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En Ciudad de Guatemala, tras cuatro horas de retraso, y un mandato de la jueza Janeth Valdez que exigía la presencia ante los tribunales, el general José Efraín Ríos Montt, de 88 años, comenzó a enfrentar, por segunda ocasión, y como principal acusado, un juicio en su contra por genocidio.
RT @bkchin_pl: | VÍDEO | Difererentes acciones retrasaron el inicio del juicio por genocidio.http://t.co/l3C1sf2xBH http://t.co/d4DeVArCpL
— Prensa Libre (@prensa_libre) January 5, 2015
Junto a Ríos Montt, presidente de facto de Guatemala entre 1982 y 1983, será juzgado José Mauricio Rodríguez, su ex jefe de inteligencia militar, que en 2013 resultó absuelto de los cargos que se le imputaron por los mismos delitos que al exdictador guatemalteco, y que ahora se le vuelven a imponer.
Este segundo proceso será una repetición del efectuado en mayo de 2013.
Los abogados de Ríos Montt presentaron pruebas médicas en las que se solicitaba excusar al militar de presentarse ante el juzgado, por problemas en su columna vertebral; alegan que movilizarlo es un riesgo para su salud.
La jueza desestimó la petición y ordenó a Ríos Montt un plazo de 60 minutos para presentarse ante la ley. De no ser así, Valdez ordenaría que la policía llevara al imputado al recinto judicial. Ríos Montt obedeció la orden del juzgado y se presentó en una camilla, transportado por una ambulancia.
Tercer intento de inicio de la audiencia por #juiciogenocidio. Ahora sí, con Ríos Montt. pic.twitter.com/xutyVJjTno
— nueve (@nuevegt) January 5, 2015
Un proceso que remueve el pasado
Hace dos años, el 10 de mayo de 2013, el imputado fue declarado culpable de genocidio contra el grupo indígena mayas ixiles durante los 17 meses que ocupó la presidencia de Guatemala mientras duró la guerra civil (1960 – 1996) de ese país, en lo que fue considerado como un fallo inédito en la historia de Guatemala.
A Ríos Montt se le acusa de 15 matanzas perpetuadas por el ejército guatemalteco durante los meses en los que fue presidente. En total murieron 1.771 personas y 29.000 familias resultaron desplazadas de sus hogares.
Durante el primer juicio se escuchó el testimonio de 98 sobrevivientes de las masacres, se analizaron informes de peritos, de excavaciones y exhumaciones arqueológicas.
El proceso judicial anterior se había iniciado el 15 de diciembre de 2011, cuando el militar se presentó voluntariamente a la Fiscalía de Derechos Humanos de Guatemala para saber si existían acusaciones en su contra. El 26 de enero de 2012 al militar fue ligado a un proceso de genocidio y delitos en contra de la humanidad, pero quedó libre bajo fianza.
Sin embargo, 10 días después de la sentencia la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló la sentencia de 80 años de cárcel debido a malos procedimientos durante el juicio. La misma instancia ordenó volver a repetir el proceso.
Más de 800 evidencias serán presentadas en este nuevo juicio en contra de los dos acusados, entre ellas planes militares, informes, peritajes y más de 120 testigos (familiares y víctimas). Juan Francisco Soto, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) declaró a AFP que “si ya se probó una vez el delito de genocidio, se volverá a probar. Las pruebas son contundentes“.
Los demandantes consideran que el General exterminó a indígenas de las etnias de los mayas-ixiles, debido a supuestas alianzas de estos pueblos originarios americanos con las guerrillas izquierdistas.
Perturbación de los Acuerdos de Paz
Ríos Montt enfrenta cargos por genocidio, pero académicos de diversas procedencias políticas albergan dudas de que las masacres ocurridas e imputadas al general se puedan calificar de esa manera.
Carlos Sabino, sociólogo, escritor y profesor universitario en la Universidad Francisco Marroquín, no duda que durante la guerra civil hubo masacres. Añadió: “No fue genocidio porque no hubo interés determinado en exterminar una raza en específico. Es una acusación muy débil. Este es un juicio político”.
Coincidiendo con Sabino, Gustavo Porras, exdirigente del Ejército Guerrillero de los Pobres, e involucrado en el proceso de paz, señaló a la BBC que “no se puede calificar como genocidio lo ocurrido durante la guerra civil”.
El país se ha vuelto a dividir en bandos. El propósito de los Acuerdos de Paz de 1996 era dejar el pasado atrás. Los acuerdos de paz se firmaron con una ley de amnistía para ambas partes, dentro del marco de los acuerdos me parece ilógico juzgar a Rios Montt
En cambio, Edwin Canil, abogado de la parte acusadora y miembro de la etnia Ixil, afirma que hay documentos en los que se consta que el Estado guatemalteco consideraba peligrosos a los indígenas.
Para Sabino el tema ha vuelto a dividir al país en bandos. “El propósito de los Acuerdos de Paz (1996) era dejar el pasado atrás. Los acuerdos de paz se firmaron con una ley de amnistía para ambas partes, dentro del marco de los acuerdos me parece ilógico juzgar a Rios Montt. Las víctimas se pueden resarcir de otra manera”.
Igualmente, Porras, quien durante el juicio de 2013 fue llamado como testigo, expresó en una entrevista al medio guatemalteco Plaza Pública que con el juicio al general “lo que se va a romper es la paz política“.
