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EnglishUruguay es el primer país de América Latina en legalizar la producción y comercialización de la marihuana. El expresidente José Mujica (2010-2015) impulsó el proyecto de ley que no estuvo exento de polémicas. Tras un año y medio de debate parlamentario, en diciembre de 2013, la legalización se convirtió en ley, pero la aplicación de la norma avanza con letargo.
Más aún, el flamante presidente Tabaré Vázquez nunca ha estado del todo cómodo con la ley e incluso, esta semana, ordenó postergar la venta de marihuana en farmacias, un aspecto primordial de la legislación.
Diego Pieri, integrante de la ONG Proderechos, una de las organizaciones que desde 2006 impulsa una reforma en la política de drogas uruguaya, señaló en entrevista con PanAm Post los altos y bajos de la ley 19.172 y su actual estado de ejecución. Cree que la prohibición es dañina, pero que debe ser el Estado el que controle un mercado lícito de drogas.
Una lenta implementación
«La principal virtud [de la Ley] es la integralidad, que cubre desde cáñamo para usos industriales, alimenticios o medicinales, y el acceso para usuarios por tres vías: farmacias, clubes y autocultivos», indica Pieri. Hasta el momento, la última de las alternativas esta totalmente implementada. Desde noviembre de 2014, aquellos que pretendan cultivar hasta seis plantas de cannabis pueden registrarse en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) para ser autorizado a ello. El interesado «se inscribe en una oficina de correo y a los 30 días recibe una habilitación del Ircca, y con eso la persona ya está habilitada para cultivar en su casa», explica Pieri.
En los clubes sociales de cannabis, sus socios reciben hasta 40 gramos mensuales a través del pago de una cuota —tampoco pueden ser creados con ánimo de lucro. Crear una asociación cannabica, sostiene, es «un poco complicado y muy burocrático». También Pieri apunta que la limitación a 45 plantas que les impone la ley representa uno de los «problemas».
Pero considera que todavía falta «el más importante» de los medios de acceso, el de venta en farmacias. «El 80% de la marihuana legal podría venir por ahí», calcula el integrante de Proderechos.
En Uruguay se plantarán «entre una y dos toneladas» de marihuana en terrenos del Estado. El gobierno de Mujica inició la adjudicación que ya se encuentra en su etapa final. Serán «entre tres y cinco empresas» que abastecerán a farmacias seleccionadas en todo Uruguay —habrá un cupo máximo. La licitación, que según explica Pieri avanza y ya está en su última etapa, aunque se retrasó en el mes de noviembre de 2014 por una discrepancia en el precio de expendio en farmacias, otro factor determinado por el gobierno.
Solo son uruguayos o residentes en Uruguay los que acceden a la marihuana legal. Esta limitación podría generar «una especie de mercado gris» en los sitios más turísticos del país, reconoce.»Gente que saca licencia […] para comprar en la farmacia, y luego se la revende a los turistas».
El ojo del Estado
Para poder acceder al mercado legal de marihuana, en todas sus variantes, será necesario registrarse ante el Ircca. Pieri defiende este aspecto y remarca que los datos son de «carácter confidencial» y solo podrá accederse a ellos mediante «una orden judicial bajo una sospecha que lo amerite», debido a que los datos estarán amparados bajo una ley de datos sensibles, e incluirán información biométrica, como las huellas dactilares, para poder validar la identidad de los usuarios al momento de comprar la marihuana en farmacias, según explica el activista.
Cree que es necesaria una regulación parecida a la del tabaco que “fue reglamentado y está siendo fuertemente controlado”.
Frente a este registro que el gobierno uguayo aspira a utilizar para controlar la cantidad consumida individualmente, Pieri aclara que preferiría “que sea un tema dejado a la responsabilidad de los usuarios” y ejemplifica: “en general, los autocultivadores lo hacen para su propio consumo y se maneja con responsabilidad”.
Pieri no prevé cambios drásticos en la norma, aunque al momento de hacer la entrevista (antes de la asunción del poder de Vázquez) anticipaba que podría haber cambios en la reglamentación del Ejecutivo que podrían incidir en su funcionamiento, como de hecho se postergó la venta de marihuana en farmacias.
Mercado libre para las drogas, o control estatal
«El problema con el narcotráfico y los mercados de la drogas es la prohibición», afirma Pieri. «Hay gente que le interesaría que nadie compre marihuana, nosotros creemos [que eso] está mal, que la gente tiene derecho» a consumir marihuana, dice.
Sin embargo, el integrante de Proderechos ve la legalización de la marihuana como el primer paso para un «mercado regulado de drogas», porque considera que el resto de las sustancias que suelen ser ilegales «son de uso más marginal», por lo que en Uruguay no representan un problema urgente. Cree que es necesaria una regulación parecida a la del tabaco que «fue reglamentado y está siendo fuertemente controlado».
La legalización de las drogas, comenzando por la marihuana, parece ser un hecho inevitable en América Latina y gran parte del planeta. Los daños que ha generado la prohibición están a la vista de todos, y Piere coincide: «A la larga, en América Latina la prohibición […] ha generado problemas graves como los que se vivieron en Colombia en la década de 1980 y 1990, que ahora se trasladó a México». Ahora, solo resta discutir si se avanzará con un modelo burocrático como el uruguayo, o se promoverá uno con mayor libertad.
Editado por Elisa Vásquez.
