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EnglishEl sistema carcelario en Colombia presenta una sobrepoblación de un 53,3%, según un reporte dado a conocer el 1 de octubre por el Instituto Penitencial y Carcelario de Colombia (INPEC). Hasta el momento existen 117.037 presos — 108.845 hombres y 8.192 mujeres— de los cuales 35,6% aún no conocen su sentencia.
El problema de la sobrepoblación ha tomado mayor relevancia después de los datos revelados por el reporte. El 29 de septiembre, por ejemplo, más de 500 presos realizaron una huelga de hambre en El Pedregal, una prisión en Medellín, demandando mejores condiciones sanitarias y mayor respeto por sus derechos fundamentales.
Rodrigo Ardila, procurador de la ciudad de Medellín, reconoció las pésimas condiciones en las cárceles. En una de ellas, con capacidad para 140 personas, se albergan hasta 513. “No hay unidades sanitarias suficientes, en las canchas son 250 personas y sólo cuentan con un baño. En las demás celdas primarias encontramos personas con uno o dos baños, una o dos duchas”.
Los detenidos por crímenes relativos al tráfico de drogas representan el 15% de la población carcelaria en Colombia. Daniel Raisbeck, historiador y profesor de estudios clásicos de la Universidad del Rosario en Bogotá cree que esto presenta una oportunidad, ya que terminar con la prohibición de las drogas reduciría drásticamente el número de crímenes, por lo tanto, el número de personas encarceladas.
“Vale la pena mencionar que los crímenes de tráfico y portes de armas, y homicidios (14% y 16% de la población carcelera) también están relacionados a la violencia que engendra la guerra contra las drogas. Es un hecho que la guerra contra las drogas convierte en delito una actividad comercial que perfectamente podría ser legal”, dice Raisbeck.
Parques como cárceles improvisadas
Las autoridades colombianas capturan a más de 100 personas al día por delitos menores, y ese flujo constante hace que la población carcelaria aumente a un ritmo acelerado. En el oeste de Bogotá, entre julio y septiembre, la policía optó por usar las áreas verdes de parques como cárceles improvisadas para más de 40 personas acusadas de delitos no violentos como robo y venta de drogas.
Uno de los reclusos describió su situación a Associated Press: “Aquí para la comida y la dormida no hay tanto problema, los problemas son de higiene, de ir a hacer nuestras necesidades”, expresó.
Jorge Armando Otálora, jefe de la Defensoría del Pueblo, declaró que esta situación es una afrenta a los derechos humanos.
“Por eso hemos planteado al Gobierno que tiene que acudir a la figura de emergencia social. Es una violación sistemática a los derechos humanos. Por un lado no podemos hablar de respeto, de reconciliación, de procesos de paz, cuando por el otro estamos maltratando a los seres humanos y desconociendo sus derechos”, expresó Otálora al referirse tanto a los presos como a los guardias.
En agosto más de 1.000 guardias del INPEC realizaron una huelga por las condiciones inhumanas en las que los presos son mantenidos. Los guardias se rehusaron a trasladar presos de las fiscalías a las cárceles e impidieron la visita de abogados y familiares a las instalaciones.
Cárceles postconflicto armado
Uno de los mayores retos que el sistema carcelario de Colombia enfrentará es la posibilidad de que miles de guerrilleros inactivos, después de la firma de los acuerdos, queden privados de libertad, aunque aún no es seguro que estos pasen tiempo en prisión.
Eric Sottas, el representante en Colombia de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), propone una posible solución para este problema: dividir a los futuros presos en dos categorías, dependiendo de la magnitud de sus crímenes. Para crímenes menores, las personas podrían ser sentenciadas a penas alternativas y no pasar tiempo tras las rejas.
En el 2013, en Colombia hubo discusiones sobre la posibilidad de privatizar las cárceles para hacerlas más eficientes y menos costosas. La privatización se refiere a que el Gobierno pague a una empresa para que esta administre los centros penitenciarios.
Sin embargo, Daniel D’Amico es escéptico de que “un sistema privado de prisiones sea posible o eficiente en Colombia”. El ganador del premio Israel M. Kirzner por su disertación El dilema del prisionero: La economía política de un castigo proporcional, explica que la investigación empírica alrededor de las prisiones privadas en los Estados Unidos es inconclusa.
“En el caso de Colombia”, dice D’Amico, “tales inversiones privadas pueden ser más problemáticas ya que su sistema de Gobierno tiende a ser más corruptible. Algunos teóricos han argumentados que bajo tales condiciones las operaciones privadas podrían ser en detrimento de la calidad”.
