examinan otros elementos además de las respuestas al cuestionario al que se sometería a Zuluaga.
Defensa de hijo de @OIZuluaga pide trato 'igualitario' en su proceso http://t.co/Kpah8bE4U3 pic.twitter.com/BLjijPUCsR
— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 26, 2015
Mientras tanto, el vicefiscal general Jorge Fernando Perdomo anunció que cuenta con nuevos elementos contra el hacker Sepúlveda, aunque no brindó mayor información sobre cuales serían.
Sepúlveda, quien ofició de gestor de redes sociales del excandidato Zuluaga, está acusado de haber obtenido de forma ilegal y difundir información reservada con relación al proceso de paz en Colombia durante la campaña presidencial de Óscar Zuluaga.
El acusado está detenido y a disposición de las autoridades desde mayo de 2014, cuando explotó el escándalo por las interceptaciones digitales al conocerse que varios documentos clasificados de las conversaciones de paz estaban en manos de civiles ajenos al proceso —entre los que se encuentra el propio Sepúlveda—, en una filtración que fue catalogada como riesgosa para la seguridad nacional.
Zuluaga involucrado en el escándalo
El vicefiscal Perdomo anticipó este lunes 26 que el próximo viernes se emitirá una citación oficial para que el excandidato Zuluaga sea llamado a testificar por el caso de las chuzadas. Perdomo insistió en que estos citatorios no son persecuciones políticas en contra del excandidato.
El apoderado legal del excandidato presidencial, Jaime Granados Peña, considera que este caso es una persecución política en contra de su cliente y denunció que el mismo no goza de las garantías legales suficientes en el proceso, ya que la defensa no ha podido acceder el video que, de acuerdo con la Fiscalía, vincula a Óscar Zuluaga con Sepúlveda.
Para Granados Peña, la Fiscalía General de la Nación “no ha manejado este caso con la discreción y la reserva que le ordenan la Constitución y la ley, sino que lo ha hecho de una manera mediática, pública, mediante constantes filtraciones a algunos medios de comunicación”.
En un informe confidencial difundido el pasado 23 de enero, las Fuerzas Armadas de Colombia reconocieron falencias en el manejo de a información reservada.
“Se presentaron errores de procedimiento y de seguridad con el manejo de la documentación clasificada y gestión documental, observándose falta de control y supervisión en la cadena de mando directa: grupo de atención humanitaria al desmovilizado, central de inteligencia técnica del Ejército Nacional y la seccional de Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá”, afirma el documento.
Por este caso 36 integrantes de las Fuerzas Armadas han sido sancionados y la información obtenida por la institución castrense será puesta a disposición de la Fiscalía de Colombia.
Editado por Elisa Vásquez
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